21 de agosto de 2023, 4:00 AM
21 de agosto de 2023, 4:00 AM


La pasada semana recibimos de la Aduana Nacional el presente de nuevas contravenciones y sanciones que afectan y desalientan al comercio exterior formal y por ende a todos los operadores de comercio exterior, en particular a importadores y despachantes de aduana que actuamos como declarantes en la importación de mercancías. La norma aprobada a través de una Resolución de Directorio, afecta de igual manera, aunque no en la misma proporción, a exportadores, transportadores, Courier y concesionarios de recintos aduaneros.

Si bien la Ley General de Aduanas permite establecer una gradación de sanciones por conductas tipificadas como contravenciones aduaneras, entre 50 y 5000 UFV, esta misma norma y la Constitución Política del Estado establecen principios básicos de legalidad, igualdad, proporcionalidad y objetividad, que se deben cumplir al momento de normar en materia sancionatoria. El respeto a estos principios evita que una sanción pueda ser mayor a los tributos adeudados o incluso mayor al valor de la misma mercancía, como también evita que la norma sea discriminatoria entre los operadores.

Bajo el precepto de que lo que se busca es corregir conductas, errores, y omisiones que no afectan a los tributos aduaneros ni la naturaleza de las declaraciones aduaneras, dichas sanciones no tienen fin recaudatorio, sino de mejorar la calidad de la información y registro de cada transacción comercial internacional, así como el fiel cumplimiento de las formalidades aduaneras. En tal sentido, se debe considerar que, quien es pasible a una sanción por contravención aduanera, es una entidad formal con registro de comercio, domicilio y actividad reconocida, por tanto realiza una importación o exportación bajo la formalidad por lo que sancionarlo de forma desproporcional o discriminatoria solo lo desalienta y lo desplaza hacia la informalidad.

Sobre el incremento injustificado y desproporcional en la cuantía de las sanciones se observa un claro incumplimiento a lo previsto en el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, refrendado por Ley 998 de 2017 que textualmente señala: “La sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y será proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida”. Por otro lado, la misma norma determina que “cada país miembro se asegurará de mantener medidas para evitar: a) conflictos de intereses en la determinación y recaudación de sanciones y derechos; y b) la creación de un incentivo para la determinación o recaudación de una sanción que sea incompatible con la proporcionalidad entre el grado de la infracción y la cuantía de la sanción”.

En la revisión de las contravenciones descritas en la Resolución de Directorio referida se identifica la existencia de contravenciones que no se encuentran previstas en la normativa aduanera, lo que constituye vulneración al principio de legalidad previsto en el artículo 283 del Reglamento a la Ley de Aduanas que señala: “Para que un acto, hecho u omisión sea calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, su reglamento o demás disposiciones, que no constituyan delitos aduaneros”. No puede haber contravención por interpretación extensiva o analógica de la norma. Dejando de lado también lo normado en el Código Tributario que establece que solo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer sanciones.

En la norma en cuestión, se describen las mismas conductas sujetas a contravención para distintos operadores, estableciendo sanciones diferentes para cada uno de ellos; aspecto que vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución Política del Estado y ratificado en Sentencia por el mismo Tribunal Constitucional, sobre el mandato de igualdad en la formulación del derecho tributario sancionatorio que exige que todos sean tratados igual. En estos casos una misma conducta como errores en la transcripción de una declaración tiene sanciones distintas una empresa Courier, el exportador y el importador, siendo la más alta sanción la del importador y/o su declarante.

De igual manera las contravenciones descritas, vulneran sentencia constitucional que ratifica los principios de razonabilidad y proporcionalidad que tienen como finalidad preservar el valor de la justicia. El régimen contravencional sanciona la inobservancia de las normas de índole administrativo, en atención al nivel de afectación en el normal desarrollo de los servicios y funciones estatales; por tanto, debe ser razonable en función a la efectividad que requiera la función pública aduanera a la cual puede afectar la conducta errónea, lo mismo respecto a la cuantía de la sanción, que al ser irrelevante la falta, el error u omisión respecto al daño, la sanción debe ser mínima.

En definitiva, dadas las actuales circunstancias de sobrecostos en las importaciones y exportaciones, la ausencia de divisas para asumir compromisos de pago en el exterior, las deficiencias logísticas y bloqueos que afectan a los operadores, consideramos inoportuno un incremento en las contravenciones aduaneras, que solo reducirán las importaciones formales de la pequeña y mediana empresa, aumentando la informalidad.

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