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En al menos cinco ciudades capitales del país ayer se desarrollaron movilizaciones callejeras de trabajadores gremiales y transportistas, unidos por una causa común: lograr la derogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Casi como un deja vu de lo que pasó hace pocos días hasta conseguir que el Gobierno retire del Senado el tratamiento de otra ley con nombre prácticamente idéntico, ahora las medidas de protesta se concentran en estos sectores que reúnen a una numerosa población en todas las regiones del país, sin la participación de los cívicos, para evitar que el Gobierno califique la medida de política o que la atribuya a “la derecha”, como suele decir.
Sin embargo, en el discurso político el Ejecutivo prefiere continuar llamando a estas movilizaciones como una “protesta de la derecha”, supuestamente destinada a desestabilizar al Gobierno. Y es que eso tiene su razón de ser: al Gobierno le costaría mucho reconocer, al menos públicamente, que gremialistas y transportistas hoy movilizados en su contra son, en realidad, parte de su electorado fiel en los procesos electorales. Y que si están en contra de la Ley es porque ven amenazados su patrimonio y sus derechos ciudadanos.
Las medidas se cumplen después de una corta espera de 72 horas que a manera de plazo dieron los gremialistas a las autoridades nacionales para que se derogue la polémica norma, que en el proceso de aprobación pasó casi inadvertida. Fue el tratamiento de la otra ley complementaria la que abrió los ojos de esos sectores acerca de los riesgos de la redacción de varios de sus artículos.
En el caso de la Ley 1386 se cuestiona un artículo que abre la posibilidad de hacer ajustes a la misma Ley mediante simple decreto.
Igualmente se rechaza las generosas atribuciones que otorga la Ley a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y al Consejo del Órgano Ejecutivo para requerir información de personas, empresas e instituciones, sin pasar por orden judicial, como ocurría antes.
Considerando el manejo político que podrían hacer los integrantes de ese Consejo Ministerial y la propia UIF controlada por el Gobierno, se teme que la medida sea utilizada con fines de persecución política y abusos arbitrarios que podrían derivar en extorsiones y corrupción.
La norma también faculta al Consejo del Ejecutivo a aprobar planes de acción que encargan a la UIF la realización de investigaciones de oficio, sin la necesidad de establecer un registro de operaciones sospechosas o a pedido de la autoridad competente.
También se prevé la modificación del Código de Procedimiento Penal para fortalecer aún más las atribuciones de la UIF, y se proyecta la interceptación de llamadas telefónicas para la escucha de conversaciones de personas e instituciones investigadas.
La Ley habilita la incorporación en el Código de Procedimiento Penal de la figura de los agentes encubiertos, la ampliación del tiempo de arresto o aprehensión por encima de las 24 horas actuales.
Se trata, en resumen, de una Ley que vulnera nuevamente las garantías constitucionales de las personas y empresas, y que otorga un poder descomunal a la UIF controlada por el Gobierno, y que genera desconfianza precisamente porque en manos de un Gobierno que hace más política que gestión es una amenaza a la propiedad y los derechos ciudadanos.

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