9 de mayo de 2022, 4:00 AM
9 de mayo de 2022, 4:00 AM


Cabe preguntarnos ante los últimos sucesos relacionados con el narcotráfico, el contrabando, robo de vehículos, la trata de menores y adolescentes, la excesiva informalidad y la saga de corrupción que reeditamos en cada ciclo de gobierno, si no nos hemos convertido en una sociedad permisiva y hasta indolente de las innumerables víctimas de estos delitos cometidos por criminales y delincuentes, que actúan apañados y en concomitancia con algunas inefables autoridades civiles, judiciales, policial o militar. 

Esta lamentable realidad es constatable en la cotidianidad de la ciudadanía, en los medios de prensa, en las redes sociales, en las denuncias públicas que claman seguridad y justicia ante la indefensión e impotencia de quienes tienen la desgracia de sufrir el flagelo de la comisión de un delito. Es cierto que no somos el único país que tiene estos males, pues hay países con mayores índices de criminalidad, corrupción e inseguridad, sin embargo, si nuestra aspiración es ser algún día un país desarrollado social y económicamente, no podemos seguir conviviendo con el delito.

En concreto nos ocuparemos ahora del contrabando de vehículos comprados de ultramar y los robados en los países vecinos, especialmente en Chile, Brasil y Argentina. En los casos del ingreso ilegal de vehículos robados de estos dos últimos países, se da en menor cuantía y está limitado a las zonas fronterizas, en su mayoría son vehículos utilitarios, especialmente autos y furgonetas que se destinan al transporte de pasajeros en las poblaciones rurales colindantes a la frontera, en particular en las Provincias German Busch, Chiquitos; Velasco y Angel Sandoval, en el Departamento de Santa Cruz; y en ciudades como Cobija, Riberalta, Guayaramerín en el Norte del país, donde casi todo el parque automotor es indocumentado, ingresado de forma ilegal.

El contrabando de vehículos desde el Occidente del país en la frontera con Chile, que ingresa por la extensa franja limítrofe de los Departamentos de Oruro y Potosí, colindante con los puertos del Norte de Chile (Arica, Iquique, Antofagasta y Calama), representa no menos del 90% del contrabando de vehículos que ingresa al país, que según la Cámara Automotor de Bolivia serían cerca de 500.000 los que circulan en Bolivia en casi todas las provincias y ciudades capitales del Occidente. Esta cifra esta corroborada por la “asociación de propietarios de vehículos chutos” que continúa gestionando de forma persistente que se apruebe una nueva Ley de amnistía para la legalización de estos vehículos ilegales.

Ahora bien, más allá del perjuicio que constituye el contrabando de vehículos, por su afectación a las empresas importadoras formales, el daño al Estado por la evasión de tributos aduaneros, la contaminación por la antigüedad, el aumento al gasto público por el consumo de combustible subvencionado y su contribución como instrumento para la comisión de otros delitos dada su naturaleza indocumentada, lo alarmante y denigrante como sociedad es que autoridades policiales estén sindicadas no solo de permitir el contrabando, sino, de ser parte activa e interesada en la cadena del negocio ilícito desde la internación hasta su comercialización, como se ha podido conocer de una investigación periodística chilena que ha secuenciado una operación de rescate de un vehículo robado en el vecino país.

Cabe recordar que el 29 de mayo de 2019 otra investigación periodística publicada por el matutino El Deber, daba cuenta de un Informe de Inteligencia de la misma Policía, que identificaba a 16 oficiales y 86 policías de bajo rango, junto a dos ex policías como parte de una lucrativa sociedad con los contrabandistas de mercancías y vehículos, una asociación delictiva letal para los importadores formales que ingenuamente pretenden competir con el delito, en un mercado abierto donde el producto de contrabando se ofrece de manera pública a vista y paciencia de autoridades llamadas a combatirlo.
Sin embargo, en este mal que nos ocupa, cada uno de nosotros debemos hacernos cargo de nuestras culpas. El contrabando es y seguirá siendo un negocio lucrativo por la permisividad no solo de las autoridades militares, policiales o aduaneras, sino por la concomitancia de las autoridades municipales del área rural, que no solo otorgan placas a los autos indocumentados, sino que hasta les cobran una tasa municipal anual, de igual forma la Autoridad Nacional de Hidrocarburos que permite, sin ningún control, el suministro de combustible subsidiado a estos motorizados, al igual que la población que sin ningún problema se hace supuesto propietario de un vehículo ingresado de contrabando, muchos de ellos robados a un ciudadano de un país vecino, sabe Dios en qué circunstancias.

En definitiva, todos somos parte de este grave problema que aqueja a nuestra sociedad, y hasta que no nos sintamos todos parte de la solución, seguiremos siendo el país del contrabando y la informalidad. En nuestras manos y las del Gobierno está el inicio del cambio.

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