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Pesada herencia judicial

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6 de enero de 2020, 3:00 AM
6 de enero de 2020, 3:00 AM

William Herrera Añez

JURISTA

Los catorce años del gobierno de Evo Morales Ayma, pasarán a la historia no sólo como casi una década y media perdida para la justicia boliviana sino también en donde se judicializaba la política y se politizaba la justicia. A esta conclusión se puede llegar si se toma en cuenta que el sistema judicial estaba literalmente colapsado, erosionado por la corrupción y en medio de un descrédito casi total, y varios casos emblemáticos de persecución judicial.

La “crisis del Poder Judicial” en el fondo, es un reflejo de la fragilidad del Estado, y que pone de manifiesto la profunda insatisfacción de la sociedad con la actuación del Órgano Judicial, así como su creciente déficit de legitimidad que se encargaba de su degradación sistemática. Es cierto que todo este cuadro no puede atribuirse exclusivamente al gobierno de Evo Morales, pero es verdad de que el “proceso de cambio” mantuvo la centenaria organización “colonial”, “centralista” y “presidencialista” del Órgano Ejecutivo. En el gobierno del MAS no imperaba el Estado Constitucional de Derecho, sino la voluntad del ex gobernante, una de las principales causas para que Bolivia sea uno de los países más atrasados, más pobres y con menos perspectivas de crecimiento y desarrollo en el continente.

En este sentido, ¿puede haber un Órgano Judicial independiente, imparcial, honesto, fuerte, eficiente, en este Estado centralista y autoritario? ¿Puede el Órgano Judicial garantizar los derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la propiedad privada, la inversión nacional e internacional y la paz social, etc. cuando tenía un verdadero control político y cerco presupuestario? ¿Puede este Órgano combatir la corrupción, cuando hay jueces, magistrados y personal subalterno que incurren en actos ilícitos? ¿Acaso no tenía que cambiarse el centralismo colonialista, que se “apropio cuerpo y alma” del poder judicial? ¿Acaso las elecciones judiciales y las cumbres no tenían que resolver todos los problemas del sistema judicial?

En un Estado donde todo se concentraba en el Órgano Ejecutivo, no podía haber en principio un Órgano Judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido. De la misma forma el gobierno de Evo Morales había copado la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, y eso le restaba confianza y credibilidad de la ciudadanía. Estas instituciones si hubieran sido realmente independientes, fuertes y sólidas, hubieran luchado contra la corrupción pública, cáncer que siempre ha estado incrustado haciendo “metástasis” en la administración del Estado.

En el Estado “fallido” y decadente que deja el MAS no podía brillar la justicia y aunque la Constitución y los Pactos Internacionales proclamen su independencia estábamos lejos de un Órgano Judicial verdaderamente independiente e imparcial. A la falta de independencia se suma las limitaciones presupuestarias, la falta de institucionalización de la carrera judicial, la persecución o politización de la justicia, etc.

Al gobierno de Evo Morales le convenía, en cambio, un sistema judicial débil, frágil, sometido e intimidado para poder conseguir sus fines políticos como era la reelección indefinida, el control monolítico del aparato estatal y la reproducción del poder político. En cualquier caso, un sistema judicial fuerte, robusto, honesto, eficiente, transparente, etc. sería un freno a su angurria de poder y su inefable correlato: la criminalización de la política.

Hay que recordar que el Órgano Judicial está para combatir y controlar los abusos del poder político o de los particulares; sin embargo, hay casos donde se hacía y se ha hecho exactamente lo contrario: la justicia ha sido el instrumento para abusar del poder. Lo evidente es que sin independencia no habrá imparcialidad y un Órgano Judicial sin éstas garantías básicas, no solo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la Ley de la selva, sino también pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado Constitucional de Derecho.

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