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No son casos aislados, solo que la lejanía les dificulta tener eco.

Son varias las comunidades chiquitanas que desde hace tiempo sufren problemas de sobreposición en sus territorios, casi siempre con comunidades interculturales, y que después llegan a tornarse en situaciones de violencia.

Una de las más recientes, denunciada por la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (Asiciv), se está dando en Santa Ana, donde, según el cacique de Asiciv, Fernando Rojas, desde hace siete años vivían originarios chiquitanos, pero el INRA otorgó resolución de asentamiento a los interculturales de San Juan de las Piedritas, que además tienen denunciado a uno de los originarios por desmonte ilegal.

Según Rojas, durante la inspección, los técnicos del INRA habían reportado que existían chacos de familias chiquitanas, y que a pesar de eso se entregó la resolución a los interculturales, que ahora demandaron ante un fiscal a los oriundos por chaquear.

“Tengo copias de los informes de los técnicos. El gran problema de nuestros indígenas es el desconocimiento jurídico, viven en esos lugares pero no conocen las herramientas legales”, dijo.

La autoridad indígena lamentó la intervención de un fiscal en estos temas que no le competen. “Un fiscal no tiene la competencia agraria para eso, porque los censos vienen en una resolución. Es un sistema de amedrentamiento porque los originarios no conocen sus derechos, se asustan y se retractan”, aseveró.

Rojas también denunció que ya otros colonos le ofrecieron dinero a cambio de avalarlos como Asiciv, para facilitarles los asentamientos.

“Creen que tenemos la base de datos del INRA de las tierras fiscales porque cuando Pinto estaba de viceministro de Tierras, lo tomamos de rehén y nos entregó información, que fue mal utilizada por anteriores autoridades chiquitanas para negociar tierras. Pero cuando esas autoridades se fueron, se llevaron esa información”, denunció.

El cacique también advirtió con bloqueos en caso de no recibir respuestas. “Queremos que nos muestren el mapeo completo de las tierras fiscales, cuáles son las tierras aptas para agropecuaria y asentamientos, no es cambiar el uso del suelo por capricho. Queremos saber en qué han quedado las áreas de las grandes propiedades que no cumplieron la Función Económica y Social y que hoy otra vez están con proceso de saneamiento. Curiosamente, hoy aparecen con procesos de saneamiento nuevamente y con los mismos dueños, muchos palos blancos de brasileños”, dijo.

El cacique dijo que ya mandaron carta solicitando reunión de emergencia con el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras y sus brazos operativos, INRA, etc., y con el ministro de Medio Ambiente, pero no hay respuesta.

Otro problema ha surgido en la comunidad chiquitana Ebenezer, en San Ignacio, y según Rojas, con 20 años de asentamiento. “Una ex dirigente de Asiciv, a pesar de ser tierra ocupada, dio resolución a los interculturales, esta persona es hija del que maneja la comunidad Monte Alto, que usó a los comunarios para crearla, que después los botó y alquiló esa tierra a brasileños. Es uno de los mayores traficantes de tierra”, denunció.

Y así, en otros puntos, en Alto Paraguá, como a la altura de Papayo Bolívar, no dejan pasar a los oriundos de la zona. “La pelea es por la madera”, explicó.

Pedro Marmañá, secretario del Cabildo de San José de Campamento, y uno de los denunciantes en el reportaje Chiquitania: Botín político y económico, publicado en EL DEBER, denunció que, producto de la investigación, él y la cívica Arminda Gómez están siendo amedrentados, tanto por los pobladores de su comunidad, como los de Chirimoya.

“Dijeron que lo que yo hice es peligroso y grave y que no debí meterme, tampoco doña Arminda, que yo como inválido no lo haga, y que doña Arminda como mujer tampoco. Más bien esa señora se puso los pantalones. Decir que me han amenazado es un respaldo para mí, espero que así se moderen los de Chirimoya, y también los de aquí. No tengo miedo porque no estoy inventando nada, voy con la verdad”, dijo.

De acuerdo a Marmañá, le exigieron que se retracte y pida que se eliminen sus declaraciones.

