Nueva mirada hacia los bonos de carbono
.
Bolivia alguna vez fue un ejemplo mundial en la conservación de sus bosques, especialmente durante la era neoliberal de los años 90. En ese periodo, el país implementó políticas de desarrollo sostenible que se alinearon con las mejores prácticas internacionales. Estas políticas incluyeron iniciativas como la certificación forestal y el manejo comunitario de bosques, las cuales buscaban un equilibrio entre la explotación económica y la conservación ambiental.
Hoy, sin embargo, Bolivia se encuentra entre los países con mayores tasas de deforestación. Las causas de este retroceso son diversas y complejas, incluyendo presiones sociales y económicas crecientes, así como los efectos adversos del cambio climático. Pero también es necesario señalar que ciertos cambios normativos en materia medioambiental han tenido efectos contraproducentes en las políticas de conservación. Entre estos cambios destaca la promulgación de la Ley de la Madre Tierra en 2010, durante el llamado "proceso de cambio".
Uno de los aspectos más criticados de esta ley fue la prohibición del uso de bonos de carbono, una herramienta clave en la conservación de bosques y en la lucha contra el cambio climático. Estos bonos, que han ganado aceptación a nivel global, permiten financiar proyectos que reducen o capturan emisiones de gases de efecto invernadero.
Reconociendo esta realidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recientemente declaró inconstitucional parte de la ley, allanando el camino para la legalización de los bonos de carbono en Bolivia. Como era de esperar, han surgido críticas desde el Gobierno hacia esta decisión.
Para comprender el contexto, es importante recordar que la Ley de la Madre Tierra se basa en una visión de la naturaleza como un sujeto de derechos, en lugar de un objeto de explotación económica. Este enfoque buscaba proteger los ecosistemas de manera integral, respetando la vida y la regeneración natural.
Sin embargo, la prohibición de los bonos de carbono se fundamentó en principios ideológicos que pueden ser cuestionados, como el rechazo al mercantilismo de la naturaleza, la desconfianza hacia la eficacia de estos bonos en la reducción de emisiones globales, y el temor a que pudieran derivar en la apropiación de tierras indígenas o en la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales.
El enfoque de la Ley de la Madre Tierra, al rechazar soluciones de mercado como los bonos de carbono, creó un vacío en las políticas de manejo sostenible previamente existentes. Este vacío, sumado a la presión de la expansión agrícola, los avasallamientos de tierras, y la falta de un marco robusto de gestión de recursos naturales, ha acelerado el deterioro de los bosques en Bolivia en los últimos años.
Con la reciente decisión del TCP y un marco legal más coherente, Bolivia ahora tiene la oportunidad de emitir bonos de carbono respaldados por sus aún vastas reservas forestales. Estos bonos podrían ser adquiridos por empresas globales que buscan compensar su huella ambiental, atrayendo miles de millones de dólares en inversión extranjera. Estos ingresos no solo beneficiarían a las comunidades locales, sino que también crearían un incentivo poderoso para continuar conservando los bosques.
Ha llegado el momento de que Bolivia deje atrás una normativa cuya carga ideológica ha impedido aprovechar herramientas innovadoras como los bonos de carbono. La apertura legal que ofrece el TCP brinda a Bolivia la oportunidad de cumplir con sus compromisos internacionales para mitigar el cambio climático y atraer proyectos de desarrollo sostenible, urgentemente necesarios para el bienestar del país.
