Nueva ley para abrir empresas y permisos para construir simplifica trámites y aumenta la recaudación

El tiempo es dinero y la paciencia de unos pocos. Esta premisa se aplica especialmente a los inversores en el área de la construcción y aquellos inversionistas que buscan habilitar alguna empresa de comercio o servicio, en el municipio de Santa Cruz.

Tras más de seis meses de trabajo, el Centro de Estudios Públicos Populi presentó un diagnóstico sobre el tiempo y los pasos que se deben seguir para obtener un permiso de construcción o la licencia de funcionamiento de una empresa determinada.

En la actualidad los requisitos y el tiempo necesario para tramitar una Licencia de Funcionamiento para un pequeño negocio comercial y de servicios en la capital cruceña, de acuerdo con el estudio realizado, tarda 82 días. Cuarenta días se destinan a la aprobación del plano de ubicación y uso del suelo, dos días para obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT). Treinta días a la obtención del certificado de compatibilidad de uso y los restantes 10 a contar con la ficha técnica ambiental.

Sin embargo, el Proyecto de Ley para la Simplificación de Trámites y Digitalización de Procesos, presentado en septiembre en el Concejo Municipal, prevé una reducción del tiempo para las licencias de funcionamiento a 13 días. De los cuales, uno se destina para la obtención del NIT, otro día para la aprobación del plano de ubicación y uso de suelo, una jornada más para obtener el certificado de compatibilidad de uso y finalmente 10 días para contar con la ficha ambiental técnica.

Mientras que, los requisitos y el tiempo necesario para tramitar un permiso de construcción para viviendas y comercios son de 110 días, de los cuales 40 se destinan para el plano de ubicación y uso de suelo, 35 días, para línea y nivel, 15 para la aprobación del proyecto arquitectónico, 10 para el proyecto estructural y otros 10 días para el nivel de categorización ambiental.

Pero con la nueva propuesta, la demora baja a 56 días. Seis jornadas para contar con la aprobación del plano de ubicación y uso de suelo, 15 días para la línea y nivel, otros 15 para tener el proyecto arquitectónico, 10 para obtener el proyecto estructural y las restantes 10 jornadas para conseguir el certificado de nivel de categorización ambiental.

En cuanto al municipio, los beneficios están ligados directamente con el incremento de sus recaudaciones tributarias entre un 14% y un 33%. Otro beneficio es la expansión de su base tributaria, para fines estadísticos, lo que permitirá a las autoridades ediles un mayor conocimiento de la actividad socioeconómica de estos agentes productivos.

Christian Aramayo, director del Proyecto del Centro de Estudios Públicos Populi, encargado de desgranar los alcances de la nueva norma que aún se encuentra en la Concejo Municipal, para su aprobación, indicó que el sector de la construcción en Santa Cruz absorbe el 7,13% del total del empleo en el departamento, pues unas 126.000 personas trabajan en esta actividad, de ahí su importancia.

Aramayo sostuvo que es necesario un cambio en los procedimientos para obtener el permiso de construcción, ya que de acuerdo con los datos del Observatorio Urbano de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), de cada 10 obras activas en la capital cruceña, siete son informales.

Una informalidad que hace que por la evasión de tasas municipales y departamentales la región deje de percibir Bs 65 millones, un monto que representa un 54% del valor promedio anual (2017-2021) que se recauda por patentes municipales en Santa Cruz.

Otro aspecto que hace notar el Centro de Estudios Públicos Populi, es que para una vivienda de 152 metros cuadrados se necesitan cumplir cinco requisitos que demoran 115 días hábiles y que el costo para obtener el permiso de construcción equivale a 13,7 salario mínimos.

Mientras que, para lograr un permiso de construcción para un edificio multifamiliar de 1.583 metros cuadrados se deben cumplir 12 requisitos que tardan 248 días hábiles, con un costo similar a 18,6 salarios mínimos.

Los representantes de Cadecocruz, de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia) Santa Cruz, del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental (SIB)-Santa Cruz y de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), que participaron en el foro organizado por el Grupo Multimedia EL DEBER coincidieron en que la digitalización de los trámites municipales ligados a los permisos de construcción y a las licencias de funcionamiento deben ser digitalizados para lograr un mejor cruce de información que permita reducir los tiempos de espera, los costos en los trámites y mejoren las recaudaciones impositivas del municipio.

Licencias y recaudaciones

¿Por qué preocupa tanto la demora y los costos para obtener la Licencia de Funcionamiento? fue una de las preguntas durante el foro. La respuesta hizo foco a que por los tiempos que duran los trámites, 82 días hábiles para negocios pequeños, el costo-tiempo representa un 91% de total de los gastos previstos. A lo que se debe agregar que el costo total para obtener una licencia de funcionamiento es equiparable a un poco más de cuatro salarios mínimos nacionales.

La burocracia genera un costo de la informalidad para el municipio, pues debido a ellos -por el cobro de negocios legalmente habilitados-, la Alcaldía deja de percibir entre Bs 50 y Bs 118 millones para un escenario de informalidad de un 62,9% y un 80% respectivamente.

