Opinión

Nuevo mecanismo para disminuir la mora procesal

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22 de febrero de 2020, 3:00 AM
22 de febrero de 2020, 3:00 AM

Olvis Égüez

Considerando a la justicia como un servicio social, como se desprende del artículo 180 de la CPE, los principios tienen la importancia fundamental, de constituirse en base de actuaciones de jueces y tribunales; pues, al igual que valores y principios generales, cumplen un triple rol en el ámbito práctico: función fundamentadora del ordenamiento jurídico, crítica y orientadora; de donde se desprende que los jueces y tribunales, al momento de aplicar la norma, tienen el deber de interpretarla de acuerdo a los principios constitucionales.

Con relación al principio de celeridad, la SCP 0759/2012 de 13 de agosto, señaló: De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la CPE, la administración de justicia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías constitucionales.

El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de plazos dispuestos por norma, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, lleva implícita la obligación de realizar los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de causas, una actuación contraria, conlleva la vulneración de derechos y garantías, también al crecimiento del mayor problema de la administración de justicia, el cual es la retardación.

En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se relaciona con principios procesales de eficacia y eficiencia componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, el Tribunal Constitucional señala mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, que eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia, el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad.

Conforme se ha indicado, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio necesario para garantizar la efectivización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia.

Cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos, provocan la extensión indefinida de los procesos, lesionando la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la Constitución, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener respuesta oportuna; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia, toda vez que “…la justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquella, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales (…) (entre las cuales se encuentran), la garantía de la celeridad en los procesos (…) la garantía de acceso a la administración de justicia, que no solo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida”.

En ese sentido, con el objeto de cumplir los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, y garantizar el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna “sin dilaciones”, el control interno previo, dentro de la jurisdicción ordinaria, se hace posible instituyendo la Unidad Nacional y los enlaces departamentales de seguimiento y supervisión de causas, encargadas de controlar que los procesos de las diferentes materias ordinarias se sustancien dentro de los plazos, evitando la mora procesal, que permita contar con información estadística cuantitativa y cualitativa de la carga procesal y calidad de fundamentaciones de las resoluciones, y así proyectar políticas institucionales de priorización de los casos de relevancia social y medidas prácticas de solución de procesos de acuerdo a las normas procesales vigentes, a través de la emisión de informes y recomendaciones, y proyectos de circulares, reglamentos, instructivos, etc., que brindarán un diseño técnico-procesal, capaz de materializar las garantías jurisdiccionales a través de las Salas Plenas del Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales.



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