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El Ministerio Público emitió ayer en La Paz una retahíla de notificaciones y órdenes de aprehensión para los exjefes militares que tuvieron voz de mando durante la crisis política de 2019 y contra el general Yuri Calderón, excomandante de la Policía. Ellos están investigados por los delitos de “sedición y terrorismo” en el grado de complicidad en el marco del proceso “golpe de Estado”.

Ante este escenario, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), liderada por Amparo Carvajal, llamó a la sociedad civil a defender a la Policía y a las Fuerzas Armadas (FFAA).

“Reclamamos urgentemente a la justicia para que respete los derechos humanos de todos los afectados por esos acontecimientos de octubre de 2019”, indica un comunicado de esa institución.

En ese marco, Amparo Carvajal, presidenta de la APDHB, afirmó que “con esta señal, otros activistas de Derechos Humanos corren el riesgo de ser perseguidos”.

Carvajal recordó que durante la crisis política de octubre y noviembre de 2019 muchas personas de la sociedad civil salieron a las calles a defender sus ideas y la democracia, “frente al prorroguismo de Evo Morales que se postuló a pesar del referéndum del 21 de febrero de 2016, que le ordenó que no lo hiciera, y luego con el fraude electoral de octubre de 2019”.

El almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor, fue aprehendido luego de presentarse voluntariamente en la Fiscalía. La exautoridad militar acompañó al excomandante de las FFAA, Williams Kaliman, en una conferencia de prensa cuando se sugirió la renuncia de Evo Morales, en medio de una ola de protestas.

El abogado Roger Valverde, que patrocina a Arce, consideró que el requerimiento que pesa contra su defendido “no tenía fundamentación”, debido a que no estaba entre sus atribuciones detener a Kaliman cuando éste sugirió la dimisión del mandatario.

Siguiendo la hoja de ruta del caso denominado “golpe de Estado”, que fue abierto por la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), la Fiscalía emitió ayer una orden de aprehensión contra Calderón y Kaliman, quien encontraba con detención domiciliaria desde el 23 de diciembre.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló a EL DEBER que en estos casos “se ha respetado el debido proceso” y remarcó que el excomandante de la Armada se presentó voluntariamente.

“Dados los plazos no parece que estemos ante una celeridad extrema y, al contrario, lo que cuestionaría en estos casos es que se haya demorado tanto en hacer las notificaciones y poder avanzar con un proceso. Si las personas no declaran en esta fase inicial de la investigación, no hay un debido proceso”, puntualizó.

En el caso de Calderón, Lima afirmó que se esperó el tiempo necesario para que pueda asumir su debida defensa. “Lo que no es normal que tengan que pasar meses para estos procedimientos. Esta declaración tiene que tomarse a los días de que se presente un juicio y ya son meses”, insistió.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar, señaló que no pudieron encontrar a Calderón a quien lo buscaron en su domicilio en Tarija. También se revisó el flujo migratorio del exjefe policial.

“Manda y ordena a cualquier efectivo policial aprehenda a Williams Carlos Kaliman Romero, a objeto de que sea puesto a conocimiento del juez cautelar dentro de las 24 horas para que resuelva su situación procesal”, señala, además la orden contra Kaliman que se conoció anoche.

La querella de la exdiputada Patty contempla también al líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, y a su padre, José Luis Camacho, además del excomandante de las FFAA Sergio Carlos Orellana Centellas

“Hoy, ante la persecución y apresamiento de generales, almirantes y otros miembros de las FFAA, nos sumamos al pedido de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, para defender y respaldarlos por haberse puesto al lado de su pueblo y la democracia. Los cabildos pacíficos en toda Bolivia determinaron pedir a las FFAA y Policía Nacional que no repriman, que no respalden el fraude del MAS, en octubre de 2019”, escribió Camacho en su cuenta en Twitter.

Reacciones

El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) también cuestionó las decisiones asumidas por la Fiscalía. “Evo persigue a mandos policiales y militares, que él designó, por negarse a reprimir después de su fraude. Lo real es: fraude, renuncia, huida, y hoy venganza contra los que no reprimieron al pueblo. Lo del golpe es fábula judicializada, para esconder la cobardía del que fugó”, señaló la exautoridad.

El exministro de la Presidencia Yerko Núñez señaló que el MAS está ejecutando una acción “para castigar a quienes piensan distinto” y lamentó que “la retórica del golpe” se use para no sancionar a los verdaderos responsables de la crisis política de 2019.

Entre el 10 de octubre y el 17 de noviembre de 2019, 23 personas fallecieron en disturbios provocados por la crisis política que estalló tras las elecciones generales de octubre de ese año. Una misión independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga esos hechos. Aún no entregó un informe definitivo.

Lima aseguró que el Gobierno está abierto a cualquier investigación, pero remarcó que el papel central será de la justicia. “Son los jueces, no los likes ni las protestas los que tienen esa misión”, dijo.

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