La organización indígena del pueblo guarasu’we (OIPG) dirigió un pronunciamiento a la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc), donde denuncian tráfico y pirateo de madera en la la Reserva y en la TCO Bajo Paraguá.

“Tenemos temor de dar a conocer públicamente los momentos difíciles que pasa nuestra comunidad Picaflor, que está siendo atropellada por extranjeros de un supuesto clan Huang. Presumimos que cometen ilícitos porque abrieron brechas sin autorización en la TCO y en la Reserva Bajo Paraguá. Al no aceptar las propuestas de una persona de apellido Montaño, fuimos agredidos”, dice la carta.

Inspecciones

Dos semanas antes de las elecciones, EL DEBER recorrió el área protegida Bajo Paraguá, de creación reciente en enero de 2021, y evidenció la apertura de brechas y la asignación de parcelas a comunidades, a través de letreros con los nombres de las mismas.

Hace una semana, una comisión del Consejo Forestal Municipal de la provincia Ñuflo de Chávez, y de la Asociación de Madereros de San Ignacio, estuvo por el lugar, y evidenció que no se han detenido los parcelamientos.

“Encontramos una brecha de 26 km. Las brechas deben tener 15 días antes del 4 de abril. Hay nuevas comunidades con desmontes iniciales. Hay un reducto desde San Martín hasta Nueva Esperanza, ellos quieren fortalecerse. En el Camino de San Martín tenemos asentamientos dentro de tierras originarias. Están programando otro asentamiento al lado naciente de Santa María, una comunidad más allá de Santa Martín”, explicó Daniel Velásquez, vicepresidente del Consejo Forestal y experto en el tema, que ya elaboró un informe sobre la gravedad.

Conociendo la forma de operar de los avasalladores, y de acuerdo a la información satelital obtenida, Velásquez predice brechas cada dos kilómetros. Dice que van marcando, y que esas brechas tienen profundidad de seis kilómetros para hacer un bloque completo de asentamientos.

“Su proyecto de colonización es para terminarse las tierras fiscales. Desde el punto 1 ellos van tirando sus brechas para acoplarse a la única comunidad donde está la reserva Copaibo, a ambos lados. Abren brechas, marcan dentro de las brechas las parcelas, ya tienen la división administrativa, una vez abierta la brecha nos soquetean con 60 familias. Todas están sobre el camino”, explicó.

Sus cálculos le permiten predecir un avasallamiento de 15.000 hectáreas, según las brechas encontradas. En Velasco 12.000, y en Ñuflo de Chávez 3.000 ha.

Velásquez dijo que su cabeza ya tiene un precio en la zona. “Es un trabajo riesgoso, me amenazan, me mandan fotos de dónde estoy y dicen qué cosas me harán”, aseveró.

El vicepresidente de la Asociación dijo que la idea es unir la Chiquitania completamente e institucionalizarla para que no se asienten. En la misma línea, Rojas dijo que están tratando de unir al bloque chiquitano, y que ya hay nueve caciques con esa visión.

Varios legisladores, tanto de Creemos como de Comunidad Ciudadana, han elevado sus Pedidos de Informe Escrito (PIE) a Andrónico Rodríguez, como presidente del Senado, todos relacionados con el tema medioambiental. Hasta la fecha, casi todos se han vencido y no se les ha dado respuesta.

Centa Rek, senadora por Creemos, es una de las que realizó como tres PIE, con temáticas sobre cambios de personal en las áreas protegidas, decididos por el Sernap; también al INRA, sobre resoluciones de asentamientos otorgados, conocimiento de asentamientos en Bajo Paraguá y en Guarayos, coordinación con organizaciones indígenas.

“Estoy haciendo un archivo con todas las solicitudes que no contestan, ya que es una violación al derecho constitucional que tenemos de fiscalizar. Y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) también guarda silencio, a pesar de que le hemos mandado un montón de recursos. Este archivo lo haremos llegar a instancias internacionales si no contestan un Pedido de Informe Oral (PIO), que es el siguiente paso.”, advirtió Rek.

La diputada de Creemos, María René Álvarez, también mandó media docena de peticiones que, igual que la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena.

El senador de Creemos Richard Ribera se suma a la presión, hoy está enviando PIE sobre asentamientos.



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