No destruyan el poco empleo formal
Dos de cada tres trabajadores de este país se deben preguntar para quien trabaja y a quien representa la Central Obrera Boliviana (COB), al menos los trabajadores por cuenta propia (comerciante minoristas, artesanos, taxistas, micreros y vivanderos), los trabajadores del campo, los trabajadores de las cooperativas mineras de oro, plata, cobre y zinc; todos ellos empleados del sector informal o de sectores privilegiados fiscal y laboralmente.
De hecho, a ninguno de estos trabajadores le beneficia el incremento salarial pactado entre el Gobierno y los Sindicatos Mineros de la COB, por el contrario, les perjudica de sobre manera al hacer más costoso e inviable el régimen laboral formal, por tanto nunca tendrán seguro médico, jamás tendrán una jubilación y menos recibirán una indemnización al fin de su edad laboral.
Quienes deben estar contentos con la gestión de la COB son los trabajadores mineros sindicalizados de las empresas estatales deficitarias y los empleados públicos de la burocracia estatal, descontando los trabajadores en salud y educación que podrían hasta merecer mayor incremento salarial en un sistema de servicios públicos más eficiente y menos corrupto. Los trabajadores de las empresas privadas formales probablemente aplauden bajo la mesa, pues ningún beneficio es despreciable y menos en las actuales circunstancias de crisis que vive el país, donde tener un trabajo formal es un privilegio del que pocos gozan, sin embargo, seguro les preocupa de sobre manera la sostenibilidad de sus empleos al verse amenazada la sobrevivencia de las empresas que ahora los emplean.
El costo del régimen laboral representa para cualquier empresa formal el 41% del total de la planilla de sueldos, que corresponde a los aportes a las cajas de salud, la gestora pública de los fondos previsionales, la previsión para indemnización, el aguinaldo, las vacaciones y la prima de hasta un salario, cuando el total de la planilla laboral representa hasta un 25% de dicha utilidad anual.
Además de estos costos fijos, todos los subsidios al trabajador corren por cuenta de la empresa, tales como el bono de nacido vivo, el bono de lactancia, el bono escolar y otros. A todos estos costos laborales se suman las obligaciones que impone la ley laboral, como la inamovilidad funcionaria, el desahucio, la imposibilidad de contratación temporal o por horas de trabajo, etc., todo esto inviabiliza la contratación laboral y aumenta el empleo informal.
Hasta mediados de 2023 la Gestora Publica registraba 2.336.296 aportantes dependientes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) y 288.880 trabajadores independientes, representando estos últimos el 11% del total de aportantes al sistema. Del total de aportantes 600 mil trabajadores corresponden al sector público (gobierno, policía, salud, educación, fuerzas armadas, municipios, gobernaciones y otros), sin contar los trabajadores de las empresas públicas, lo que representa el 23% del total de aportantes.
Según los datos oficiales de la página web del INE en base a la Encuesta Continua de Empleo (ECE), a 2023 la Población Económicamente Activa (PEA) que comprende las personas de ambos sexos con posibilidad de trabajar totalizamos en Bolivia 6.976.624 personas. Entiéndase la población económicamente activa, como la totalidad de las personas en edad laboral que tienen un trabajo remunerado o por cuenta propia, o que estando desocupadas buscan activamente un empleo. La Tasa Global de Participación que refleja la oferta de mano de obra que participa o está disponible para la producción de bienes y servicios, al cuarto trimestre de 2023 alcanzó el 77,88%, mientras que la Tasa de Desocupación del área urbana llego al 3,9%, misma que relaciona la Población Ocupada con la Población Económica Total (PET).
Sin embargo, según la misma fuente la población ocupada llega a 4,3 millones de personas, lo que representa el 62% de la población económicamente activa, y si relacionamos la Población que tienen un empleo formal, de 2,3 millones de personas con la misma población económicamente activa, nos arroja el alarmante dato que solo el 33% de las personas en edad laboral tiene un empleo formal, es decir que 2 de cada 3 personas trabaja en la informalidad, por cuenta propia, o no trabaja. Esto nos lleva a concluir que el empleo en Bolivia es precario, temporal e inseguro para dos tercios de la población trabajadora.
Desde la academia y el sector privado venimos insistiendo por muchos años sobre la necesidad de reformar la política laboral en beneficio del trabajador, la generación de empleo y la competitividad de las empresas.
El salario es apenas uno de los aspectos sobre los que se construye esta política, siendo lo esencial la productividad, la seguridad, la capacitación, el costo de la carga laboral y la flexibilidad que permita generar fuentes alternativas de trabajo a la población más joven. Necesitamos una policita laboral integral para no seguir exportando bolivianos emigrantes que no encuentran posibilidad de subsistencia en su país.
Finalmente, los ajustes salariales deben basarse en parámetros objetivos y en los rendimientos de los sectores y las empresas, estableciendo un porcentaje racional de incremento que beneficie al empleador y el trabajador, inclusive estableciendo incentivos fiscales a las empresas con mejores beneficios laborales y mayor responsabilidad social a través de programas de capacitación, salud ocupacional y programas de incentivos a la superación.
