18 de mayo de 2023, 4:00 AM
18 de mayo de 2023, 4:00 AM

A río revuelto, ganancia de pescadores. Una analogía que bien puede espejarse en el transporte público de Santa Cruz de la Sierra.

El caótico tráfico en Santa Cruz de la Sierra muestra la necesidad urgente de regular mejor el sistema de transporte público. Los autobuses urbanos rechazan el registro obligatorio que el municipio planea implementar dentro de seis meses como parte de su plan de ordenamiento, argumentando que solo busca recaudar más dinero cobrando un mayor impuesto anual.

El escenario pareciera ser que mientras más caos haya, más ganan los ‘vivos’, que evaden impuestos, que incumplen con normativas de tránsito permanentemente, que no brindan las condiciones laborales adecuadas para sus choferes, que no actualizan su parque automotriz, y un largo prontuario de irregularidades poniendo, desde hace décadas, a la ciudad bajo su dominio absoluto.

Por su parte, en tiempos electorales las promesas de nuevos planes con alternativas de trenes y nuevas opciones ilusionan a los más desprevenidos, sin embargo, sobrepasando la mitad de la gestión actual no se ve ningún resultado. El centro de la capital oriental, por ejemplo, es tierra de nadie y no hay resquicios del mínimo control.

Hoy los dueños de las vías, calles y avenidas no quieren reordenarse. Así de simple y claro, así de contundente. Y quien se perjudica es el ciudadano de a pie que debe permitirle que hagan y deshagan a su antojo y conveniencia.

El secretario general de los transportistas considera que el objetivo del municipio es puramente recaudatorio, cobrando una patente municipal anual. Amenazó con nuevas medidas de presión y con no acudir al registro. “El alcalde solo busca recaudar más dinero, no tiene un verdadero plan”, denunció desafiante. Agregó que los conductores ya cuentan con una licencia de conducir que los habilita para trabajar, por lo que no deberían pagar más al municipio. Sin embargo, estudios muestran que más del 70% de los autobuses superan los 20 años, evidenciando la necesidad de renovar la flota. 

Según la autoridad edil, quienes no se inscriban no podrán prestar servicio y, por otro lado, quienes sí lo hagan permitirán a las asociaciones, sindicatos y cooperativas acceder a créditos para la renovación de flotas. El tiempo dirá si no será otra promesa electoral de las ya conocidas.

El plan municipal contempla reducir en un 40% las unidades que cruzan el centro de la urbe, algo a lo que los transportistas se oponen porque el negocio se les escurre entre los dedos. Exigen que retiren los carriles exclusivos del BRT en el primer anillo, como si fuera este estorbo un problema estructural que sufre la ciudad.

Este caos, del diario devenir, revela la falta de una política de transporte integral. El registro de conductores y vehículos es un primer paso, pero sin renovación de flota y mejor organización de rutas, tendremos este problema por años.

El diálogo se ha quebrado entre el municipio, transportistas y la ciudadanía. Una sociedad que madura a razón de su crecimiento debe encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de todos. La informalidad y el abandono del sector público nos han llevado a este caos vehicular, que demanda acciones concretas, pero también cambios estructurales que mejoren nuestro sistema de transporte. Es momento de dejar atrás las politiquerías y buscar soluciones que prioricen el bienestar de la gente.

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