Persecución en marcha contra líderes cruceños
El gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, ya tienen sendos procesos activados en su contra por el ‘fiscalato’ y sus operadores. A los tres se les pretende endosar “varios delitos” supuestamente cometidos durante el paro de 36 días en Santa Cruz por un censo que ofreciera información confiable y oportuna. Un proceso técnico y administrativo que el Gobierno, encargado de su organización a través del ineficiente INE, convirtió en conflicto absurdo.
El anuncio fue realizado por el fiscal General, Juan Lanchipa, a tiempo de indicar que el Ministerio Público admitió -con celeridad sorprendente que no se observa en otros casos- las denuncias contra las autoridades cruceñas que serán citadas a declarar en las fiscalías de La Paz o Santa Cruz donde fueron presentados los cargos por “ciudadanos” no identificados. En el caso de Calvo, Lanchipa no ha reparado en que el líder cívico no puede desplazarse libremente porque guarda detención domiciliaria por un rosario de demandas, como parte de una implacable persecución política.
Casi al mismo tiempo, una diputada del MAS formalizó otra denuncia contra Camacho, Calvo y Cuéllar por un supuesto “saqueo” a gremiales de Barrio Lindo. En este caso, la acusación es por delitos de incitación pública a delinquir, organización criminal, atentado contra bienes públicos y otros. No se quedó atrás la senadora masista que propuso impulsar procesos penales contra el que, furibunda, calificó como “trío maldito” por haber buscado, según ella, convulsionar al país desde Santa Cruz para desestabilizar la gestión del presidente Arce.
Poco después de que el Parlamento aprobara en las cámaras de Diputados y Senadores -tras los sucesivos reveses experimentados por el ‘evismo’ en pugna abierta con el ‘arcismo’- la Ley del censo para que sus resultados permitan la redistribución de recursos y escaños parlamentarios, se ha desatado una cacería feroz contra los conductores del Comité Interinstitucional que encabezó la protesta en Santa Cruz, incluida la convocatoria de dos cabildos masivos que apuntalaron una demanda legítima, y que el Gobierno optó por ignorar desde el momento mismo en que fue planteada.
Cuando Lanchipa asumió en octubre de 2018, fijó como una de sus metas recuperar la credibilidad y la confianza de la sociedad, además de identificar problemas en la investigación penal de delitos, la dilación de los procesos, el abuso de la detención preventiva y la impunidad de hechos graves, entre otros. Pero nada cambió desde entonces. Es por eso que el ‘fiscalato’ a su cargo y sus operadores impulsan la persecución de opositores o de quienes piensan distinto al neo régimen ‘arcista’.
Si hubo violencia durante el paro fue la generada desde el Estado contra Santa Cruz, con participación activa de los ministros de Gobierno y de Obras Públicas como de la propia Policía en alianza con grupos de choque del masismo. Entonces, el oscuro rostro de la violencia asomó durante el cerco salvaje a la ciudad y las marchas punitivas sobre ella, el bloqueo de la refinería de Palmasola y el atentado criminal contra la salud de los cruceños por el cierre del vertedero municipal. Pero como si viviera en otra galaxia, el fiscal Lanchipa no se ha dado por enterado. En realidad, le falta un rasgo de responsabilidad y honestidad funcionaria para referirse y ocuparse, como manda la ley, de hechos luctuosos que, como los descritos, ocurrieron delante de sus propias narices.
