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Las compras bajo reserva y confidencialidad fueron admitidas por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien dijo que por seguridad del Estado deben ser manejadas de ese modo. En horas de la tarde, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que afirma que esta decisión obedece a una disposición aprobada en julio de 2015, durante el Gobierno de Evo Morales.

Sin entrar en detalles, Murillo dijo que habrá transparencia en el manejo de esas compras. “Hay algunas medidas que se han tomado por seguridad de Estado simplemente, no hay otra cosa que nos deba preocupar. Hay cosas que debemos manejarlas como seguridad de Estado y así se está manejando”, dijo la autoridad.

El 27 de febrero de este año, el gabinete aprobó el decreto 4168 con el cual el Ministerio de Economía autorizó la reasignación del presupuesto adicional en favor del Ministerio de Gobierno por un monto de Bs 40 millones.

“Para su posterior transferencia al Ministerio de Defensa, destinado al cumplimiento de obligaciones contraídas por la adquisición de agentes químicos - gases antidisturbios o antimotín y otros”, señala el artículo 2 del decreto.

Ese mismo decreto exime del registro de las compras y en sus disposiciones transitorias señala ese punto. “El Ministerio de Defensa no registrará los agentes químicos - gases antidisturbios o antimotín y otros adquiridos para la Policía boliviana; esta última deberá registrarlos una vez sean transferidos en el marco del parágrafo II del Artículo 2 del presente decreto”, señala el documento.

La compra de esos equipos no fue registrada en el Sicoes por el Ministerio de Gobierno.

Los decretos

El 29 de noviembre de 2019, el Gobierno de Jeanine Áñez, que estaba en sus primeros días, aprobó el decreto 4090 mediante el cual autorizaba al Ministerio de Defensa la compra de equipos antidisturbios.

“Que, toda vez que en Bolivia se vivió un estado de caos y convulsión social, derivado de las elecciones celebradas el 20 de octubre de 2019, que fueron declaradas sin efecto legal por mandato de la Ley Nº 1266 de 24 de noviembre de 2019, se dispuso la utilización de todos los medios disponibles, de acuerdo a las necesidades requeridas, a fin de garantizar el bienestar, la seguridad, y la protección del pueblo boliviano. Dichos eventos obligaron la utilización de materiales y otros artefactos en el marco de la seguridad y defensa del Estado y de la seguridad ciudadana. Por lo cual resulta necesario, el reabastecimiento de estos materiales”, señala el último considerando de este decreto.

Pero, en el mismo señala que el procedimiento de asignación de los materiales relacionados a municiones para la Policía boliviana será realizado en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB SABS) y manda a elaborar una resolución biministerial para esta transferencia.

Luego, el 7 de febrero de este año, el Ministerio de Economía publicó una resolución administrativa en la que modifica el texto original y añade las palabras “confidencialidad y reserva” que no estaban en el NB SABS.

“Las contrataciones señaladas en los incisos y L del artículo 65 y en el inciso l del parágrafo 1 del artículo 60 y 72 de la NBC y aquellas que por razones de seguridad nacional y defensa de los intereses del Estado cuenten con normativa expresa de confidencialidad y reserva de información no requieren ser registradas en el Sicoes”, señala la nueva norma.

Ayer, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que afirman que se respaldan en la resolución 569, de julio de 2015, y que fue firmado por el entonces ministro y actual candidato del MAS, Luis Arce Catacora. Esta resolución es el “Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la misma no establece la “confidencialidad y reserva de información” para la contratación de armamentos, pertrechos, equipamiento antimotín, transporte para tropas de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Arce intentó desvincularse con la norma firmada por él y afirmó: “Los gastos reservados retornan a Bolivia. Gobierno aprobó Resolución por la cual FFAA, Policía y Ministerio de Gobierno no registrarán en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes)”, posteó.

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