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Evo Morales salió de Bolivia el 11 de noviembre de 2019 y de inmediato le abrieron procesos por diversas causas. Sumaron cinco en total y de esa cifra solo está abierta una, en la que la investigación está congelada por ahora. Al mismo ritmo se fueron cerrando casos contra dirigentes y simpatizantes del MAS. Al contrario, se abrieron demandas contra opositores, que hasta el momento llegan a 11.

Morales se benefició el pasado lunes con la decisión de la jueza Claudia Castro, que cerró el proceso por la denuncia de fraude electoral contra el expresidente y en que también figuraban el exvicepresidente Álvaro García Linera y exministros. Esa demanda la presentó en febrero el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

Además también fueron cerrados los casos por terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo; genocidio y delitos contra la salud; y estupro y trata y tráfico de menores de edad. Este último no avanzó porque las supuestas víctimas no interpusieron la demanda contra el expresidente. Un quinto caso es el genocidio y daño al medio ambiente, que no tiene avances en la investigación.

Morales regresó al país el 9 de noviembre y de inmediato empezaron a surgir procesos legales contra autoridades de la gestión de Jeanine Áñez. Al menos 11 casos se abrieron contra opositores al MAS y entre ellos están vinculados los exministros Arturo Murillo y Fernando López, que salieron del país y que son acusados de comprar agentes químicos con sobreprecio.

La exdiputada Lidia Patty (MAS), que pasó inadvertida durante su gestión parlamentaria, inició un proceso en contra del líder de Creemos y expresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Es acusado por las protestas de octubre y noviembre del año pasado por el fraude electoral denunciado por la OEA y que provocó la renuncia de Morales a la Presidencia. En ese mismo caso figuran José Luis Camacho y ex jefes policiales y militares.

Asimismo, Marcel Rivas, exdirector de Migración, fue condenado a detención preventiva, pero todavía permanece en una clínica.

Caso Fraude

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Jorge Quino, dijo que el informe de la jueza Castro explica que los informes del Órgano Electoral no concluyeron que existían “elementos constitutivos” para demostrar el fraude en los comicios de 2019.

Asimismo, explicó Quino, en el informe que nos hace conocer la jueza (Castro) es que se procedió a dar curso a un incidente procesal defectuoso, es decir, habría existido solicitudes de ampliación preliminar”, dijo Quino.

En el caso de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, la autoridad judicial dijo que existen otros procesos en los que están inmersos los exvocales electorales. “Lo que corresponde es que las personas que se creen agraviadas con esta resolución usen los recursos que la ley les concede”, detalló la autoridad.

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