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12 de diciembre de 2022, 4:00 AM
12 de diciembre de 2022, 4:00 AM

Por Teyo Cochamanidis Garcés, 2.º vicepresidente del Comité pro Santa Cruz

La actual crisis de Perú deja una nueva lección al plano político de la región, especialmente a los gobiernos que gozan de supuesta popularidad y aprovechando esta situación intentan enroscarse en el poder autoritariamente, bajo el manejo doctrinario de los modelos populistas fracasados de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sucedió en nuestro país, en Colombia, Argentina, en Brasil y en el mismo Perú, que ha tenido seis presidentes distintos desde 2016.

La profunda crisis política del país vecino también ha calado hondo en lo moral. Hubo una degradación muy grave del uso del poder por parte del presidente Pedro Castillo y eso ha sido imperdonable para su pueblo e instituciones.

El ahora ex presidente peruano está destituido y preso. Está acusado de un golpe de Estado, detenido por rebelión, y en su lugar asumió la vicepresidenta Dina Boluarte.

En países donde los poderes obedecen a las leyes y no están sometidos a un solo partido político, la Justicia puede primar. En Bolivia, lamentablemente eso no ocurre.

Luego del escandaloso fraude electoral de 2019, comprobado por instituciones y organismos internacionales, los culpables, a la cabeza de Evo Morales, deberían estar respondiendo ante la justicia. Pero la corrupción y el sometimiento están enraizados en cada órgano de nuestro Estado.

A diferencia de los demás países de la región, donde los “pasos en falso” de sus gobernantes autoritarios han sido castigados con todo el rigor de la ley, en el nuestro no sucede lo mismo.

En 2019, Evo Morales y el MAS infringieron la CPE, desobedecieron la voz del pueblo y no respetaron los resultados del referéndum del 21F. Además de eso, gestaron un megafraude que el pueblo boliviano resistió pacíficamente durante 21 días, hasta que Morales renunció y fugó del país junto a sus cómplices.

En un Estado de derecho normal, los gestores de este delito deberían estar purgando condenas; sin embargo, están sueltos, ocupando algunos altas funciones en el Estado, y los otros buscando cómo retomar el poder, a cuesta de su mismo partido político fracturado entre el evismo y el arcerismo.

La detención de Castillo, la reciente condena a Cristina Kirchner y la derrota del referéndum de Álvaro Uribe, sin olvidar el apresamiento de Lula da Silva por corrupción en el 2018, son ejemplos de que esos pasos en falso de los gobernantes tienen un alto costo, y más temprano que tarde… la justicia les llega.

Que sirva de lección a los funcionarios públicos estatales nuestros. ¡No hay poder más grande que la voluntad del pueblo! ¡Lo correcto se impone ante la mentira! ¡Y la verdad siempre sale a la luz!

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