Ministro Lima: “Un proceso legal (contra Evo) es competencia del fiscal general”

Un informe de la CIDH puso sobre el tapete después de 13 años, el caso Rózsa y su reactivación podría derivar en un proceso internacional contra el Estado, el ex presidente Evo Morales y el gobierno de entonces. ¿Cuál es la opinión?

Los informes finales se dan en muy pocos casos y definitivamente tienen una característica de vinculatoriedad para los Estados que conforman y suscriben el Pacto de San José de Costa Rica. Los informes que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegan en muy pocos casos a la Corte Interamericana. Esta, en más de 40 años, tiene menos de 400 sentencias.

Estos informes son muy relevantes y hay que tomarlos con extrema responsabilidad, porque somos un Estado que tiene un articulo en la Constitución, el 256, que habla del control de convencionalidad. En Bolivia le recuerdo que la reelección del expresidente Evo Morales se sustentó en esto. La decisión de la CIDH es vinculante a nuestro país y lo ha dicho así nuestro Tribunal Constitucional.

¿Qué responde a las acusaciones del expresidente Morales de que fue usted quién filtró este Informe a EL DEBER?

Me parece que se ha actuado con absoluta irresponsabilidad en esas afirmaciones. Se desconoce en la Constitución y la Ley de imprenta. Debe respetarse la reserva de fuente que tienen ustedes, no voy entrar en una discusión o una polémica sobre algo que es objeto de claridad en materia de la ley de imprenta. Ustedes, como EL DEBER, tienen el derecho de revelar toda la información que consideren, pero yo no puedo, ni el ex presidente condicionarlos con afirmaciones que van a su trabajo periodístico. Esta situación que se ha presentado es muy contraria a la Constitución, es contraria a la Ley de Imprenta y cualquier acusación que se pueda realizar tiene que hacerse en la esfera respectiva, como hemos hecho que no es una acusación, sino un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El ex presidente ha dicho que el Informe debe procesar al Estado y no a personas. Si en caso se llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿tendrá alguna responsabilidad el ex presidente Evo Morales?
Me va a gustar tener esta entrevista cuando se levante la reserva y la confidencialidad sobre el alcance del informe. No vamos a poder dar una opinión porque yo representó al Gobierno Nacional de Bolivia, porque tengo que cuidar ese principio de reserva y confidencialidad, dado que se ha dado una difusión masiva a este documento. Lo que puedo decir es lo que tiene que ocurrir en términos generales, y en términos generales hay una posición muy clara del Gobierno debido respeto al proceso y a la institucionalidad, y todo lo que tenga que ver con un proceso legal es competencia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, todo lo que tenga que ver con el relacionamiento con la CIDH es competencia del Ejecutivo, de la Cancillería. 

En este caso del Ministerio de Justicia responderá a todas las argumentaciones de la Comisión y un eventual juicio en la Corte con la responsabilidad que caracteriza a este Gobierno, no vamos adelantar el criterio porque está en este momento bajo reserva dicho informe.

¿Usted cree que haya afanes de desestabilizar el Gobierno de Luis Arce?

Yo creo que hay en este momento hay situaciones que no sé comprenden, una postura muy relevante en el país. La existencia de un plan negro, le puedo decir que es algo fantasioso, que es algo que solamente puede existir en la especulación y la posibilidad de no decirle la verdad al pueblo boliviano. No existe un plan negro, entonces, yo veo que cuando se busca generar situaciones de confrontación entre los bolivianos, llámese con la existencia de un plan negro o con un paro indefinido, que eso sí es inconstitucional y eso no es algo que puede presentarse dentro de una democracia estamos hablando de una clara posibilidad de desestabilización
Pero, con relación a la demanda cruceña por el censo, definitivamente eso no puede generalizarse y tiene que tener una identificación clara. Creo que hay 21 días de posibilidades para dialogar, veo una oportunidad para solucionar este tema sin protestas.