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27 de octubre de 2022, 4:00 AM
27 de octubre de 2022, 4:00 AM

Por Ilya Fortún, comunicador social

Si no entendemos lo siguiente, estamos todos mal: el censo no fue, no es, ni será una causa exclusivamente cruceña. El censo es una causa nacional que Santa Cruz, con gran dosis de consecuencia y coraje, ha irradiado al resto del país.

Hoy han quedado mal parados los vivillos que guardaron silencio o, peor aún, se acomodaron a la postura masista, más interesados en sus cálculos regionales o en sus intereses políticos, que en la democracia y en el bien común. Tendemos a olvidarnos muy rapidito de las cosas, y por eso es bueno recordar que hace poquito, cuando al día siguiente de afirmar que todo estaba prácticamente listo para realizar el censo en noviembre de este año, el Gobierno decidió postergarlo hasta el 2024; muchos se quedaron calladitos y otros tantos terminaron apoyando al Gobierno, calculando que con eso podían ganar un par de curules, un par de pesos en el presupuesto, o un par de indulgencias con el Gobierno.

El Gobierno se confió en que su treta con el censo iba a funcionar porque esa mirada corta y miope terminaría imponiéndose y por consiguiente aislando a Santa Cruz en su demanda de un censo oportuno. Pero no fue así, la tenacidad cruceña y la conciencia democrática de la mayoría del país prevalecieron, convirtiendo al censo en una causa nacional.

El censo es una causa nacional porque es imprescindible para preservar lo poco que queda de democracia en Bolivia. Permitir que el censo se haga el 2024 es aceptar llegar a las elecciones de 2025 con la actual jurisdicción y padrón electoral y con un voto rural que vale el doble que uno urbano. Permitir que el censo se aplace a antojo del MAS hasta el 2024, es sencillamente avalar el primer paso para otro fraude, más grosero que el del 2019.

En esa dimensión, la disputa por el censo está también mucho más allá de las urgencias políticas de los extremos políticos, que hoy representan a muchísima menos gente de lo que representaban hace un par de años. Me estoy refiriendo, con nombre y apellido, a Luis Fernando Camacho y a #fraudevo Morales, quienes parecen estar más interesados en el desastre que en la solución, el uno para contrarrestar los malos resultados de gestión, las denuncias de corrupción que se acumulan y para intentar recuperar su rol en el 2019, y el otro para debilitar a su propio Gobierno, temerario, irresponsable y mentiroso como siempre, pero por lo menos consciente de que debe perforar el Gobierno de Arce si quiere tener alguna chance de ser candidato el 2025.

Tengo la impresión de que el Gobierno estaba realmente interesado en resolver cuanto antes el problema, atendiendo justamente a la posibilidad de que el conflicto se masifique y se desborde, y a sabiendas de que, tarde o temprano, tendrá que claudicar y que, si cede antes, todavía podía apostar a vender la imagen de un presidente estadista que actúa con madurez más allá de las coyunturas políticas. Lamentablemente, parece haberse impuesto la línea dura de #fraudevo con la absurda e inexplicable decisión de aplazar el escenario de posible solución hasta el viernes.

Dadas estas demenciales circunstancias en las que el Gobierno, ingenuamente, intentará asfixiar a Santa Cruz con un absurdo cerco, el país en su conjunto debe tomar decisiones firmes, siempre dentro del marco democrático y pacífico. Las causas nacionales se defienden con medidas de orden nacional, y es por eso que las instancias pertinentes en cada departamento, deben coordinar la inmediata convocatoria a un paro nacional de 48 horas.

Estamos frente a una nueva y grave amenaza contra el Estado de derecho y por lo tanto debemos asumir medidas contundentes para que el Gobierno entienda que la ciudadanía defenderá a ultranza su libertad y su derecho a vivir en democracia.

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