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18 de junio de 2024, 4:00 AM
18 de junio de 2024, 4:00 AM

Ayer comenzó un paro de actividades médicas de 96 horas, lo que equivale a cuatro días, la protesta de los galenos tiene como directos afectados a miles de pacientes que buscan asistencia de salud en hospitales y centros de salud del sistema público. La medida afecta fundamentalmente a personas de escasos recursos y provoca un alto costo social.
Los médicos demandan la modificación del proyecto de ley 035, que establece la necesidad de evaluar a los trabajadores de 65 años para definir su continuidad laboral o su jubilación, lo que para los médicos es igual a forzarlos a retirarse al servicio pasivo desde esa edad. La protesta comenzó hace ya varios meses y se llegó al inicio de una mesa de diálogo que no ha tenido mucho avance, lo que habla mal del interés legislativo de resolver el problema que termina afectando a los pacientes.
Desde hace varios meses, los médicos han venido realizando paros de actividades en este su reclamo. Ellos argumentan que su formación demanda muchos años y que la jubilación solo les reconoce una fracción de los honorarios que perciben en su vida laboral activa. Si bien esos argumentos se corresponden con la realidad, no deja de ser lacerante encontrar que los enfermos son los que pagan ante la falta de respuesta al reclamo.
En el sistema de salud pública que hay en el país, los pacientes deben esperar días, semanas y hasta meses para que les programen cirugías, estudios médicos o consultas con especialistas. Cuando se declara un paro médico, estas agendas se interrumpen y los enfermos quedan en foja cero, debiendo buscar nuevamente una cita para cualquiera de los servicios mencionados anteriormente. Por ejemplo, un paciente con diabetes tendrá que esperar la reprogramación para acudir a un control con el endocrinólogo y, por tanto, aguardar aún más para que le realicen los análisis de laboratorio que requiere para saber que su dolencia está controlada. Ni qué decir de situaciones de mayor gravedad como cáncer o insuficiencia renal.
¿Quién responde a los pacientes por estas falencias? Es ahí donde cabe la pregunta de si es bueno buscar la modificación de una norma que beneficia a un sector a costa de afectar la salud y hasta la vida de los pacientes agobiados por enfermedades. ¿Dónde está el bien mayor?
Cuando hay paro médico o de trabajadores de salud se anuncia que funcionarán los servicios de emergencia y que estos serán reforzados. Sin embargo, nada alcanza cuando los pacientes, agobiados por el dolor físico, saturan las salas de urgencia, mientras el personal de turno no abastece para dar atención y alivio para quien busca los servicios.
La demanda de modificación de un artículo del proyecto de ley en cuestión tiene larga data, varios meses de protestas y paros que se van sumando. Hay que entender que la falta de solución refleja la indolencia de los legisladores y de los mismos médicos que, en cumplimiento de su vocación de servicio, podrían buscar una manera de presionar que no afecte a quienes precisan de su atención.
Ya es precario el sistema de salud. Los paros agravan el problema. Y, en este caso, es censurable que se declare una huelga de cuatro días que empalma con un feriado, dejando en desatención a los pacientes más pobres del país por toda una semana. Ojalá los galenos reflexionen y los legisladores resuelvan. Es lo menos que se espera en tan dramática situación.

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