No puede haber industrialización efectiva sin el sector privado

Uno de los temas más complejos en la actual coyuntura nacional es la implementación de la política denominada “industrialización con sustitución de importaciones”, el corazón del programa gubernamental del presidente Luis Arce que, en su interpretación, “cambiará la historia económica y política de nuestro país”. El plan se propone fortalecer la capacidad productiva creando una gran cantidad de empresas industriales para sustituir las actuales importaciones, utilizando insumos y materias primas locales con el fin de reducir la dependencia del exterior en la compra de insumos, equipamiento y bienes de consumo.

Con este fin, el mandatario boliviano ha anunciado que se están instaurando 130 plantas industriales, (casi el doble de la cantidad de empresas públicas que hoy están activas) que demandarán del Tesoro General del Estado una inversión de 3.600 millones de dólares, monto igual al 8% del PIB.  Ha señalado también que el megaproyecto abarca el impulso y creación de industrias de alimentos, agroinsumos, fertilizantes, biocombustibles, minería, litio, química básica, farmacéutica, llantas, entre otros, varias de las cuales ya están en proceso de implementación.

Sin duda que se trata de un programa de grandes dimensiones, que se pretende concretar en un escenario muy difícil caracterizado por la crisis económica, la caída de las reservas internacionales, el insuficiente flujo de recursos provenientes de los préstamos extranjeros, la disminución de ingresos por la venta de gas y una deuda pública que, según estimaciones alcanza al 80% del PIB, explicada en gran medida por los préstamos que ha erogado el Banco Central para el funcionamiento de las actuales empresas estatales.

Además de estas variables complejas, se enfrenta a otros problemas como la crisis política y la temprana electoralización de la agenda nacional, que concentra cada vez más la atención del gobierno, y que puede afectar seriamente la gestión pública, asediada por una oposición creciente en la Asamblea Legislativa, una eventual demanda de mayores recursos por parte de las entidades autónomas, un enorme gasto público y una creciente conflictividad social. 

La suma de estos problemas ha impedido, por ejemplo, una mayor difusión y socialización del plan económico que hasta ahora parece una campaña en solitario del presidente, sostenida con más discurso político que argumentación técnica, y sin respuesta a temas estructurales como el creciente contrabando, los desequilibrios macroeconómicos, la insuficiente competitividad, el entorno internacional, la debilidad del mercado interno, la informalidad, las limitaciones a las exportaciones y la precarización sostenida de la industria nacional.

Precisamente por estos vacíos, muchos analistas económicos han cuestionado el propio modelo de sustitución de importaciones, planteado ya por la CEPAL en los años 50 del siglo pasado y aplicado en muchos países del mundo, recordando que fracasó de manera recurrente en todos los casos.

Pero quizá la mayor debilidad del plan de industrialización que impulsa el gobierno, sea la prescindencia del sector privado en su diseño e implementación, y la tendencia subyacente de crear industrias públicas para competir con las privadas, en una especie de desarticulación de los procesos productivos y avance sostenido del Estado para abarcar los ámbitos de la economía en los que las empresas ya tienen inversiones, experiencia, capacidades instaladas, tecnología y recursos.

Existen áreas como la minería, la agroindustria, la industria farmacéutica, la energía, los hidrocarburos y la industria alimenticia en los que las empresas privadas han logrado altos niveles de desarrollo y eficiencia y que solo requieren condiciones y entornos adecuados de seguridad jurídica, apertura de mercados y garantías a la inversión, para alcanzar niveles de producción competitivos, capacidad de cubrir el mercado interno y exportar y, sobre todo, aumentar sustantivamente la generación de empleo protegido.

Sin necesidad de exorbitantes inversiones públicas que no están garantizadas, un esfuerzo de complementariedad y articulación público privado puede lograr los mismos resultados planteados por el gobierno, pero evitando los graves riesgos de desequilibrios financieros, ineficiencia, corrupción, burocracia excesiva e insostenibilidad que amenazan inevitablemente a las empresas públicas, especialmente en un país afectado por la debilidad institucional y amenazado por un entorno mundial inestable, globalización creciente y ahora también por dificultades económicas y crisis climática.

Nadie en el país, (mucho menos el sector empresarial), se opone al fortalecimiento de la industria nacional, sin embargo, este objetivo es tan importante que necesita de un plan integral, inclusivo, equilibrado y viable que asegure su sostenibilidad y eficiencia y para ello no se puede soslayar la participación del sector privado, que no solo tiene la capacidad sino el derecho de ser parte de su implementación en igualdad de condiciones.