Necesidad de liderazgos estratégicos con visión país
En la historia económica reciente no hemos conocido de reclamos o protestas que inmovilicen la economía de un país o región por tanto tiempo, como acaba de ocurrir con el Departamento de Santa Cruz, que entró en modo inmovilizado por paro cívico de 34 días calendario y se autoinfringió un daño de al menos 1.000 millones de dólares, restringiendo forzadamente el derecho al trabajo y la movilidad de los ciudadanos no conformes con la medida. Esto no es una manifestación política, sino la pura constatación de los hechos a partir del 22 de octubre pasado, más a allá de la legitimidad de la protesta y las razones que nos llevaron a este extremo.
Ahora suspendido el paro cívico, manteniendo el estado de emergencia en tanto se apruebe la Ley del Censo, creo que debemos analizar en retrospectiva los costos y beneficios del paro, así como los roles institucionales y el comportamiento ciudadano, lo que resulta esencial para planificar nuestro futuro como región y la relación con el actual poder central y el mismo Estado, del que somos parte y en el que no nos sentimos incluidos ni representados.
El costo mayor de la movilización no es el económico, sino, el desgaste político de nuestros liderazgos y de la región, además de una población insatisfecha con un resultado aún incierto que hubiera sido posible en otro escenario sin tanto sacrificio. El mayor beneficio es la reafirmación de la unidad de Santa Cruz frente a su inquebrantable convicción en torno a sus ideales de libertad, democracia, justicia, equidad y libre empresa. El rol de las instituciones civiles fue muy pasivo, en particular el sector empresarial, en el que nunca nos pronunciamos por nuestros representados en los días de paro, siendo el más sacrificado el sector formal.
Ahora en el análisis, entendamos que la política y la economía van de la mano, son como hermanos siameses, las dos son ciencias sociales, la política entendida como la ciencia de lo posible y el arte de sostener el poder con el beneplácito ciudadano, tiene una relación directa, aunque no necesariamente proporcional, con el desempeño de la economía y el bienestar de la población, entonces ambas ciencias, de forma combinada, buscan una población satisfecha y felizmente representada por el poder constituido.
En el caso de Santa Cruz, tiene el poder económico, más no el poder político, de hecho la ausencia de un poder político, al menos equiparable al poder central, nos lleva a una situación de conflicto permanente. Esta situación se agrava cuando los liderazgos regionales se debilitan o desorientan, lo que termina dividiéndolos fomentado por el poder central que no le interesa dar al poder económico la posibilidad de un liderazgo que lo confronte. Esto se ha constatado en la Ley del Censo, cuya génesis es la demanda de un derecho legítimo, apoyado por la base social que ostenta el poder económico, pero liderada con desaciertos que se han reflejado en una oposición legislativa seccionada que termina aceptando los términos del poder dominante.
El otro aspecto que creo debemos entender es que la pugna por el poder político nos ha llevado a una falsa dicotomía entre regiones de oriente y occidente, de cambas o collas, de citadinos o campesinos, cuando la necesidad no es de un nuevo modelo de Estado o la relación de éste con Santa Cruz. Creo que Bolivia en su conjunto lo que requiere es de un nuevo pacto político, social y económico que integre todas nuestras regiones bajo principios de equidad y solidaridad en la búsqueda de un desarrollo sostenible y amigable con el medioambiente, profundizando el actual modelo autonómico.
Santa Cruz requiere de un Estado que lo integre, no que lo confronte, y Bolivia requiere de un Santa Cruz con un proyecto de integración nacional que lo lidere basado en su modelo de desarrollo productivo con inclusión social, éste es el proyecto que debemos comenzar a construir con nuevos liderazgos con visión de país, con alianzas estratégicas e inversiones conjuntas en diferentes áreas y regiones que amplíen nuestra capacidad económica y nuestra influencia en la generación de producción y empleo en sectores que se complementan con nuestra vocación productiva. De nuestra fortaleza económica irradiada en todo el país se forjarán los liderazgos del futuro, que más allá de qué región sean, lo que precisamos es que su formación esté basada en la libertad económica, la libre empresa, la democracia, la justicia social y la institucionalidad.
La estrategia debe cambiar, la confrontación abierta no tiene ningún sentido, solo nos daña en nuestra mayor fortaleza, nuestra capacidad productiva, y nos debilita institucionalmente para un diálogo necesario con el Gobierno y el Poder Legislativo en muchos aspectos aún pendientes de resolver. No podemos seguir distanciándonos del resto del país cuando lo que precisamos es su apoyo y convicción sobre lo que demandamos en beneficio de todos los bolivianos.
Finalmente, siempre debemos tener en cuenta el calibre de cada demanda regional o nacional, para evaluar los tiempos y formas de hacerlas efectivas a través de la socialización, comprensión y posterior negociación antes de encarar medidas de hecho, que también deben estar en función de su verdadero impacto en el demandado, de lo contrario terminamos haciéndonos mucho más daño del que pretendemos causar haciendo sentir nuestro reclamo.
