La pesquisa avanza en medio de denuncias de abusos, pero también existen observaciones a la gestión de Camacho en el ámbito de la salud. La autoridad departamental mantuvo un bajo perfil en este caso

15 de septiembre de 2022, 7:01 AM
15 de septiembre de 2022, 7:01 AM

El presupuesto para la salud de la Gobernación de Santa Cruz superó los Bs 800 millones en los últimos dos años. En 2021, la ejecución llegó al 80%, según reportes oficiales. Fernando Pacheco, el exsecretario de la Gobernación que ahora es requerido por la Fiscalía, estuvo a cargo de la administración de esos recursos y se puso en marcha una auditoría.

La investigación fue anunciada por el gobernador, Luis Fernando Camacho, y se la encargó a Edil Toledo, el nuevo secretario de Salud y el sucesor de Pacheco.

Este año, la Asamblea Legislativa Departamental aprobó una asignación de Bs 1.429 millones, de los que Bs 428,7 millones se destinaron al sector salud y algo más de Bs 300 millones de ese presupuesto serán destinados a los cinco hospitales de tercer nivel que están bajo la competencia del gobierno departamental. Estos son, el maternológico Percy Boland, los hospitales Japonés y San Juan de Dios, además del Instituto Oncológico y el Hospital de Niños. A estos centros médicos se suma el Banco de Sangre y el nuevo nosocomio de Montero que, próximamente, estará en operaciones.

Ayer, desde la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) anunciaron la conformación de un “comité de crisis” para evaluar el estado en el que están todos los hospitales, tanto los de primer y segundo nivel, administrados por la Alcaldía, y los centros de tercer nivel que están a cargo de la Gobernación. “Pero, la auditoría que se ejecuta desde la Gobernación será para los hospitales de tercer nivel y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y estamos atentos si nos convocan”, explicó Evert Patiño, portavoz de Fesirmes.

Pacheco, quien fue secretario de Salud en el gabinete del gobernador Luis Fernando Camacho, es investigado por un audio en el que se le escucha pedir cuentas a uno de sus allegados por supuestas adquisiciones. El exfuncionario, quien dejó el cargo, tres días antes del escándalo llamado ‘narco-audios’, no negó la autenticidad del registro y lo atribuyó a gente “malintencionada”. Reconoció que tiene empresas vinculadas con la provisión de insumos médicos. “Vos me tenías que traer aquí Bs 50.000 o 40.000, no puedes traer, claro, y si me traes Bs 20.000 me tienes que justificar. No me puede decir la empresa que le vendió barbijos no tuvo llegada, 80.000 empresas venden barbijos”, se escucha en ese audio. 

Así también, Pacheco se dirige a una persona de nombre ‘Diego’ a quien le pide que reporte los cobros de las compras menores en coordinación con ‘Richard’. Habla de las adquisiciones ‘Anpec’, una modalidad de contratación que se aplica a operaciones que superan los Bs 50.000 y que requiere licitación. “Eso sí lo vamos a manejar nosotros, lo vamos a direccionar a qué empresas les vamos a comprar los respiradores”, se escucha.

Tras hacerse público este indicio de corrupción, la Gobernación denunció a Pacheco bajo cargos vinculados con una presunta coima. La Fiscalía llamó a Pacheco, pero el exsecretario huyó sin presentar sus descargos. Sucedió el 8 de septiembre y, desde entonces, se ejecutaron al menos 20 acciones legales para esclarecer los hechos y dar con el exsecretario.

Vladimir Peña, quien fue secretario de Gobierno en la gestión de Rubén Costas, cree que existe “una red de corrupción” al interior de la Gobernación con cuotas de poder a las que pudieron haber accedido dirigentes del Colegio Médico. “Camacho designa a todos los gerentes de los hospitales. Esto implica una responsabilidad ejecutiva dado que existe una tuición directa sobre el manejo y la designación de estos funcionarios que tendrá que investigarse para establecer el nivel de involucramiento de cada uno de ellos en esta red de corrupción”, señaló.

Peña también cuestionó la forma en la que actuó la Fiscalía “al ensañarse con la familia y el entorno de Pacheco, antes que seguir la ruta del dinero y las conexiones que se generaron”. Criticó los abusos que se cometieron desde el Ministerio Público.

El fiscal asignado, Alexander Mendoza, ayer evitó referirse al caso a pesar de la insistencia de los periodistas. “Estamos avanzando en la investigación, les pediría que nos dejen trabajar”, señaló la autoridad.

El director del Sedes, Erwin Viruez, fue una de las primeras personas convocadas a declarar en el Ministerio Público. Explicó que su despacho no está a cargo de las contrataciones. “Estamos abiertos a presentarnos las veces que así sea necesario”, puntualizó.

“Repudiamos todo acto de corrupción, venga de donde venga, y no lo permitimos. Por eso no vamos a defender lo indefendible”, puntualizó Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz. Aseguró que su relación con la Gobernación “es institucional y no política”.

El senador Henry Montero (Creemos) negó cualquier tipo de “cuoteo”. “El accionar del Colegio Médico siempre ha sido transparente y no está para defender a un partido político”, remarcó al cuestionar la forma en la que Fiscalía encaró esta investigación.

Fernando Pacheco se presentó a declarar a la Fiscalía la pasada semana, pero luego huyó sin presentar descargos ante los cargos en su contra

DENUNCIA
Pacheco es un reconocido médico y es cercano al gobernador Camacho. Está siendo procesado por tres delitos y huyó antes de presentar sus descargos.

RED
Desde que estalló el escándalo, el MAS apuntó al gobernador. La Fiscalía aún no convocó ni reveló el nombre de las empresas que están afectadas por las “coimas”.

PESQUISA
Advierten que el caso se puede “diluir” si se mantiene la actual estrategia del Ministerio Público, pues aún no se han revelado las afectaciones de los delitos.

ABUSOS
La madre de Pacheco fue ingresada en una clínica privada tras sufrir una descompensación. Antes le había reclamado a la Gobernación por este caso.