17 de enero de 2023, 4:00 AM
17 de enero de 2023, 4:00 AM

Era de esperar, una de las escenas características de las primeras semanas del año es la vigilia que por varios días llevan a cabo padres de familia en puertas de las unidades educativas para inscribir a sus hijos en los ciclos inicial, primaria o secundaria. Inexplicablemente, hasta ahora el sistema público no garantiza la continuidad de los estudiantes que van venciendo diferentes etapas de la formación escolar, circunstancia que genera una incertidumbre negativa y absurda que se salda con peleas por cupos, recomendaciones y hasta sobornos.

La piedra angular de este complejo es la Ley 070 de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez que fue promulgada en 2010, con el objetivo de llevar adelante una educación descolonizadora, inspirada en los valores ancestrales de las culturas precolombinas, en sentido contrario a las corrientes globalizadoras que predominan en el siglo XXI. Supuestamente, las promociones 2022 son el primer fruto de este proceso educativo, ¿son bachilleres diferentes, con nuevas destrezas y capacidades, con formación técnica humanística, capaces de desarrollar alguna actividad económica? No.

Por el contrario, los bachilleres de la Ley 070 adolecen de los problemas de siempre: escasa lectura, nula comprensión, pésima ortografía y limitado pensamiento lógico, extremos que se ponen en evidencia cuando los bachilleres enfrentan las pruebas de suficiencia académica para acceder a universidades públicas o privadas y ponen en evidencia todas sus miserias académicas, fruto de un sistema memorístico, aunque la ley pinte un escenario diferente.

El Ministerio de Educación ha negado la posibilidad de que estudiantes bolivianos participen en evaluaciones internacionales con el pretexto de que se trata de pruebas “capitalistas”, pero internamente tampoco se ha desarrollado un adecuado sistema de evaluación o acreditación. En consecuencia, van 12 años de una reforma con inciertos indicadores de resultados.

Más allá de la calidad de la educación el Gobierno parece estar empeñado en un adoctrinamiento político de los bachilleres, tanto que, según denuncias de los maestros, circula un texto de sociales con la versión oficialista sobre la crisis política de 2019 y el ominoso calificativo de golpe de Estado. Inadmisible manipulación de una trama cuyo esclarecimiento todavía está en curso. ¿Cree el Gobierno que con un par de páginas podrá imponer su propia historia? Craso error, porque los hechos y sus consecuencias están en la memoria de cientos de miles de jóvenes que salieron a las calles a luchar por la democracia. Una falacia nunca podrá ser “historia oficial”.

Para la gestión 2023, el Gobierno ha anunciado la modernización de contenidos de la malla curricular en todos los niveles. Y resulta que los mismos educadores que apenas pudieron incursionar en las tecnologías de la información y comunicación en épocas de la pandemia, ahora deben dar clases de robótica, ajedrez, nociones de estadística, uso de redes sociales, astronomía y producto interno bruto o redacción académica con normas APA.

¿En qué momento los maestros y maestras fueron capacitados para impartir los nuevos contenidos? Según informan las autoridades del ramo, en talleres de socialización que se realizaron a fines de la gestión 2022. Es inevitable preguntarse ¿cuántas horas de un taller de socialización se dedicaron a conocer lenguajes de programación para robótica?; ¿se utilizarán robots o se pedirá que dibujen uno porque las escuelas no tienen ni siquiera buenas salas de computación?

Todo apunta a que la actualización de contenidos suena, una vez más, a improvisación y fracaso inminente. Y así el país seguirá cosechando pobres resultados hasta que los políticos de toda tendencia y color entiendan que para salir de la pobreza el primer paso es la educación, pero en ese punto retrocedemos en lugar de avanzar.

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