Observan que el Gobierno premia a sus aliados con presupuesto agregado

La modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 contempla Bs 8,3 millones que serán distribuidos a las nueve gobernaciones. Sin embargo, los legisladores de oposición y expertos en economía observaron que existe una distribución desigual entre los “aliados” del Gobierno y los departamentos ‘opositores’.

Según el proyecto Ley 354 de reformulación al presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas entregará a Cochabamba Bs 4.709.272, seguido de La Paz con Bs 876.498, Oruro Bs 801.934, Potosí Bs 788.279, Tarija Bs 593.040, Santa Cruz Bs 338.126, Chuquisaca Bs 230.091, Pando Bs 10.105 y Beni Bs 6.560. Un total de Bs 8.353.905 que solo podrán ser distribuidos para viáticos, alquileres, materiales y suministros, inversiones, construcciones y mejoras.

Ninguna gobernación podrá usar estos montos para sueldos y salarios, según el grupo de gasto asignado por el Sistema de Gestión Pública (Sigep).

“Habrá que consultar al Ministerio de Economía y Finanzas por qué hay una desigualdad en la designación. No sería la primera vez, siempre se hacen estas reasignaciones con criterio político, tanto como cuando se elabora como cuando se lo reajusta. Más para mis amigos y menos para mis enemigos”, sostuvo el economista Gonzalo Chávez.

Para el diputado Adrián Vega, de Comunidad Ciudadana, no es coincidencia que esta redistribución se haya realizado luego que el Gobierno visitara cada departamento en busca de respaldo para la postergación del censo en 2024.

“Existe esta susceptibilidad de que algunas gobernaciones y municipios estén beneficiados con este reformulado porque se da luego que los alcaldes y algunos gobernadores fueron recibidos en la Casa Grande del Pueblo”, refutó el también miembro de la Comisión de Planificación.

De acuerdo a la distribución del presupuesto agregado, Cochabamba bastión del líder del MAS, Evo Morales, recibirá más de la mitad del total. Es decir, Bs 4.709.272 y al menos Bs 2.045.054 deberán ser usados para inversiones, construcciones y mejoras.

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, explicó que son transferencias que realiza la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) a todas las gobernaciones por concepto de peajes, para que las gobernaciones realicen mantenimiento de las carreteras, en el marco de la Ley N° 3507 de 27 de octubre de 2006.

“Por lo tanto hay más recursos que se distribuyen a favor de las gobernaciones para el mantenimiento de las carreteras en beneficio del pueblo boliviano”, respondió la autoridad de forma escrita a EL DEBER.

Sobre los criterios de distribución, se limitó a decir que el artículo 2 de la Ley N° 3507, establece que, del total recaudado por peajes y dimensiones por la ABC, se debe asignar el 30% de participación a los gobiernos autónomos departamentales.

Sin embargo, el proyecto de Ley 354/2021-2022 en su artículo 5 considera que se hará transferencia de recursos de acuerdo a la disponibilidad financiera y previa evaluación a los gobiernos autónomos departamentales.

Las gobernaciones deberán cumplir dos requisitos para recibir estos recursos. Primero, sus ingresos aprobados en 2022, por concepto de regalías hidrocarburíferas deben representar el 40%. Asimismo, los ingresos por Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) deben ser del 25%.

El parlamentario Vega aseguró que con este artículo no todas las gobernaciones serán beneficiadas. Afirmó que las más perjudicadas serán Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz que tienen menos presupuesto adicional.

“Los que se quedan con la gran tajada de este reformulado son los órganos del Estado con Bs 260,2 millones y las entidades descentralizadas con Bs 129 millones. Preocupa que este presupuesto reformulado nuevamente refleje una idea centralista”, lamentó.

La norma adiciona más de Bs 1.720 millones que serán distribuidos entre 127 entidades del sector público para la ejecución de programas y proyectos en el territorio nacional.

Los casos de Beni y Tarija son los más preocupantes. Hace semanas se declararon en bancarrota e incluso anunciaron el cierre de sus gobernaciones por lo menos durante tres meses. Según el proyecto de ley, Tarija recibirá Bs 593.040 y Beni Bs 6.560.

El asesor financiero de la Gobernación de Beni, Juan Carlos Áñez, dijo que no está sorprendido del monto que se prevé asignar a su departamento porque “Beni siempre recibe migajas”.

Áñez observó que, pese a que es un monto ínfimo, no es de libre disponibilidad y tendrán que usarlo para viáticos, transporte, alquileres u otros.

“Este presupuesto es insuficiente en relación a Cochabamba que también es productor de hidrocarburos y tiene regalías departamentales, es desigual si seguimos la lógica del proyecto de ley”, sostuvo Áñez, a tiempo de decir que no cree que sea una arremetida contra los opositores.

En contrarruta, el diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez dijo que el reformulado es un ataque a la oposición que se da en un contexto de crisis económica del país y que el Gobierno afianza una distribución “hípercentralista”.

“No se trata de los que están en contra el censo 2024, sino es contra de la oposición. Gobernaciones y alcaldías que no se cuadren no van a tener el beneficio que por ley corresponde que tengan. Van a aislar a los que no estén con el MAS”, aseguró.

Gutiérrez lamentó que el alcalde Jhonny Fernández busque créditos del Estado y no mecanismos para aumentar los recursos propios. Según el legislador, se trataría de un pacto entre el alcalde cruceño y el Gobierno.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que, de las 580 entidades del sector público, 127 solicitaron incorporar modificaciones al PGE 2022, entre ellas 61 municipios, 26 entidades descentralizadas, 13 órganos del Estado y 12 universidades públicas.

De acuerdo con los datos presentados, el presupuesto agregado pasa de Bs 304.045 millones a Bs 305.954 millones, un incremento de un 0,6%. Mientras que el presupuesto consolidado pasa de Bs 235.090 millones a Bs 236.811 millones, un 0,7% más.

La propuesta contempla una Ley que autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar un crédito extra al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por medio del Tesoro General del Estado (TGE), por un monto de hasta Bs 3.000 millones.

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