5 de febrero de 2021, 5:00 AM
5 de febrero de 2021, 5:00 AM


La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó ayer la Ley de Emergencia Sanitaria incluyendo las modificaciones que solicitaba el Colegio Médico de Bolivia, referidas principalmente al derecho a la protesta y al rechazo a la contratación de profesionales médicos extranjeros.

La norma será promulgada por el Ejecutivo después de un accidentado proceso de aprobación en la instancia congresal, donde un fuerte sesgo político y excluyente contra el gremio de los profesionales de la salud en el país puso en apuros al sistema de salud amenazado por movilizaciones.

La ley prohibía el derecho a la protesta a este sector y establecía la contratación de profesionales de salud extranjeros, lo que mereció el inmediato rechazo del sector médico del país. Ese es el precio de concebir una ley desde una mirada unilateral y en cierto modo autoritaria, cuando se desconoce la opinión de los actores afectados de una nueva normativa.

Tuvieron que pasar movilizaciones y amenazas de paros médicos en medio del peor momento de la segunda ola de la pandemia del Covid-19 para que el partido en función de Gobierno escuche y finalmente acepte los puntos de vista de los médicos.

Pero, pese a incorporar a último momento las modificaciones exigidas por los médicos, la Ley aún contiene algunos artículos polémicos, como el número 8, que ordena la conformación del Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias con la participación de 11 ministerios. La oposición critica que una instancia de esta naturaleza, que tomará definiciones estructurales referidas al sistema de salud boliviano, esté integrada por políticos que poco o nada conocen de la salud y no por personal científico y técnico.

Con excepción del ministro de Salud, ningún otro miembro del gabinete tiene formación médica; de hecho, varios de ellos vienen del sindicalismo, con lo cual pocos buenos augurios se podrían esperar de un gabinete político que tomará decisiones sobre la salud de la gente.

Las atribuciones del citado Consejo serán identificadas en un decreto supremo del Poder Ejecutivo y sus decisiones serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para todas las instancias públicas y privadas del país relacionadas con la salud.

Se extraña que en esta instancia no solo no haya participación de instituciones médicas y científicas, sino también que no haya ningún tipo de representación regional: todo lo definirán once ministerios del Gobierno de Luis Arce.

Otros artículos de la ley hacen referencia a la obligatoriedad que tienen las farmacias de hacer conocer la lista de precios de los medicamentos a la venta, con el agregado de que la Agemed tendrá la atribución de aprobar los precios de los fármacos de venta a los consumidores.

Esa disposición era absolutamente necesaria dada la especulación, en algunos casos despiadada, que hicieron durante los primeros meses de la pandemia algunas farmacias, lucrando con la necesidad de la gente, que en muchos casos estuvo dispuesta a pagar lo que le pidan con tal de conseguir un medicamento que les devuelva la esperanza de curar a un ser querido aquejado por el Covid-19.

El artículo 22 señala que cuando una entidad territorial autónoma sea rebasada por una pandemia, será el nivel central del Estado el que asuma las competencias, lo que se considera una violación de la Ley de Autonomías y la Constitución Política del Estado que define las responsabilidades concurrentes de estos gobiernos.

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