8 de diciembre de 2022, 4:00 AM
8 de diciembre de 2022, 4:00 AM

Por algunos minutos, Perú estuvo al borde de la cornisa y su gente vio en peligro el sistema democrático. Acosado por al menos seis denuncias de corrupción, Pedro Castillo pretendió un autogolpe para convertirse en un dictador, ensayando así un régimen autoritario, como otros que hay en el continente, que silencie las evidencias. De esa manera, argumentando que la oposición quería derrocarlo, pretendía borrar de un sablazo las sombras de su Gobierno, aquellas que él mismo fue pintando en un periodo oscuro del vecino país. 

Hace un año y medio, Pedro Castillo, el maestro rural que sorprendió a todos con una victoria en segunda vuelta electoral, se convertía en la esperanza de millones de peruanos que confiaban en que él acabaría con una cadena de presidentes destituidos por corrupción, pero no fue la excepción. Y ahora, a la suma de irregularidades investigadas por la Fiscalía, suma la ruptura del orden constitucional. 

El capital político alcanzado con el respaldo popular fue dilapidado por Castillo. Es acusado de liderar una organización criminal con varios tentáculos en el Poder Ejecutivo, que tienen que ver con la adjudicación de obras para beneficio de particulares (entre los cuales están sus familiares cercanos), ordenar cambios en las FFAA y en la Policía para evitar las indagaciones, entre otras. A ello se suma la ruptura con sus aliados políticos, entre los cuales está, nada más y nada menos, que el partido que lo llevó al poder. 

Al mediodía de Perú, con las manos temblorosas, leyó un documento con la decisión de disolver el Congreso, gobernar por decretos, declarar Estado de sitio y convocar a elecciones legislativas para llamar a una Constituyente. Pero Castillo, el maestro aprendiz de político, se lanzó al vacío porque nadie acompañó su decisión. Ni su partido, ni su vicepresidenta, ni las FFAA, menos la oposición, el Poder Judicial, además de recibir una condena internacional. 

No obstante, en una especie de lealtad ideológica, Bolivia censuró la ruptura del orden constitucional, pero condenó que se pretenda derrocar a Castillo, ignorando que detrás de la censura había denuncias de corrupción sin aclarar.

Haciendo caso omiso de sus disposiciones, el Congreso se reunió y votó por su destitución. A las pocas horas, asumió Dina Boluarte, la vicepresidenta que llegó de la mano de Castillo y que fue ministra de su Gobierno hasta hace una semana, cuando se alejó dejando en evidencia el quiebre entre ambos. 

Ella pidió una pausa política para que los congresistas la dejen gobernar, prometió un proceso de unificación y reivindicó ser la representante de los pobres y los excluidos. Empero, la llegada de la primera mujer al poder no deja tranquilidad a los peruanos, ya que en las filas del Legislativo hay voces que hablan de llamar a nuevas elecciones para sacar a este país de las aguas turbulentas. Nadie se atreve a vaticinar en qué quedará el embrollo y la incertidumbre ensombrece el panorama. 

La crisis política de Perú no es de este momento. Unos cinco presidentes han sido destituidos. No obstante, el Banco Mundial resalta que la macroeconomía es estable. A la suma de irregularidades encontradas en Pedro Castillo, el establishment asentado en el Congreso no ha dejado gobernar con tranquilidad a ningún mandatario en los últimos tiempos. Esto no significa que haya que dejar hacer y dejar pasar la corrupción, pero sí que se necesita una concertación para reconstruir la fe de los peruanos en su clase dirigencial. 

La democracia se salvó de ser pisoteada y la institucionalidad peruana jugó un papel importante. Lo que venga de aquí en más dependerá de la calidad de Gobierno que establezca Dina Boluarte y de la voluntad de reconstruir un sistema que sigue en la cuerda floja.

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