Palos a las ruedas
El gobierno de Luis Arce ha dictado un conjunto de medidas que van no solo en contra del sector privado y la imprescindible reactivación económica pospandemia, sino también parece decidido a bloquear la iniciativa privada. El presidente abrogó los decretos que permitían los ensayos de cinco cultivos transgénicos, y tenía previsto regular (con la intención de disminuir primero y prohibir después) la comercialización de carne mediante certificados de abastecimiento. Estas medidas se suman a la prohibición de las exportaciones de soya, azúcar, maíz y otros productos agrícolas.
Las medidas económicas han merecido el rechazo generalizado de los agropecuarios y ganaderos, y han sido calificadas como un retroceso para el sector productivo del país. Las medidas impiden que miles de productores bolivianos accedan a la tecnología y los adelantos científicos para mejorar la producción y disminuir los riesgos de pérdida por efectos climáticos como la sequía, y el ataque agresivo de plagas.
Mientras los productores necesitan mejorar y proteger la productividad de los cultivos y, por tanto, el uso de biotecnología como una herramienta que el sector requiere implementar para afrontar los cambios climáticos, las plagas e incluso malezas, el gobierno se encarga, con este tipo de medidas, de poner palos a las ruedas y poco le falta sugerir que volvamos al arado y que la siembra y cosecha se realicen a mano.
También existe un anteproyecto de ley, que busca regular el uso del suelo, manejo, conservación, protección y recuperación de suelos deteriorados y degradados en áreas de vocación productivas y áreas estratégicas de producción del país, con la finalidad -dicen- de mejorar la capacidad productiva del uso de suelos para garantizar la seguridad alimenticia. Sin embargo, este anteproyecto legal ignora a los pueblos indígenas no obstante que para ellos el territorio (y todo el suelo) está íntimamente vinculado a la definición de pueblos indígenas, y constituye un elemento fundamental para su propia existencia y supervivencia.
En realidad, nadie en su sano juicio podría oponerse a la conservación y protección del suelo, pero esta idea más parece una medida política que busca generar inseguridad jurídica en el campo, por cuanto atenta contra la propiedad privada y la iniciativa del sector productivo del país, especialmente del oriente boliviano donde se produce el 70% de ciento de la seguridad alimentaria, al margen de toda esta parafernalia legal que tiene entre manos el gobierno.
La necesidad de buscar la reactivación del aparato productivo y sostener el crecimiento económico resulta poco menos que imposible si el gobierno no apertura la economía y la promociona fuera de nuestras fronteras. Llama la atención que el gobierno no se haya dado cuenta que una economía de subsistencia -como la que ha querido imponer durante todo el gobierno del MAS-, no funciona precisamente porque bloquea “la iniciativa privada y flujos de capitales externos” y así no se puede contrarrestar el bajón o caída de nuestras exportaciones y superar los efectos perversos de la pandemia.
En la era de la globalización ningún país puede estar al margen de los grandes adelantos tecnológicos y científicos y todos apuestan a competir en los principales mercados mundiales. Cuba es el mejor ejemplo en este sentido que no solo ha anunciado la decisión de abrir mayor espacio a la inversión extranjera a objeto de dinamizar el sector productivo y hacer crecer a su debilitada economía, sino que tiene una Guía del Inversionista, con el propósito de brindar ayuda al extranjero que muestre interés por realizar negocios en la Isla.
En toda esta cruzada económica es imprescindible tener también un órgano judicial creíble, independiente e imparcial porque finalmente en sus manos está la mentada seguridad jurídica. Sin embargo, los indicadores, en este sentido, son preocupantes si se toma en cuenta los altísimos niveles de retardación de justicia, cerca del 90%, la falta de credibilidad, los niveles de corrupción y la obsolescencia del sistema en su conjunto. Urge entonces que el gobierno cambie sus medidas económicas y ofrezca certidumbre y genere confianza tanto entre los bolivianos como en los mercados internacionales.
