Persecución política y robo electoral recortan libertades

En treinta nueve años de recuperación de la democracia los partidos políticos y en especial de quienes se presentan con el rótulo de revolución populista comunitaria, que en su escalada se arriman en la ignorancia de los sectores más empobrecidos del país, no han conseguido conjugar el verbo amar para desplegar el bienestar e interés social del país.

Los resultados de los comicios de las subnacionales de 7 de marzo, han sido un ejercicio de realidad que vigoriza la moral del patriotismo democrático de la derecha y que penaliza el ensimismamiento de Evo Morales y Luis Arce Catacora en el chantaje del populismo inclusivo con trucos informáticos y traslados masivos que han sobrepasado por la indignación de votantes de la oposición en la psicosis patriótica, de la que Salvador Romero es el estratega intelectual letal de la destrucción del voto universal, libre, igual y controlado, sin importar los 270 millones que importó el fraude.

El MAS ya no representa a sus votantes del 18 de octubre de 2020 (55% obtenido fraudulentamente), porque legítimamente la oposición en menos de cien días de gobierno de Luís Arce Catacora, el electorado responsable y digno le ha arrebatado en las urnas el 70% de gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales; obviamente, más allá de la vergonzosa resolución del Tribunal Supremo Electoral que en grado de apelación y sin derecho a la amplia defensa, decidió en forma -híbrida- validar mesas impugnadas para favorecer injustamente al postulante a alcalde Sergio Leaños del MAS y disponer la repetición de elecciones para concejales, como si la papeletas diseñada por el OEP no fuera única en su diseño legal; decisión que no podría ser calificada de hurto, sino de -robo electoral- al candidato por la alcaldía de Sucre, Horacio Poppe Inch (República 2025); elecciones que se repiten hoy en medio de incertidumbre a vista y paciencia del OEP.

El remedio a la crisis de la Casa Grande del Pueblo y en concreto del Movimiento al Socialismo, resumidos en los camisaquis exiliados en embajadas (Argentina, México), no les quedó que improvisar un paquete de leyes como: La ley de Amnistía e indulto; la Ley de Emergencia Sanitaria; la Reforma reglamentaria de las cámaras de la simple mayoría; la Ley 1315 que canceló todo el sistema sancionatorio contra partidos políticos por faltas graves hasta el 31 de diciembre de 2021 y los rechazos y sobreseimientos en despachos fiscales y juzgados por delitos contra Evo Morales, Luis Arce Catacora, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta, por fraude electoral (20-10-2019 ratificado por la OEA, ONU, UE) y delitos de lesa humanidad sancionados por el Estatuto de Roma, que al estar relacionados con instigación al terrorismo, sistemática desaparición de grupos étnicos, trata y tráfico de personas, delitos sexuales contra menores de edad, genocidio (40 muertos por enfermedad del Covid-19 y falta de oxígeno y tentativas de incendio a las plantas de gas de Senkata y Carrasco); delitos que deben ser investigados por la Fiscal de la Corte Penal Internacional en el marco del Estatuto de Roma, conforme dispone el art. 15.1 y 2 del Estatuto citado.

Por tanto, purgar la situación de la derrota en urnas subnacionales y frenar por vía de persecución, aprehensiones y detenciones arbitrarias, a exmandatarios como Jeanine Añez, exministros; secuestro de familiares de ministros con violencia y altas horas de la noche, implantando un sistema de terror e inseguridad contra la dignidad de los ciudadanos de Bolivia, al extremo de no aplicar decisiones judiciales de jueces probos e imparciales y desobedecer sentencias de tribunales de garantías en Acciones de libertad, configuran el renacimiento del monstruo de la dictadura del Movimiento al Socialismo contenido en su líder en -liquidez- Evo Morales, por sus implicaciones en el fraude monumental de 20 de octubre; la degradación moral institucionalizada con menores de edad; delitos contra la humanidad y desfalco de fondos públicos.

Su beligerancia y resentimiento contra el pueblo de Bolivia inventando el espejismo de golpe de Estado, conspiración y terrorismo en Zencata y Sacaba, es propio de psicópatas, al reaccionar el líder sin silla monástica con el maximalismo de que no hay persecución, sino esclarecimiento de justicia y que la Iglesia Católica con su pronunciamiento del viernes 19 de marzo de 2021, lo que hace es absolver a los autores de las muertes de Senkata y Sacaba, olvidando que el demonio junto al Caifás Juan Ramón Quintana actuaron fuera de la Constitución, desde el 21 de febrero de 2016 al no cumplir con el mandato soberano del Referéndum 21f que le dijo no a la re-re-elección. Bastaron un año y cinco meses al MAS para sepultar la -democracia constitucional- (20 de octubre de 2019 al 7 de marzo de 2021); pero menos tiempo les quedará para enfrentarse ante la Corte Penal Internacional (CPI).

En este escenario dramático que ya ha calado ante los organismos internacionales de Derechos Humanos la denuncia de corporaciones criminales (MAS.IPSP), la política del miedo no es buena compañera; es el único sentimiento humano que nos paraliza; la unidad colectiva de un pueblo, la indignación y el enfado por restituir nuestras libertades nos movilizan hasta hundir al sistema autoritario, tal como enarbolan y accionan los Comités Cívicos, organizaciones ciudadanas, partidos políticos (Creemos, Comunidad Ciudadana, Médicos-Conasa, autoridades electas y ciudadanos en general).

Norberto Bobbio (1986:170), ha mencionado: "El valor de un buen gobierno, en la cultura política y los criterios con los que el buen gobierno se distingue del malo son sobre todo dos: primero, el gobierno para el bien común, que es diferente del gobierno para el bien propio, segundo, el gobierno que se ejerce de acuerdo con las leyes establecidas es diferente del gobierno arbitrario".
Sucre, marzo 21 de marzo de 2021

* Pedro Gareca Perales, Abogado constitucionalista y defensor de DDHH.