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El conflicto por el control de la comercialización de la hoja de coca crece sin visos de diálogo. Ayer, los dos bandos que se disputan la presidencia de la la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) protagonizaron sendas marchas de protesta que derivaron en acciones de violencia, en la zona donde ambos grupos tienen instalados sus mercados y centros de acopio.

El periodista Cristian Mayta, de FM Bolivia, resultó herido luego de la intervención de la Policía. Poco antes, el comunicador había reportado al menos dos mujeres afectadas por la inhalación de los agentes químicos que usaron las fuerzas del orden para desactivar las protestas, mientras que otros dirigentes denunciaron masivos decomisos de coca en la carretera.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Hernán Romero, confirmó tres heridos y 30 detenidos. “Hemos tenido que usar la fuerza y agentes químicos, también existen detenidos que agredieron a policías y provocaron daños en la propiedad pública”, afirmó.

A mediodía, Armin Lluta, el presidente de la asociación que fue elegido a finales de 2020, comandó un multitudinario cabildo en inmediaciones del mercado de la coca de Villa Fátima, un barrio ubicado al noreste de la capital paceña que se conecta con la avenida que sirve de salida a los Yungas. 

Exigió al Ministerio de Desarrollo Rural la anulación de la Resolución 068 que autorizó “el traslado” del mercado de la coca a un inmueble que es controlado por el grupo de Elena Flores, la dirigente cocalera que es afín al MAS y que cuenta con un aval de la justicia para tomar el control de Adepcoca y por lo tanto de la comercialización de la hoja.

“Quiero decirle a la Elena (Flores) que nosotros no somos un grupo político como ella (...). Nosotros vemos cómo ella sale en fotografías en actos políticos del MAS, siempre está y nosotros no somos así”, dijo en el acto Adela Mamani, vicepresidenta de Adepcoca, mientras que Lluta informó a sus bases que estuvo en la Cámara de Senadores para participar de una convocatoria al diálogo. 

“Ella no se ha presentado”, lamentó. Este intento de acercamiento fue propiciado por el senador Félix Ajpi (MAS), quien es considerado uno de los políticos concertadores del oficialismo.

Luego de los informes de los oradores, los socios de Adepcoca decidieron, por aclamación, cercar el “mercado paralelo” que dirige Flores para presionar a que estas instalaciones sean cerradas. Lluta aseguró, además, que las movilizaciones continuarán hasta que no se liberen a los 30 detenidos que están en la cárcel de San Pedro, así como la anulación del mercado paralelo que funciona en el barrio paceño de Kalajahuira, ubicado a unos dos kilómetros del mercado de Villa Fátima, en la zona que colinda con la carretera que conecta a La Paz con Yungas.

“Además, nuestros afiliados ya no pueden transportar coca, los agentes (antidroga) les quitan su carnet y les decomisan sus taques (cargas de coca)”, afirmó Lluta.

En el otro frente, Elena Flores encabezó una masiva marcha de protesta que llegó hasta el atrio de la Basílica Menor de San Francisco, en el centro histórico paceño. Ante sus seguidores negó cualquier posibilidad de diálogo con Lluta, porque, según dijo, “estaría negociando lo que dice la ley y la ley ya nos ha concedido la presidencia de Adepcoca”. 

También calificó de “traidor” al senador Ajpi porque estaría yendo en contra de las demandas de los sectores sociales que tienen que ver con la libre comercialización de la coca.

“A los senadores los elegimos nosotros, con nuestro voto. Están confundidos llamando al diálogo al otro grupo y les decimos que queremos respeto a la libre comercialización (de coca) y a la resolución ministerial que avala el traslado del mercado”, afirmó Elena Flores ante sus bases.

Cerco y gases

La Ley General de la Coca autoriza dos mercados legales de la coca, uno en Sacaba, para la producción del Trópico de Cochabamba y Villa Fátima, para los Yungas. Kalajahuira, donde se instaló el centro de acopio y comercialización del grupo afin al MAS, precisamente, se encuentra en el área periurbana de Villa Fátima.

El grupo de Elena Flores se replegó a Kalajahuira y las bases de Lluta se organizaron para tender el cerco al inmueble donde opera el llamado “mercado paralelo”. 

Para ese momento, cerca de 300 efectivos de la UTOP, la unidad antidisturbios de la Policía, ya estaba en lugar y evitó que el grupo de Adepcoca del dirigente Lluta se acerque al lugar. Se emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los productores, quienes sembraron de piedras la avenida.

Lluta denunció la detención de 30 de sus compañeros, dos mujeres lesionadas y el periodista. Una de ellas fue socorrida por sus compañeros, de acuerdo con el reporte del periodista Mayta de FM Bolivia, quien también fue lesionado. “Vamos a radicalizar nuestras medidas de presión hasta que el Gobierno atienda este reclamo” afirmó el dirigente, luego de una asamblea de emergencia, celebrada anoche.

Los enfrentamientos y la arremetida policial se desarrollaron entre las 16:00 y las 19:00 de ayer. A las 19:30, la Policía declaró haber tomado control de la situación y, en ese marco, el restablecimiento del tránsito hacia los Yungas.

El fin de semana, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) expresó su preocupación por el conflicto cocalero de La Paz. “El tema de la comercialización (de la coca) es muy importante. Es la hoja de coca y el acceso a los mercados y estamos siguiendo con mucha preocupación estos conflictos”, había señalado el representante de la Unodc Thierry Rostan.

Según el más reciente reporte anual de la Unodc, las fuerzas del orden secuestraron 322 toneladas de coca que estaban siendo desviadas al narcotráfico. La Paz reportó el 71% de esas confiscaciones, seguidas de Cochabamba (11%) y Santa Cruz (10%).

“El grupo que controla Adepcoca es aquel que demuestra tener más grupos de choque. El que no tiene un grupo de choque con dinamitas no puede tomar el control (…). La asociación tiene que tener una mirada empresarial y eso está en manos de los propios socios que son más de 40.000 productores. Se tiene que hacer una reingeniería en Adepcoca”, afirmó Sabino Mendoza, exdirigente de Yungas, quien abogó por el diálogo entre ambas partes.

Consultado sobre esta problemática, el ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, afirmó que el problema de Adepcoca “es un asunto entre organizaciones privadas” y se excusó de hacer mayores comentarios. 

El ministro fue abordado por los periodistas en la inauguración de la erradicación de coca excedente que tuvo lugar en Chimoré, Cochabamba.

Más coca

El presidente Luis Arce reveló la pasada semana que en 2020 se registraron más de 32.000 hectáreas de coca, lo que supone un incremento de 45% de los cultivos ilegales, tomando en cuenta que el límite legal son las 22.000 hectáreas, según la Ley de la Coca.

Los cultivos se extendieron a parques nacionales y zonas protegidas, así como a un área fronteriza con Perú, un aspecto que provocará nuevos operativos.

El senador Leonardo Loza (MAS), quien es un dirigente de los cocaleros del chapare, reveló que su apuesta es producir bananos para la exportación y anticipó la puesta en marcha de una planta para la industrialización del tambaquí, un pez amazónico, que -según dijo- tiene mucha aceptación en varias ciudades.

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