Situación que puede cambiar si solo se llega a formalizar a uno de cada tres negocios en Santa Cruz, lo que significaría que los ingresos municipales pueden incrementar entre un 14% y un 33% para cada escenario de informalidad.

Ante la consulta de cuáles son los beneficios de esta nueva ley para los empresarios, el municipio y la ciudadanía en general, Aramayo precisó que las bondades con este nuevo marco legal para los inversores o empresarios es que al formalizarse evitan sanciones pecuniarias, tienen la posibilidad de expandir sus emprendimientos, cuentan con las herramientas para establecer acuerdos legales con proveedores y consumidores, pueden tener acceso a mercados internacionales y a financiamientos de menor costo, además de poder participar en programas de soporte gubernamental.

¿Y qué ventajas tendrán los ciudadanos? Vivir en un entorno con una economía formal, donde la labor de los funcionarios públicos es expedita, transparente y sin márgenes para la corrupción, son aspectos que dan una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

La formalidad eleva los estándares de la seguridad, la educación, el trabajo y la salud. Permite el incremento de los ingresos de las familias y da una mayor certidumbre para las futuras inversiones que lo que hacen finalmente es generar mayores puestos de trabajo y por sobre todo es un freno, como así lo precisó Juan Pablo Saavedra, presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios, a los posibles actos de corrupción que la burocracia puede propiciar en el contexto actual.

Los participantes del conversatorio:

Carlos a. Morales/ Colegio de Arquitectos

“El municipio no tiene información cruzada con nosotros”


“Iniciamos la digitalización de ciertos procesos de certificación. El principal es la aprobación de los proyectos. En ese sentido, con el anterior gobierno municipal teníamos una ventanilla única, que era un gran avance, y dos profesionales de la Alcaldía que veían los anteproyectos para agilizar los trámites. Con la nueva gestión municipal se cortó la concesión. Se está construyendo un entorno digital, pero aún el 70% de los colegiados sigue presentando sus proyectos de forma física. El Municipio no tiene una información cruzada con nosotros. Eso genera atrasos”.

Juan Pablo Saavedra/ Pdte. Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios

“La formalización es un freno a los actos de corrupción”


“Está en las manos de las autoridades impulsar la formalización y hacer de este un país moderno. Pero lo que sucede en la actualidad, parece ser que la burocracia vigente es intencional para que algunos ciudadanos se cansen al intentar legalizar, por los canales regulares, su negocio. Para finalmente recurrir, por debajo de la mesa, a diferentes personas que les ‘ayuden’ a reducir los plazos de los respectivos trámites. Toda esta situación es la responsable de la informalidad que tanto daño le hace al país. La formalización es un freno a los actos de corrupción”.


Carolina Gutiérrez / Pdta. Cadecocruz

“Con la nueva norma, el municipio incrementará su recaudación”


“Con este proyecto de ley vemos que más de la mitad de las construcciones se van a formalizar. Generando un incremento, de un 27%, de las recaudaciones para el Municipio. La digitalización también nos va a permitir una reducción de los trámites en un 50%. La nueva normativa es atractiva para los diferentes actores presentes en la cadena de la construcción. En la construcción hay empresas que tienen experiencia en la digitalización y aceleración de los trámites, un ejemplo era Fundempresa donde el 99,7% de los trámites que ingresaban se hacía en 24 horas”.


Cintia Lizarazu/ Pdta. Cadepia SCZ

“Se busca estar en la legalidad, pero la burocracia es una traba”


“Un 80% de las microempresas y emprendedores son informales. Es en el sector de la confección donde con mayor claridad se nota esta situación. La mayoría de los dueños de estas empresas familiares prefieren estar en la informalidad, debido a que tratar de estar en la legalidad requiere mucho tiempo por la burocracia. El tiempo que se pierde en las diferentes filas que se debe hacer es algo que desanima a legalizar un pequeño emprendimiento. Nosotros estamos de acuerdo con este proyecto donde se hace foco a lo digital que con seguridad va a reducir los tiempos y los costos para obtener una licencia de funcionamiento”.


Jorge Franco/ pdte.  Sociedad de Ingenieros de Bolivia- Santa Cruz

“La digitalización busca evitar que se presenten carpetas y carpetas”


“La digitalización nos permite evitar que nos presenten carpetas y carpetas de cada uno de los cálculos y proyectos. Eso posibilita un ahorro de tiempo y de costos. Pero cuando toca llegar a la Alcaldía volvemos para atrás. Nosotros hemos agilizados los diferentes procesos y de acuerdo con el último informe de 200 proyectos que ingresan por mes, pasamos a 300. Hemos reducido los tiempos, pues para las viviendas pequeñas los trámites tardan solo dos días y en el caso de las edificaciones mayores cinco días, pero esto es gracias a los nuevos procedimientos internos que nosotros estamos poniendo en vigencia”.

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