3 de octubre de 2021, 5:00 AM
3 de octubre de 2021, 5:00 AM


La citación que hizo la Fiscalía para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se presente a declarar a las 9:00 de la mañana del jueves 7 de octubre en La Paz, es el capítulo más dramático de una trama armada por el gobierno de Luis Arce en esta especie de novela política o serie de ficción para imponer, a fuerza de martillazos, su invento de que el 20 de octubre de 2019 no hubo fraude en Bolivia, sino un golpe de Estado.

Un extremo así, que en la ficción literaria tendría que hilar fino entre varios elementos dramáticos y fácticos para que una pretendida teoría de golpe de Estado sea medianamente creíble y lógica en el marco de la narrativa literaria, en la realidad boliviana aparece porque sí, sin mayor contundencia argumental ni coherencia con los hechos y sin importar si alguien lo cree o no, simplemente porque el jefe del MAS Evo Morales necesita lavar su imagen para volver a ser presidente.

En esa intención Morales tiene a favor que su partido está en el Gobierno y a prácticamente todas las instituciones del Estado en la palma de su mano izquierda para que presidente, vicepresidente, ministros, procurador, fiscales y jueces hagan coincidir sus actuaciones con el objetivo de convocar, enjuiciar, encarcelar a inventados “golpistas” y sentenciar por escrito que Morales fue víctima de un golpe de Estado. Y entonces, voilá, el jefe cocalero tendrá nuevamente expedita la ruta para su retorno al máximo poder del Estado, donde ya estuvo 14 años ininterrumpidos.

Evo Morales -porque es él quien digita los hilos de toda esta tenebrosa fantasía- se pasa por alto la auditoría de la OEA que demostró el fraude, ignora que la comunidad internacional y sus representantes, pero principalmente millones de bolivianos fueron testigos no solo del fraude, sino del peligroso vacío de poder que él provocó con su renuncia y su huida, y que llevó a las fuerzas políticas a buscar y encontrar una sucesión constitucional como después avaló incluso el Tribunal Constitucional nombrado por el propio Morales.

Y si el país y el mundo se tragaran ingenuamente la píldora del “golpe” inventado por el MAS, entonces habría que considerar que toda la población cruceña, paceña, cochabambina, chuquisaqueña, beniana, potosina, orureña, tarijeña y pandina que en octubre y noviembre de 2019 salió a las calles a bloquear y protestar por el fraude electoral que favoreció a Evo Morales es igual de “golpista” que Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y todos los perseguidos políticos de este Gobierno.

Que construyan, entonces, decenas de tribunales de juzgamiento masivo y centenares de nuevas cárceles en los nueve departamentos para llevar allí a más de cinco millones de bolivianos que decidieron ejercer su derecho ciudadano de hacer respetar la democracia y no dejar pasar un fraude, y que forzaron finalmente la renuncia de un Evo Morales que el 10 de noviembre de 2019 destituyó a todo el Tribunal Supremo Electoral que operó el fraude y que intentó convocar a nuevas elecciones ante la evidencia de que su juego sucio había sido descubierto.

Si en su ceguera por la ambición del poder Morales y los gobernantes que él controla fueron capaces de encarcelar a una mujer expresidenta indefensa, violando hasta sus más elementales derechos, y si ahora son capaces de llevarse al líder cruceño elegido con el 55,64 por ciento de los votos, es que ya nadie está seguro en Bolivia. Y cuando las garantías se acaban es hora de cuestionarse si lo que vivimos es democracia o tiene otro nombre.



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