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29 de enero de 2023, 4:00 AM
29 de enero de 2023, 4:00 AM

Luis Fernando Camacho denunció el hallazgo de una cámara oculta en la celda que ocupa en el penal de Chonchocoro. Inmediatamente, familiares del gobernador de Santa Cruz pidieron la presencia de sus abogados defensores y alertaron que el personal de la cárcel intentó, sin éxito, frenar la publicidad del caso.

El director general de Régimen Penitenciario tardó más de 20 horas para dar una explicación; como era de esperar, negó el hecho y acusó al gobernador cruceño de dañar la pared de su celda. Tardía y dudosa, la reacción oficial era previsible. ¿Se podría imaginar que funcionarios del Ministerio de Gobierno admitan que espiaban constantemente a un privado de libertad?

Como ocurrió en otras circunstancias, los funcionarios de Gobierno pretenderán que prevalezca la versión oficial pese a que el abogado de Camacho logró sacar la cámara en cuestión y exponerla ante los medios de comunicación. En otras palabras: imponer un discurso por encima de las evidencias.

Peor aún, la defensa del gobernador cruceño intentó presentar la denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, pero policías encargados de garantizar los derechos de la ciudadanía se negaron a registrar el caso.

Se trata de un hecho muy grave que se suma a la larga lista de vulneraciones a los derechos humanos que sufre un privado de libertad convertido en trofeo político del Gobierno del MAS. Como antecedente basta mencionar que el ministro de Gobierno publicó fotografías de Camacho en su celda, olvidando que nadie puede ser filmado ni fotografiado sin su consentimiento, como manda el art. 16 del Código Civil.

Tanto la difusión de fotografías como la instalación ilegal de una cámara espía violan el art. 21 de la Constitución Política del Estado que garantiza el derecho “…a la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, propia imagen y dignidad” de la persona.

Adicionalmente, es pertinente indicar que el art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también señala: 1) Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 2) Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación y 3) Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Se debe recordar que Luis Fernando Camacho padece una enfermedad de base y necesita controles médicos estrictos que fueron negados en un principio y que algunos grupos de dudoso origen hicieron excavaciones en alrededores de Chonchocoro para evitar que familiares y abogados puedan llegar al lugar.

En su momento, el ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó la conducta de Eduardo del Castillo por la presentación pública de personas aprehendidas, violando el principio de presunción de inocencia. Pero el ministro de Gobierno hace caso omiso de las observaciones planteadas, incluso por organismos internacionales.

La democracia sin respeto estricto a los derechos humanos pierde su calidad y esencia, y los hechos anotados evidencian graves vulneraciones, independientemente de quién sea la víctima o de las causas de su detención.

Un dignatario de Estado debería tener la convicción de respetar las normas y no ponerse por encima de la ley amparado en el poder que ejerce. Pero los últimos ministros de Gobierno, Arturo Murillo y Eduardo del Castillo, desarrollan conductas similares: hambre de venganza por encima de la sed de justicia para un país que necesita de paz y reconciliación.

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