21 de abril de 2021, 5:00 AM
21 de abril de 2021, 5:00 AM


Primero fueron por Jeanine Áñez y dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, quienes están ahora en cárceles detenidos por al menos seis meses con fines investigativos; otros tres, Arturo Murillo, Fernando López y Yerko Núñez, no pudieron ser aprehendidos porque los dos primeros salieron del país y el tercero se esconde en un lugar no determinado.

Ahora parece haber comenzado la segunda parte de la persecución de autoridades del Gobierno de transición. A Elva Pinckert, quien fuera ministra de Medio Ambiente y Aguas, le abrieron dos procesos penales y ella pidió asilo político a Brasil y decidió ponerse a buen recaudo en un país -dijo- donde se respetan sus derechos constitucionales.

Luego fue el turno de la exministra de Salud Eidy Roca, contra quien ordenaron detención domiciliaria, fianza de Bs 70 mil, arraigo, presentación cada viernes ante la Fiscalía y sin derecho al trabajo. A Roca se le acusa por la compra de 324 respiradores chinos con supuesto sobreprecio con las figuras de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Sin embargo, su defensa argumenta que ella no participó en ninguna de las dos fases de la compra de esos equipos, que se produjo antes de que asuma el cargo.

Roca es una persona de la tercera edad, tiene aún secuelas del covid-19 que contrajo, y por su avanzada edad y la enfermedad que padece recibe atención médica en Argentina. Ahora, con la detención domiciliaria y el arraigo le será imposible continuar con ese tratamiento.

El siguiente es José Luis Parada, exministro de Economía del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, quien fue citado a declarar acusado por el ministro de Justicia, Iván Lima, por la presunta comisión de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por el contrato con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder al crédito de $us 346 millones que debieron estar destinados a atender la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19. El Gobierno de Luis Arce decidió devolver ese crédito.

También el exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría fue citado a declarar para responder por el supuesto delito de uso indebido de influencias en el caso de la compra de 170 respiradores españoles. La participación de Santamaría en esa compra consistió, según la acusación, en recibir los respiradores en la ciudad de Santa Cruz.

Otro citado a declarar, en este caso en calidad de testigo, es el exministro de Economía Oscar Ortiz, por la ampliación de la concesión del Registro de Comercio a Fundempresa, en un proceso iniciado también por el ministro Iván Lima contra la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros Abel Martínez y Adhemar Guzmán.

Martínez y Guzmán, quienes eran titulares de Economía Plural y Desarrollo Productivo en el Gobierno de transición, fueron a su vez convocados a declarar.

A días de cumplir los primeros seis meses de gestión, las detenciones y procesos marcan la agenda gubernamental impulsada principalmente desde el Ministerio de Justicia contra autoridades del Gobierno de transición. No son la economía ni la atención a la salud en plena pandemia los asuntos prioritarios de la actual administración, sino la política y persecución de los adversarios.



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