Otra vez los bloqueos en Santa Cruz
Por segundo día transportistas mantenían ayer un bloqueo en Puerto Ibáñez, Cuatro Cañadas, Concepción, San Ramón, Roboré, San Julián y San Ignacio de Velasco, causando grandes pérdidas para los productores que deben transportar sus productos en las rutas de Santa Cruz hacia Brasil, Beni y otras regiones. Los hombres del transporte pesado demandan que renuncie el director de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, la construcción de nuevas rutas y otros aspectos en un pliego de seis puntos.
El martes se intentó una reunión entre una comisión gubernamental y los transportistas, pero muy pronto el diálogo se rompió porque no lograron ponerse de acuerdo.
Entonces vino la expansión del bloqueo a nuevos puntos y desde entonces está bloqueado también el transporte de pasajeros que se movilizan en buses, con lo que el perjuicio se extiende a miles de personas que no pueden viajar a sus lugares de destino.
Entre las muchas cosas que piden los transportistas, además de la renuncia del presidente de ABC, está la construcción de la doble vía Cotoca-San Ramón, construcción de la ruta Los Troncos-Okinawa, resolución de los proyectos de surtidores de GNV en el municipio de Cuatro Cañadas y San Ignacio de Velasco, rechazo y abrogación del Decreto Supremo 4740 referido a la prohibición de vidrios polarizados, la ejecución del proyecto carretero San Miguel, Cuatro Cañadas y San Matías.
Los transportistas, en este caso organizados en torno a la Organización Interbloque de la Chiquitania y el Bloque Interno de Transporte de San Julián, se sienten desatendidos en sus demandas y dicen no estar dispuestos a levantar las medidas si las autoridades no dan respuestas afirmativas a sus pedidos.
A esa movilización se plegaron transportistas de otros municipios cruceños, por lo que el bloqueo es dramático en gran parte del departamento, sobre todo en la vía conocida como carretera bioceánica.
Con esas movilizaciones, nuevamente el departamento sufre después de apenas unas pocas semanas cuando eran los interculturales los que cortaban las rutas en protesta contra la Gobernación; poco antes también los cocaleros mantenían bloqueada la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz. Y así, prácticamente no hay mes en el que no se obstruya por la fuerza el paso de vehículos y pasajeros que salen o ingresan a Santa Cruz.
El departamento se ha convertido, lo venimos diciendo en este espacio desde hace un buen tiempo, en el centro de las protestas de todas las naturalezas inimaginables. Si en el pasado eran las calles de La Paz las que vivían los cotidianos calvarios de cortes de calles, marchas y dinamitazos, hoy es Santa Cruz, principalmente sus carreteras, el escenario donde se han trasladado las disputas políticas, sectoriales o gremiales.
Cualquiera sea la razón, el efecto es siempre el mismo: millonarias pérdidas para los sectores productivos y enormes perjuicios para la gente que necesita trasladarse de un lugar a otro por razones comerciales o personales.
El Gobierno también contribuye de manera absurda a hacer más conflictiva la relación con los gremios, como con el caso del cuestionado decreto por el que prohíbe el uso de vidrios polarizados en los vehículos, una medida innecesaria y perjudicial para la seguridad de las personas, y que ahora está incluido en el pliego de demandas que el Gobierno tendrá que derogar y marcarse un nuevo retroceso que muy bien pudo evitar.
