No sólo tenemos derechos…

En las últimas semanas han aparecido dos hechos que dan cuenta de que a los periodistas nos cuesta cumplir nuestras obligaciones. Uno, el caso de la difusión de información errada sobre la boleta censal por parte de los colegas Carlo Valverde y Amalia Pando. El otro, el principal titular de tapa del periódico Opinión de Cochabamba, mal informando la decisión de un tribunal en contra de dos ex provinciales jesuitas en el caso de la acusación de abusos sexuales a un sacerdote de esa orden cometidos hace alrededor de 40 años.

Me han motivado, además, a recordar que los periodistas, hombres y mujeres, estamos sometidos en el proceso de elaboración de las noticias y opiniones (a veces incluso los jubilados, como quien escribe esta columna) a una serie de presiones, de diversas formas e intensidades, que provienen de varios flancos de la sociedad, y sobre todo cuando quienes presionan tienen temor a que se difunda alguna noticia que pueda afectarles. Más aún, cuando toman conciencia de que una las obligaciones del periodista es develar lo que se quiere ocultar, siempre y cuando el objeto noticioso afecte al bien común.

Obviamente, para develar lo que se quiere ocultar se requiere realizar, previamente, un trabajo de investigación de precedentes, consultar y contrastar fuentes, revisar archivos que respalden la información u opinión a ser difundida, y hacerlo en un tiempo perentorio.

De ahí es que uno de los objetivos permanentes de los diferentes gremios del periodismo, y desde siempre, ha sido que el Estado y la sociedad impidan que esas presiones afecten la calidad de la información, porque sólo de esa manera la sociedad será debidamente informada y, al estar bien informada, pueda adoptar correctas decisiones en su vida cotidiana.

Es en ese marco que han ido apareciendo principios como los de defensa de la libertad de información/comunicación, de expresión, de acceso a archivos, de la inviolabilidad del secreto de fuente etc., que han sido plasmados en normas legales y gremiales.

Pero, por la contraparte, también hay normas que regulan el trabajo periodístico, en el que las posibilidades de cometer errores son muchas porque se trabaja contra el tiempo, y a veces resistencia de las fuentes a dar información correcta, peor aún en tiempos como el actual en el que el Estado ha hecho del secretismo un principio de gobernanza.

Por esa realidad es que también el Estado y la sociedad y, dentro de ésta, los gremios periodísticos, establecen básicas normas cuyo cumplimiento se exige y no hacerlo implica delito a ser sancionado.

La Ley de Imprenta, concretamente, establece tres delitos de imprenta: contra la Constitución, contra la sociedad y contra las personas individuales o colectivas, así como la obligación de publicar “las vindicaciones y defensas de las personas ofendidas en el mismo periódico”.

En la Constitución Política del Estado se norma que “El Estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión u de información, a la rectificación y a la réplica, y al derecho de emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura (Art. 106/II) y que la “información y las opiniones emitidas a través de medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad (Art. 107/II)

Y en el Código Nacional de Ética Periodística se dispone que el “medio debe corregir de inmediato la difusión de cualquier inexactitud, declaración engañosa o distorsión informativa; en un espacio similar al que la generó de manera específica para este fin, así como permitir el derecho de réplica de las personas o instituciones afectadas. Además, cuando corresponda, debe expresar una disculpa de manera pública”.

Así, pues, como debemos defender los principios que nos blindan contra las presiones, las y los periodistas debemos cumplir las obligaciones de protección de las personas, la sociedad y el Estado, no sólo porque es nuestro deber profesional, sino también porque es lo que da legitimidad a nuestra labor.

Hasta el momento de escribir esta columna motivada por los dos casos mencionados, ninguno, salvo Valverde, que ha tratado de justificar su información, ha rectificado su versión….

Debemos tratar, pues, de recordar que no solo de derechos vivimos, sino también de obligaciones.