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Nos podríamos plantear el modelo de desarrollo económico que quisiéramos: de libre mercado, social de mercado, socialista, capitalista, o cualquier otro, más allá de nuestras simpatías y antipatías, sin desmerecer la importancia del adecuado manejo de las variables macroeconómicas de un país -en lo cual son expertos los buenos economistas- creo que un aspecto relevante de cualquiera de estos modelos debería ser el de la preminencia de los valores humanos, la moral y la ética de las personas que gobiernan, de los representantes que elegimos para legislar y fiscalizar, de los nombrados para administrar e impartir justicia, así como de los gobernados: empresarios, sociedad civil u organizaciones sociales.

No interesa la habitualidad religiosa que tengamos, la fe que profesamos, la región donde nacimos o vivimos, la raza o el color de piel que tengamos, el idioma que hablemos, ni siquiera el género al que pertenecemos o profesemos, lo que en verdad debería primar indistintamente es el respeto a los derechos humanos, las libertades ciudadanas, el amor y cuidado a la casa donde habita la humanidad, la solidaridad con los más necesitados e indispensablemente la integridad y ética con la que nos manejamos. Estos elementos deberían ser la base de cualquier modelo de desarrollo social y económico, puesto que la economía es una ciencia social y la administración de los recursos escasos tiene como fin el bienestar de la sociedad.

En el último reporte de Transparencia Internacional sobre el Indicie de Percepción de la Corrupción (CPI) del año 2020, Bolivia junto con Kenia, México y Pakistán calificamos con 31 puntos sobre 100 posibles en materia de transparencia, lo que esperamos no desmejore en el nuevo reporte del CPI que se publica el próximo 25 de enero y revelará el comportamiento de una década de transparencia en más de 180 países que se investigan. El problema de la corrupción está centrado en la debilidad institucionalidad, la ausencia de mecanismos que aseguren la transparencia en las contrataciones de organizaciones públicas, asociativas o cooperativas, la defensa de la democracia, la libertad de opinión y la participación ciudadana, así como la garantía de acceso a información y datos de interés de las personas para ejercer control ciudadano.

Mecanismos como la descentralización, la autonomía, hasta la misma participación popular, más allá del logro indiscutible que representan en términos políticos, democráticos y sociales, también parecen haber democratizado la corrupción, ahora campante en gobernaciones y municipios de todo el país. Lo peor aún es que el mal se irradia a las asociaciones y cooperativas que aun a pesar de su naturaleza constitutiva privada de pertenencia común a sus asociados y socios cooperativos, desarrollan un servicio público en muchos casos indispensable como el agua, energía, comunicación y otros, por lo que deberían manejarse en el marco de una mayor democracia y transparencia institucional.

Los cruceños que nos enorgullecemos de nuestro modelo de desarrollo exitoso basado en los valores de libertad, individualidad, competitividad, cooperativismo e integración, según lo expresan los autores de la comentada obra Modelo de Desarrollo Cruceño publicada el año pasado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior y la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, hoy debemos encarar y poner freno a la mayor amenaza que confronta nuestra forma de ser, de vivir y trabajar: la corrupción. Esto ya lo hicimos con el narcotráfico en la década del 80 con el sacrificio de nuestro prócer de la naturaleza y la biodiversidad, Don Noel Kempff Mercado.

Siendo Santa Cruz el departamento de mayor población con 3,6 millones de habitantes, representando cerca de un tercio del PIB nacional, al ser el de mayor atracción de inversión extranjera directa, el que produce el 74% de los alimentos del país y quien genera casi la totalidad de las exportaciones no tradicionales, debería ser también el departamento ejemplo en la lucha contra la corrupción en todas sus esferas, iniciando por su Gobernación y municipios que deben implementar políticas y mecanismos de transparencia tanto en la contratación de bienes y servicios como en el acceso a la información y datos de la gestión pública, además de digitalizar sus procesos de recaudación de tributos y la aprobación de obras públicas y proyectos de cualquier naturaleza.

Es también parte de nuestra responsabilidad ciudadana promover y exigir la transparencia en la gestión de las organizaciones cooperativas de servicios públicos monopólicos, así como en nuestras organizaciones privadas a través de la adopción de medidas de cumplimiento de las normas y regulaciones en materia corporativa, fiscal, laboral y comercial, partiendo de la sencilla lógica de profesar con el ejemplo.

En definitiva, un modelo de desarrollo económico exitoso debe tener como base el desarrollo humano, no solo en su formación y bienestar, sino en su conducta como ciudadano. Precisamos de manera urgente, como región y como país, encarar una verdadera “revolución del comportamiento ciudadano”.

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