Para cocaleros, el ministro traba el diálogo; Del Castillo pide que frenen la violencia

Los cocaleros movilizados, a la cabeza de Freddy Machicado, consideran que la actitud del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, al referirse a los productores de coca como “delincuentes” traba el diálogo con el presidente Luis Arce y “empeora” la situación con detenciones “injustas” que vulneran los derechos humanos. Mientras, legisladores de la oposición observaron que se aplica de manera desigual la ley sobre el uso de dinamita.

“La actitud del ministro de Gobierno prácticamente nos aleja más (del diálogo). Yo creo que el ministro ha llegado muy lejos ya, entonces por esa razón nosotros vamos a tomar medidas. Él nos está tratando de minimizar y ningunear. Estamos exigiendo nuestros derechos y recordarle a usted que estaba en las calles portando petardos y otros objetos a una petición que creía justa”, increpó Machicado a Del Castillo.

Sin embargo, el ministro aseguró que desde el Ministerio de Gobierno harán “todos los esfuerzos” para que ese diálogo se lleve a cabo y también continuarán trabajando para evitar que se atente contra la integridad de las personas.

La autoridad acotó que los encuentros deben ser “sin condiciones y en búsqueda de soluciones”. Insistió que el asunto es privado y deben resolverlo los productores.

La molestia contra el ministro surgió porque ayer presentó a los 24 cocaleros aprehendidos, durante las protestas en Villa Fátima, como “vándalos” con supuestos vínculos internacionales de una organización criminal. 

En la conferencia de prensa, Del Castillo negó que la Policía resguarde el mercado “ilegal” instaurado por Arnold Alanes y defendió el “uso proporcional de la fuerza”. 

Las aprehensiones desembocaron en una marcha hacia la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz. Los dirigentes pidieron la liberación de sus compañeros de quienes se desconoce su situación ya que habrían sido trasladados a dependencias policiales de la ciudad de El Alto. La Defensoría del Pueblo dijo que al menos 11 personas fueron golpeadas por la Policía.

El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, realizó un verificativo en la Felcc y no pudo obtener información de los aprehendidos. La defensa de los cocaleros anunció que presentarán una querella contra Alanes, el ministro Del Castillo y el jefe de Estado por vulneración de derechos. No descartan llegar a instancias internacionales.

Mientras, German Paño Condori, Teodoro Barrera Nina y Daniel Condorena Ortega, tres campesinos aprehendidos el lunes, tienen detención domiciliaria y deben presentar garantes.

En tanto, el parlamentario opositor Alberto Astoga (CC) cuestionó que hay una aplicación “desigual” de la ley sobre el uso de explosivos. “Esta ley no aplica para todos y solo la usan para perseguir a la oposición. Pero a la gente del MAS se les permite que usen dinamita de manera indiscriminada y puedan usar en cualquier movilización”, afirmó.

El presidente de Adepcoca, incluso, le recordó a Del Castillo que en 2019 él usó material explosivo durante las protestas.

Ataques
Los ataques entre cocaleros pasaron las esferas políticas. Mientas el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes, acusa a los cívicos cruceños de financiar las protestas de Machicado. La oposición cuestiona el rol del partido oficialista que defiende el mercado ilegal. 

Al respecto, Evo Morales negó que exista intromisión desde Chapare sobre el conflicto yungueño. “Repudiamos la campaña de mentiras de operadores políticos que intentan involucrarnos en el conflicto de hermanos productores de coca de Yungas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el Conade y los gremiales de El Alto respaldan a los cocaleros de Yungas y piden el cierre del punto de venta “ilegal”.

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