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Un día después de que se suspenda el paro multisectorial, que en Santa Cruz duró nueve días, el fiscal del departamento, Róger Mariaca, confirmó que ya ha designado a un funcionario del Ministerio Público para que investigue al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por supuesta sedición.

Mientras eso ocurre en la Fiscalía, en las calles marcharon gremialistas afines al MAS y se enfocaron en criticar a dirigentes cívicos por la medida de presión.

A la protesta callejera se sumó una acción judicial. El fiscal departamental Roger Mariaca informó que fue aceptada una denuncia contra el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, bajo los cargos de sedición y conspiración contra el Gobierno nacional que, supuestamente, fueron cometidos durante el paro multisectorial que logró la anulación de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

“La denuncia ya se encuentra con un Fiscal asignado al caso, que tiene la especialidad de conocer esta clase de delitos. Seguramente él va a determinar las diligencias que correspondan”, indicó Mariaca a los periodistas.

La querella fue interpuesta por la diputada Estefanía Morales (MAS). El argumento del recurso está basado en material periodístico de la agencia estatal de noticias, del 10 de noviembre, en el que supuestamente Rómulo Calvo habría dicho que había que “tumbar” al gobierno de Luis Arce.

Sobre la demanda admitida por la Fiscalía de Santa Cruz, uno de los abogados de la entidad cívica, Martín Camacho, dijo que hasta la fecha Calvo “no fue notificado formalmente” y que únicamente tenían conocimiento de la existencia de esta acción legal por reportes divulgados en las redes.

Más temprano, un grupo de gremiales que no estuvo activo en las protestas contra la Ley 1386 marchó hasta la plazuela Oruro, ubicada en el tercer anillo y Avenida Grigotá. Los gremiales, encabezados por Juan Carlos García y Jesús Maturano, lamentaron las pérdidas causadas por el paro.

Durante la marcha, cerca de 300 personas criticaron al Comité y denunciaron que una “dictadura cívica” impuso la medida de presión que terminó el martes. La molestia de los comerciantes también se dirigió hacia los dirigentes nacionales de otros sectores, como gremiales y transportistas, que organizaron la protesta.

Otra marcha, esta vez dirigida por René Troncoso, de los llamados “mañaneros”, se desarrolló en la rotonda del Plan Tres Mil, donde seguidores del MAS cuestionaron a los dirigentes cívicos.

En ese sitio, ya en horas de la tarde de ayer, se desarrolló un mitin protagonizado por seguidores del MAS y en respaldo al presidente Luis Arce. En La Paz, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani felicitó a los vecinos de esa zona cruceña por haber “resistido” al paro y por demostrar su deseo de apoyar la “reactivación”.

Por su parte, el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, pidió que Rómulo Calvo sea despedido de la Caja Petrolera de Salud, donde trabaja como médico.

“Hacemos llegar la presente carta de requerimiento de destitución del cargo del señor Rómulo Calvo, que trabaja en la Caja Petrolera de Salud. Los motivos son por abandono de trabajo y cometer los delitos de daños económicos al Estado y enriquecimiento ilícito. Un monto de 145.000 bolivianos cobró sin trabajar”, afirmó Cuéllar en conferencia de prensa.

Por su parte, desde el Comité Pro Santa Cruz, aseguraron que su presidente Rómulo Calvo, no iba a renunciar a su cargo, como lo pedía un grupo de personas que actuó con violencia en las instalaciones de la entidad cívica el martes por la noche.

El segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró que el directorio apoya a Calvo y por lo tanto se va a respetar la institucionalidad del ente cívico, además aseguró que se cumplió con el mandato de lograr la abrogación de la ley 1386. “Seguimos en emergencia y estamos en constantes reuniones para continuar trabajando en los demás temas”, afirmó el dirigente.

Sobre los individuos que pidieron la renuncia de Calvo, el vocero de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Óscar Daniel Paz, aseguró que no pertenecen a esa organización y señaló que son infiltrados.

Recurso contra ley 1407

Por otro lado, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra del artículo cuarto y la disposición adicional de la Ley 1407, la norma que dio vida legal al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que fue promulgada el pasado 9 de noviembre.

De acuerdo con el texto, la demanda plantea vulneraciones a la Constitución que define el alcance de las competencias autonómicas.

El artículo cuarto de la norma establece “la obligatoriedad” del cumplimiento del Plan de Desarrollo definido por el Gobierno, mientras que la disposición adicional confiere 180 días para que las entidades autonómicas adecúen sus planes a las definiciones establecidas por el Ejecutivo.

“La ley establece la obligación que tienen las gobernaciones, municipios y universidades de ejecutar el Plan de Desarrollo Económico y Social” elaborado por el Gobierno central, señaló el secretario Jurídico de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez.

La comisión de admisión de esa entidad no tiene plazos definidos para tratar el caso.


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