Opinión

No pasemos del error al horror

15 de enero de 2020, 3:00 AM
15 de enero de 2020, 3:00 AM

Recientemente fui entrevistado en medios radiales nacionales, como ser en Sucre (Radio La Plata) y Santa Cruz (El Deber Radio), también participé en un interesante conversatorio en el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, sobre la prórroga de mandato a autoridades electas nacionales y subnacionales.

Existen quienes sugieren que debe continuar el Órgano Ejecutivo y cerrarse el Legislativo, aduciendo que la presidente Jeanine Áñez no tiene fecha de finalización más que la entrega del mando a quien gane las elecciones mientras que la Asamblea Legislativa debe cerrar su ciclo y ser clausurada, debiendo el país en ese interín ser gobernado a punta de decretos y decretos leyes; e incluso no faltaron voces que de forma figurada (en alusión a los cuatro órganos de poder: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral) adujeron que una mesa cuadrada de cuatro patas puede perfectamente quedarse fija con tres patas y funcionar como mesa.

Aquella elucubración de la mesa cuadrada coja no es tal pues no es que no existía Órgano Electoral, lo que se hizo es nombrar a nuevas autoridades ante el tremendo fraude cometido por las anteriores autoridades.

Ahora bien, la actual presidente Áñez recibió el mando presidencial por sucesión constitucional del cargo “en reemplazo” de un presidente que renunció y abandonó su cargo (al salir del país con destino a México), cuya gestión concluye este 22 de enero de 2020.

En fecha 24 de noviembre del año 2019, la presidente realizó la convocatoria a nuevas elecciones, mediante la promulgación de la Ley Nº 1266 (Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de Elecciones Generales).

Ahora bien, no existe duda alguna que en el anterior régimen de gobierno se cometió una serie de actos de abuso de poder y vulneraciones a los Derechos Humanos, y entre ellas, se encuentra el fraude electoral, el más vergonzoso de la historia de Bolivia.

Este fraude electoral ha provocado que sea humanamente imposible materializar elecciones generales antes del 22 de enero de 2020, fecha cuando concluyen la duración de funciones tanto del Ejecutivo (art. 168 de la Constitución boliviana – CPE) como del Legislativo (art. 156 de la CPE).

De allí que es correcta la actuación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al haber emitido una ley de prórroga al mandato de las autoridades electas nacionales y subnacionales, y que la misma hubieran elevado en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que éste efectúe el control previo de constitucionalidad a dicha ley.

En ese sentido, no podemos decir, que para unos es posible prorrogar el mandato y para otros no. Incluso en situaciones normales, durante los recesos, la Asamblea Legislativa en ningún momento cierra, dado que se establecen y funcionan comisiones.

Frente a las anormalidades constitucionales, la doctrina sugiere que deben ser superadas a través de la excepcionalidad, mediante una interpretación sistemática en concordancia práctica de la Constitución, no a través de elucubraciones teóricas con formalismos sin sentido práctico y sistemático.

Es decir, lo que se busca es reconducir el estado de anormalidades a la normalidad. Si en situaciones normales, las elecciones nacionales se realizan con todos los poderes constituidos en funcionamiento, ¿cuál es entonces el sentido, de no hacerlo así?

El TCP, dado que debe realizar el control previo de constitucionalidad sobre aquella ley de prórroga de mandato a las autoridades electas que ha sido remitido en consulta, conforme establece el art. 196-II de la CPE, en su función interpretativa, aplicará como criterio de interpretación, con preferencia la voluntad del constituyente, y también, conforme al tenor literal de la Constitución (último párrafo del artículo 196-II de la CPE).

El art. 1 de la CPE, establece que Bolivia es un Estado Constitucional de Derecho, libre, soberano, democrático, etc.; y, en ese entendido, el art. 11 de la CPE señala que Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria; esto es, que en protección del principio de soberanía popular, los ciudadanos delegan una parte de su soberanía a sus mandatarios y representantes a quienes lo eligen mediante el voto universal, directo y secreto.

La actual Constitución “aprobada por el pueblo” mediante referéndum, en su disposición transitoria primera, parágrafo IV, establece la excepcionalidad de la prórroga de mandato a autoridades electas, por lo tanto, queda claro que esta situación es constitucionalmente posible.

Son autoridades electas tanto el presidente del Estado como los asambleístas de la ALP así como también los alcaldes, concejales municipales, entre otros; por consecuencia, acorde con la soberanía del pueblo, se tiene que llevar a cabo necesariamente las elecciones generales con los poderes constituidos en funcionamiento.

Si insistimos erróneamente en no transformar situaciones anómalas en situaciones normales, podríamos pasar del error al horror, es decir a algo terrible y espantoso como lo es provocar un quiebre del Estado Constitucional Democrático de Derecho, demostrando una aversión profunda a los postulados y principios democráticos.

Como vemos, no se trata de pasiones ni de gustos tampoco de colores políticos, se trata de que si como bolivianos hemos decidido tener un Estado Constitucional de Derecho con régimen democrático representativo, etc., debemos regirnos bajo dichos postulados y principios, como ser: soberanía popular, alternancia de poder, división de poderes, separación de funciones con poderes constituidos en funcionamiento, entre otros.

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