6 de octubre de 2022, 4:00 AM
6 de octubre de 2022, 4:00 AM

Ha pasado ya una semana desde el cabildo cruceño; el plazo de 21 días para que el Gobierno garantice Censo el 2023 ahora es de solo dos semanas y las condiciones para un entendimiento entre las partes se alejan cada vez más por las intransigencias, la excesiva politización del tema y la prevalencia de los más radicales en las filas de los dos lados.

Si algo no cambia de manera contundente en la administración de este conflicto entre Gobierno nacional y liderazgos regionales que encabezan el movimiento cruceño por el Censo, dentro de 14 días Santa Cruz estaría ingresando en un paro indefinido que en las actuales condiciones de crisis para la población y las empresas podría tener consecuencias literalmente catastróficas.

Ni las dirigencias locales ni el Gobierno central pueden permitirse el caro sacrificio de realizar un paro de actividades en un tiempo en que nadie ha terminado aún de incorporarse de la larga caída que significó la pandemia, las anteriores crisis políticas del país y el desmoronamiento global de la actividad productiva.

No solo es insensato, sino suicida hacer un paro solo porque los radicales de dos bandos enfrentados se impongan frente a las voces más moderadas e inteligentes, y por su incapacidad de sentarse en la mesa del diálogo, que finalmente es tarea y obligación de los representantes políticos.

Ningún maximalismo lleva a algo bueno. Las posiciones extremistas suelen dar como suma cero al otro lado de la ecuación, y en ocasiones incluso marcan resultados en rojo y bajo cero.

¿Fue la decisión más conveniente la que tomó el Comité Interinstitucional cruceño por el Censo al negarse a asistir a una reunión con el Instituto Nacional de Estadística (INE) convocada por el Gobierno para discutir aspectos técnicos de la viabilidad del Censo el 2023 o el 2024?

¿Hace bien el vocero gubernamental, Jorge Richter, en descalificar con adjetivos la demanda cruceña y llamarla ‘capricho’, decir que técnicamente el Censo solo es posible el 2024 y subestimar con sarcasmo la inteligencia del Comité Interinstitucional al sugerir que no tendría que significarle mucho esfuerzo explicar dos hojas como él llama a la propuesta cruceña?

¿Hacen lo correcto los voceros de ambas partes en acusarse de politizar la discusión sobre la fecha del Censo siendo ellos mismos políticos en funciones públicas, con militancias conocidas y concentrando el debate que debieran delegar a instancias técnicas?

Si el vocero afirma que el Censo solo se puede realizar el 2024, ¿para qué espera que asistan entonces los representantes cruceños a tal o cual reunión que ya no tendría ningún sentido en ese caso? ¿Cómo explica el Gobierno que ahora necesita casi dos años para hacer un censo que en principio estaba programado para realizarse dentro de 40 días?

¿Cómo es que el Comité Cívico pro Santa Cruz se lanza en un cabildo a hacer aprobar a una masa enardecida de ciudadanos un ultimátum con un paro indefinido incluido? ¿Alguien gana con un paro indefinido?

Tal como llevan las cosas los actores del conflicto, lo que más dejan son dudas y preguntas sobre la pertinencia de la desatinada administración del cuadro actual. Fácil es entrar al conflicto, lo difícil es salir de allí, porque nadie quiere sacar los pies con la pintura de la derrota. Es tiempo de retornar a la sensatez, si alguna vez la hubo, para buscar soluciones creativas e inteligentes que quizá no dejen ni ganadores ni perdedores, pero que principalmente alcancen acuerdos y despejen de manera clara el riesgo de un paro.

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