Observan discriminación y criterios ambiguos en la convocatoria a Defensor

La convocatoria aprobada para la elección y designación del Defensor del Pueblo exige 18 requisitos. No establece una puntuación y se basa en criterios de evaluación de “sana crítica” para escoger a la nueva autoridad. El debate en la Comisión Mixta de Constitución comenzó el viernes con denuncias de la oposición, que argumenta que hay discriminación en el reglamento porque imposibilitaría de participar a los actores de “la defensa de la democracia” durante la crisis política de 2019.

En el requisito número 15 se exige al postulante a Defensor “no haber participado ni estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto, ni en la ruptura del orden constitucional”.

“Observamos la propuesta. El Movimiento Al Socialismo continúa acudiendo a un falso libreto de golpe de estado y con este requisito se pretende excluir a personas que, en su momento, defendieron la democracia. También existe una susceptibilidad al momento de emitir criterios en el cumplimiento de los requisitos porque señala la sana crítica que es discrecional y ambigua, porque da vía libre a muchas cosas”, detalló a EL DEBER la diputada de Comunidad Ciudadana y miembro de la Comisión Mixta de Constitución, Gaby Ferrel.

Al respecto, el parlamentario oficialista y jefe de la bancada del MAS, Gualberto Arispe, dijo que la nueva autoridad deberá ser un defensor de todos los bolivianos y “no de un grupo de personas” o que no pertenezca a un partido político, por lo que afirmó que quienes participaron antes y después del gobierno transitorio no son personas neutrales, más bien tienen una línea política y negó que se trate de discriminación.

“Quienes han participado en la ruptura del orden constitucional son políticos y para este cargo no necesitamos políticos; por eso, claramente indica la no pertenencia o militancia en algún partido político con anterioridad de 8 años. Acá la oposición está queriendo confundir. Aquellos que participaron en la ruptura de orden constitucional no son personas neutrales para ejercer este cargo”, aseguró el legislador a este medio.

En esa línea, el jurista y analista político, José Velasco, dijo que el MAS está estableciendo “elementos” para que muchos activistas de derechos humanos y quienes fueron protagonistas del 2019 no puedan acceder a la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, aclaró que el último gobierno militar y de facto fue el del general Guido Vildoso en 1982 y que en 2019 no existió ninguna ruptura constitucional.

“La Defensoría del Pueblo en los últimos años se ha visto muy devaluada, luego que dejó el cargo Rolando Villena. Está devaluada como institución defensora de los derechos humanos. Entonces nuevamente se politiza este cargo y se busca un afín al partido de Gobierno”, lamentó el experto. 

En los últimos años la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo sufrió muchas críticas, especialmente a Nadia Cruz, la titular de la entidad, a quien se acusa de defender los intereses del partido de Gobierno. La actual Defensora interina ocupa el puesto desde hace tres años, cuando David Tezanos renunció al cargo luego de aparecer en las listas del MAS y por una denuncia de uso indebido de bienes del Estado por un problema doméstico, que hizo público en instalaciones de la Defensoría

Evaluación y puntaje
El documento en su Artículo13 de Verificación de Requisitos, Condiciones y Causales de Inelegibilidad e Incompatibilidad, establece que la Comisión Mixta utilizará “criterios de sana crítica” para la revisión del cumplimiento de los requisitos. Según la oposición, el no establecer un puntaje permitirá las ambigüedad en la calificación.

“La sana crítica que refiere el artículo 13 para la evaluación es bastante ambigua y discrecional. Se manejaría de manera muy subjetiva a criterio inclusive de cada diputado. Entonces es algo peligroso que puede ocasionar que personas que realmente son idóneas y están capacitadas para asumir el cargo no puedan hacerlo y tengamos una vez más una persona a un color político”, afirmó la diputada opositora.

La legisladora también informó que propusieron a la Comisión una puntuación por cada criterio para que la sumatoria permita designar de manera “más clara y correcta” al Defensor del Pueblo. Pero la propuesta no se tomó en cuenta. Asimismo solicitaron que los postulantes cumplan 10 criterios de los 14 que exige la convocatoria y no ocho como planteó el MAS.

Para el abogado Velasco, deben existir parámetros y calificaciones bien establecidos donde primen los méritos de los postulantes y su trabajo en derechos humanos.
Según el proyectista Arispe, la convocatoria es “amplia, clara y seria” para que la Comisión Mixta realice un “buen trabajo”.

“Yo no entiendo a dónde va su observación de la puntuación porque la designación se aprobará con dos tercios y el MAS no tiene dos tercios en la Asamblea. Esto implica que la oposición podrá dar su voto y elegir a la mejor persona”, insistió.

Según el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, la autoridad se designará por al menos dos tercios de los presentes en la Asamblea Legislativa y será posible previa convocatoria pública y calificación de méritos mediante concurso”.

Aprobación
Con modificaciones a cinco artículos, la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral aprobó el viernes la Resolución que da luz verde al Reglamento y Convocatoria para la selección y designación de la Defensora o Defensor del Pueblo. El mismo será enviado a la Asamblea Legislativa para su consideración y eventual aprobación.

La Comisión está conformada por 12 asambleístas, tanto senadores como también diputados. Nueve de ellos son del MAS, dos pertenecen a Comunidad Ciudadana y uno a Creemos.