Pacto Fiscal, pacto federal
Etimológicamente, la palabra federal proviene del latín foedus o foederis que significa pacto. El Pacto Fiscal está normado en la La Ley Marco de Autonomías y Descentralización y ponía como plazo máximo para la presentación de una propuesta consensuada: “6 meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo”, el cual se realizó el año 2012.
En 2013 presenté el libro Descentralización y Pacto Fiscal en Bolivia que concluye con una propuesta específica de distribución de recursos: “50-50”. Esta propuesta se basa en teorías de federalismo fiscal y en el proceso dialéctico e irreversible del federalismo en Bolivia.
Con la exitosa experiencia municipal, positiva y comprobada en cuanto a distribución de recursos de la Ley de Participación Popular, el próximo paso del proceso es descentralizar más los recursos, haciendo copartícipes a los gobiernos departamentales, dejando de depender del rentismo y de factores externos que influyen en el pago de las regalías departamentales. Sobre la base histórica de la población migrante en Bolivia, propuse que la coparticipación para las 9 gobernaciones sea del 15%.
Esto sumado al 10% de un Fondo de Compensación a ser distribuido a los departamentos y municipios más pobres; al 20% de los municipios y 5% de las universidades públicas; nos da como resultado la propuesta del Pacto Fiscal 50-50: 50% de los impuestos nacionales (se excluyen regalías e IDH) para las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y 50% para el gobierno central.
El gobierno central-centralista ha evadido la discusión del Pacto Fiscal porque si tenemos un pacto de estas características, que satisfaga y equilibre la balanza entre el centralismo y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), implicaría, de hecho, tener un pacto federal.
Para tener un estado federalizado, éste debe estar conformado por estados federales con la misma o parecida composición en cuanto a sus poderes.
Al tener conformados en Bolivia los Gobiernos Departamentales Autónomos con poderes ejecutivo y legislativo constituidos, sumados a la tradición pre-republicana con las Intendencias de la Real Audiencia de Charcas como génesis de los actuales departamentos, tendríamos las bases de un estado federal. En la historia republicana, el federalismo ha estado presente en muchos episodios: el movimiento federalista cruceño liderado por Andrés Ibáñez que creó un estado federal en Santa Cruz; la Revolución de los Domingos en Santa Cruz que creó un estado federal y llegó incluso a tener su propia moneda; la Guerra Federal que en realidad fue una guerra civil por el poder político que utilizó al federalismo como propuesta inicial; el referéndum por la descentralización de 1931; la Ley Busch del pago de las regalías hidrocarburíferas a los departamentos productores y sus posteriores luchas cívicas por su pago; la ‘constitucionalización’ de los Gobiernos Departamentales en la Constitución de 1967; y de los Gobiernos Departamentales Autónomos en la Constitución de 2009.
Todo esto configura una historia que tiende, inevitablemente, al federalismo. Si a eso le sumamos el Pacto Fiscal, sumado a una mayor autonomía de los Tribunales Departamentales de Justicia, estaríamos dando la fuerza necesaria para terminar de configurar la República Federal de Bolivia.
