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El ministerio de Obras Públicas responsabilizó al director ejecutivo de Aasana, Rudy Balderrama por las 36 operaciones aéreas que se realizaron el 10 de marzo en el Aeropuerto de Chimoré y anunció la apertura de “todas las acciones técnicas y legales” en su contra, acusándolo por incumplimiento de deberes y por poner en riesgo la seguridad del aeropuerto de Chimoré, lo que según la ley 2902 de Aeronáutica civil tiene pena privativa de libertad de seis años.

En un comunicado, emitido anoche, el ministerio señala que “al haberse realizado operaciones en un aeropuerto que no contaba con todos los aspectos técnicos saneados se puso en peligro la seguridad de pilotos y de las personas que viajaron con ellos, incurriendo el director ejecutivo de Aasana en incumplimiento de deberes” e infringiendo lo que señala el artículo 191 de la ley de Aeronáutica civil, al poner en riesgo las operaciones en el referido aeropuerto. “Estamos hablando de delitos que deben ser investigados y sancionados por el Ministerio Público”, sentencia el comunicado. Luego, en la parte final complementa que “en el presente caso se ha tomado las acciones legales y técnicas necesarias a fin de cumplir con la norma técnica y legal nacional e internacional”.

El artículo de la ley de aeronáutica civil señala que será sancionado con pena privativa de libertad de uno a seis años “el que realice cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de un aeródromo, de un aeropuerto o de la circulación aérea”. Si es que por esa acción se hubiera provocado la muerte de personas, la pena aumenta, lo que afortunadamente no sucedió en este caso.

El comunicado complementa que se instruyó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) un informe sobre la reapertura del aeropuerto el 10 de marzo, y esa institución informó que se realizaron las operaciones aéreas de acuerdo a norma. Pero, tras una inspección técnica realizada el 18 de marzo, determinó la suspensión de operaciones porque tuvo observaciones en diferentes áreas, lo que fue comunicado a Aasana. El comunicado no especifica cuáles fueron en concreto El ministerio hace notar en el comunicado que desde el primer momento, tras enterarse de lo ocurrido, se constituyó en el lugar para verificar “la verdad histórica de los hechos” y que con la DGAC se suspendieron operaciones “para evitar accidentes y con el fin de no infringir la normativa respecto a la aeronáutica civil”.

El aeropuerto fue construido en 2015, con una inversión de $us 34,5 millones. El senador del MAS, Leonardo Loza, en un breve contacto telefónico con este medio, señaló que no conocía nada: “Negativo, no tenenos ninguna información, en vano sería hablar”. Luego, cuando se le consultó si es que si lo confirmaba el caso ameritaría una investigación e interpelación de la Asamblea al ministro Montaño, respondió que lo que primero corresponde es “informarnos exactamente sobre lo que ha sucedido, y posteriormente tomaremos alguna posición al respecto”.

Néstor Villarroel, secretario de conflictos y del comité de huelga de Aasana, denunció que el pasado 10 de marzo, “de la noche a la mañana”, el director general, Ruddy Balderrama, abrió el aeropuerto de Chimoré, sin informar al ministro de Obras Públicas, ni al viceministro de Transportes, “ni a nuestra directora regional”. Por ello y otros motivos laborales, pidió la destitución del funcionario.

Sólo el 10 de marzo, el secretario de conflictos de Aasana manifestó que se realizaron 36 operaciones aéreas. Es decir, aterrizajes y despegues de aeronaves.

“No existía el personal, ni el equipamiento de seguridad necesarios y se hizo sin que funcione el único carro bombero”, aseguró.

Cuatro trabajadores de Aasana estaban en el lugar. El controlador de la torre que hacía tres funciones en una; otro operador que se encarga de la seguridad del aeropuerto y controla los planes de vuelo, “y dos bomberos que no pudieron hacer nada porque el vehículo para apagar incendios está fuera de servicio”.

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo señaló que “nada que no sea narcotráfico puede salir del Chapare. Creo que no ocurrió sólo un día, el 10 de marzo. Las informaciones que recibo de dirigentes de la zona y de personas que están en el trópico, es que todos los días llegan y salen aviones de Chimoré con rumbo desconocido. Y esto coincide con la destrucción de varias pistas que nosotros realizamos cuando éramos Gobierno, que casualmente estaban cerca de este aeropuerto”.

Recordó que una de las grandes pistas que el gobierno de Áñez destruyó tenía alrededor de dos kilómetros de largo, “y ahí fue capturado uno de los lugartenientes de Evo Morales, pero después fue liberado por la justicia que tenemos en Bolivia”, indicó.

Tanto CC como la agrupación Creemos coincidieron en que este es un caso que se debe investigar a fondo, y se debe seguir los pasos hasta llegar, en caso de ser necesario, a la interpelación del ministro Édgar Montaño.


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