22 de septiembre de 2022, 4:00 AM
22 de septiembre de 2022, 4:00 AM

El presidente Luis Arce participó en la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde lanzó ‘14 propuestas para el mundo’ y en declaraciones y entrevistas periodísticas en Nueva York negó que en Bolivia exista injerencia en la justicia.

Criticó a ‘muchos organismos internacionales’ a los que no identificó, por hacer declaraciones sin estar suficientemente informados. Textualmente dijo: “En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia; lo que sí tenemos es una deuda pendiente de resolver que es la demora en la resolución de los casos y otro tipo de aspectos que el Gobierno boliviano va a encarar a través del Ministerio de Justicia”.

Como suele ocurrir con frecuencia con mandatarios que lejos de sus fronteras hacen declaraciones sin toda la conciencia de que lo que digan llegará casi simultáneamente al país, al presidente Arce pudo haberle ocurrido lo mismo. O quizá quiso dejar ese mensaje para la prensa internacional, sin importar que en Bolivia se piense que se faltó abiertamente a la verdad con una negación así respecto a la injerencia del Gobierno en la justicia.

Si no hubiera tal supeditación de la justicia, otro habría sido el destino del proceso ilegal a la expresidenta Jeanine Áñez a la que se juzga sin reconocerle su condición de exmandataria por el que le correspondería juicio de responsabilidades y una detención preventiva abusiva que ya lleva más de un año y medio. El presidente Arce olvidó quizá que el propio Evo Morales, jefe de su partido, reveló que el MAS decidió el juicio ordinario contra Áñez porque no tenían dos tercios de mayoría en la Asamblea Legislativa, que es donde se aprueba o no un juicio de responsabilidades.

Si no hubiera supeditación de la justicia, el relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, no habría dicho en su informe que persiste la injerencia y la corrupción en altos niveles del Poder Judicial.

Cómo él, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunciaron la abierta injerencia político-partidaria del Gobierno en la justicia.

El GIEI criticó incluso que la mayoría de los casos de persecución a opositores políticos tiene acusaciones por delitos como sedición y terrorismo, que resultan desproporcionados y que ese tipo de figuras no debieran permanecer en el sistema penal boliviano.

¿Cómo se calificaría si no como injerencia, los casos de favorecimiento de la justicia boliviana a dirigentes y militantes del MAS, que fueron cerrados, desestimados o archivados, mientras los procesos para los que piensan distinto al partido gobernante enfrentan todo tipo de juicios?

Parece que al presidente Arce se le fue la mano al negar un hecho por demás evidente, que no solo ven todos los bolivianos, sino incluso los que llegan del exterior como los citados organismos internacionales independientes.

En el ámbito de las Naciones Unidas, las propuestas de Arce se refirieron a la declaratoria de zona de paz, universalización de la salud gratuita, soberanía global alimentaria, reconstrucción de las capacidades económicas de países de la periferia, industrialización del litio como pilar de la transformación tecnológica, respaldo a países sin litoral, rechazo a las sanciones unilaterales, entre otras.

Arce aprovechó su presencia en la ciudad sede de las NNUU para reunirse con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi y de Eslovenia, Borut Pahor, con quienes el país no sostiene lazos comerciales relevantes y que en todo caso llaman la atención por el delicado eje en el que se mueven, particularmente el primer país.

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