29 de septiembre de 2022, 4:00 AM
29 de septiembre de 2022, 4:00 AM

El Gobierno nacional ha sorprendido al país con una nueva política respecto del uso del gas natural que parece ir en contrarruta de su propio discurso nacionalizador y de impulso a la actividad productiva del país.

A través del decreto supremo 4749 decidió que en el plazo de un año las industrias bolivianas tendrán que dejar de usar el gas natural en la generación de electricidad y esos volúmenes se destinarán a la exportación, para mejorar los ingresos del Estado.

La primera reacción de los industriales fue de preocupación, porque entienden que con una medida de esa naturaleza se atentará contra la producción nacional y el bolsillo de la población, que sufrirá el traslado del encarecimiento de los costos de producción.

Actualmente, las industrias nacionales reciben el gas a precios subsidiados que van desde $us 1,86 a 2,51 por millar de pie cúbico. Los precios de esa misma unidad de volumen para la exportación fluctúan entre los $us 4,95 y 10,5.

El cambio se aprobó, dice el decreto, en el marco del principio de eficiencia y con la finalidad de garantizar a corto, mediano y largo plazo la seguridad energética, satisfaciendo adecuadamente la demanda nacional de hidrocarburos.

Un detalle de precisión que es necesario apuntar del decreto es que si bien reconoce el uso de gas natural como combustible en establecimientos industriales que tienen como finalidad la transformación de las materias primas en productos elaborados, lo que ya no se permitirá es que este energético se utilice de manera complementaria en la generación de electricidad para el consumo industrial.

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestionó la contradicción en que incurre el Gobierno nacional, que en 2014 -con otro presidente pero con el mismo partido en el poder- pidió al sector privado que invierta en la instalación de sus propias generadoras eléctricas que funcionan con gas. Y ahora lo que estaría provocando con el decreto es que cierren esas plantas, en las que la empresa privada invirtió buenas cantidades de recursos económicos.

El decreto señala un año como plazo máximo para que las empresas se adecuen a la nueva normativa.

Como detalle excepcional, se contempla que los equipos de generación de energía eléctrica que funcionan con gas podrán ser utilizados como respaldo únicamente en caso de existir fallas en el sistema interconectado nacional de energía eléctrica y solo mientras dure el evento accidental.

El giro en la política de uso del gas natural en el consumo interno de la industria para generar energía eléctrica es cuando menos polémico. Pone en entredicho el objetivo boliviano, como de cualquier país, de generar condiciones para que el sector privado produzca y con ello genere empleo, excedentes, exportación, ingreso de divisas y dé movimiento a la economía.

La medida deja en evidencia también, una vez más, que el gas se está terminando en el país y que a estas alturas ni siquiera alcanza para cumplir con los compromisos internacionales de venta a Argentina y Brasil.

El Gobierno bien pudo quitar la subvención del gas al sector industrial y cobrarle, si es necesario, los mismos precios a los que se comercializa el energético a los países vecinos. Lo que queda claro es que cuando las empresas comiencen a dejar de utilizar gas en la generación de electricidad, los precios de sus productos subirán, y quienes sufrirán ese efecto de manera inmediata serán los consumidores.

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