28 de diciembre de 2022, 4:00 AM
28 de diciembre de 2022, 4:00 AM


La ley 247 llamada de “regularización de la propiedad urbana” del 2014 fue presentada como la ley para facilitar la titulación de asentamientos en áreas rurales cercanas a la ciudad y que por ello no podían ser regularizados como urbanos.

Bajo ese pretexto, se presiona para que los gobiernos municipales amplíen sus radios urbanos en casi todos los casos, para legalizar así las ocupaciones abusivas, generando de esa manera un mercado especulativo de la tierra muy bien utilizado por loteadores y especuladores inmobiliarios.

Lo grave es que, además de consolidar los atropellos de la propiedad privada y sobre todo municipal, la ley instruye ampliaciones del radio urbano (o área urbana) sin la necesidad de que esa ampliación esté acompañada de un nuevo Plan de Ordenamiento; es decir, se amplia el área urbana para favorecer las tomas de tierras, pero sin exigir un plan, generando así mas desorden.

Sin embargo la ley mantenía criterios mínimos de protección hacia propietarios que tenían sus papeles en orden: La ocupación debía ser pacífica, no se podía titular si el propietario presentaba sus papeles en orden y demostraba que el ocupante no contaba con su aprobación.

La nueva ley que acaba de aprobarse en la Asamblea Nacional, para sustituir a la 247, de acuerdo con declaraciones de la honorable Barrientos, termina con las últimas líneas de protección que existían: El loteador, para quedarse con una propiedad privada o municipal, debe simplemente demostrar que vive allí desde hace 5 años, con la declaración de dos testigos, y presentar alguna factura de servicios, que como sabemos las empresas lo prestan a cualquier viviente, sin exigir títulos de propiedad, por una ley de los tiempos de Goni. 

De esa simple manera, el ocupante se convierte en propietario, aunque el verdadero propietario posea títulos de derechos reales y la propiedad en realidad no este en posesión pacifica, sino más bien en litigio.

Con este tipo de leyes, que inexplicablemente no son cuestionadas ni por los asambleístas de oposición ni por los gobiernos municipales ni por colegios profesionales, es que se viene cumpliendo la tarea de destruir la planificación urbana y hacer de las ciudades otro botín político-económico asociado a organizaciones criminales.

Una vez mas se ve como el gobierno del MAS, al no poder definir políticas y acciones claras para enfrentar los problemas, en este caso la especulación con la tierra, sale mas bien con medidas que empeoran el panorama, en lugar de enfrentarlo, promoviendo mas bien el desorden urbano, la violencia, la especulación inmobiliaria y las mafias que operan en estos temas.

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