Pese a prometer austeridad, el Gobierno subió en 12% los gastos corrientes para 2021

Tras asumir las riendas del país, el pasado 8 de noviembre, el presidente Luis Arce Catacora anticipó que su administración sería austera. Esa premisa repitió una y otra vez en cada acto público en el que participó en sus primeros dos meses de gestión. Pero los datos del Presupuesto General del Estado (PGE) del 2021, demuestran que el gasto corriente para la administración pública creció un 12% con relación a lo presupuestado en 2020.

La cifra claramente no refleja la promesa gubernamental. De hecho, en el PGE aprobado por la Asamblea Legislativa, la partida de gastos corrientes tiene una asignación de Bs 47.841 millones.

Este monto es superior en Bs 5.128 millones a lo registrado en 2020. Para esa gestión lo asignado fue de Bs 42.713 millones.

Del total del presupuesto para este año, que llega a Bs 228.357 millones, los gastos corrientes representan un 21%.

Incluso, el Gobierno aseguró que achicó el gasto establecido para este año por la administración de la expresidenta Jeanine Áñez, que calculó una asignación de Bs 51.987 millones.

Los gastos corrientes son los recursos que se usan en la administración y operación de la entidad pública, como ser sueldos y jornales. A esto se suman los fondos que se usan para el mantenimiento de edificios, el pago de servicios básicos, transporte, publicidad, y hasta el egreso por consultorías en línea.

También involucran el abono del interés por la deuda pública, transferencias entre entidades para gasto corriente, transferencia a privados (pensión por jubilación, rentas vitalicias) y a organismos internacionales, pago de impuesto, regalías y tasas.

Gobierno austero

Durante la posesión de sus ministros, Arce aseguró que su gestión tendrá como característica el uso prudente de los ingresos del Estado, además, prometió que priorizará la reactivación económica, golpeada por la pandemia.

“Este será un gobierno sumamente austero. Ya estamos viendo los problemas que estamos enfrentando”, dijo el mandatario.

Luego en diciembre, el presidente reveló que su administración determinó hacer un recorte del 30%de los recursos de cada institución pública. La medida, según Arce, reducirá el déficit fiscal del 12,3% al 9,74%.

“Se está haciendo un recorte presupuestario, que oscila entre el 20 y 30% en cada una de las instituciones del sector público que es importante mencionar en el marco de la austeridad”, señaló.

Además, se suprime el presupuesto de las FFAA y Policía destinado a la compra de equipo bélico y represión, que alcanza a Bs 21,8 millones.

El economista Germán Molina ve imposible que actualmente se realice un recorte por dos motivos: el primero, está vinculado a la actual crisis sanitaria que vive el país, y el resto del mundo, por la segunda oleada del coronavirus.

En ese sentido, según el especialista, es poco probable reducir los gastos debido a las exigencias económicas que implica combatir la crisis sanitaria.

Una muestra de lo expuesto por Molina es la demanda de recursos que hacen las autoridades municipales y departamentales de todo el país para la contratación de más personal médico y la compra de insumos sanitarios.

Esto llevó a que, incluso, los diferentes sindicatos de trabajadores de salud y colegios profesionales exijan más ítems y equipos.

El segundo motivo para postergar algún ajuste, según Molina, es la cercanía de las elecciones municipales y departamentales. Una medida como ésta, a decir del experto, en plena efervescencia política caería mal para los candidatos del partido de Gobierno.

“En este momento no existen las condiciones para aplicar medidas ortodoxas. Estamos viviendo una economía de guerra”, dijo.

No obstante, el especialista aseguró que el Gobierno está en una encrucijada porque los ingresos del sector público se redujeron hasta en 40%.

Por ejemplo, las exportaciones del principal producto boliviano: el gas natural, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística se redujeron hasta un 28% en términos de valor. Esta caída se debe a la baja cotización del precio internacional del petróleo.

Pero Molina apuesta a que, tarde o temprano, el Gobierno tendrá que acortar sus gastos, dado que la misma Ley del PGE establece que se hagan recortes de hasta un 30% en la presente gestión.

Esta norma establece que el Ministerio de Economía se encargará de llevar adelante este ajuste en la administración pública. “Esto implicará un recorte de personal”, dijo el analista.

El gasto se disparó

Según datos del Ministerio de Economía, desde 2006, la partida de gastos corrientes comenzó a crecer de forma considerable. En ese año, los recursos destinados para estos compromisos llegaban a Bs 8.091 millones.

En 2010 esta cifra creció a Bs 15.019 millones; es decir, que, en los primeros años del Gobierno del expresidente Evo Morales los recursos asignados para gastos corrientes subieron un 85,63%.

Esta tendencia alcista continuó en los siguientes años. Ya en 2014 estos fondos llegaron a Bs 27.921 millones, un incremento de 86% con relación a 2010.

Para 2019, los recursos para salarios y gastos de funcionamiento del Estado llegaron a Bs 39.968 millones. En 2020, esta cifra subió a Bs 42.713 millones. Para esta gestión, lo asignado llega a Bs 47.841 millones.

Viendo estos datos, se evidencia que entre 2006 y 2021 el Poder Ejecutivo incrementó las asignaciones presupuestarias para el mantenimiento del aparato estatal casi en cinco veces.

En diferentes informes que revisó EL DEBER, el Ministerio de Economía sostiene que este incremento se debe a la creación de nuevos ítems para los sectores de salud y educación.

“Si reducimos este gasto como señalan de manera irresponsable y con ligereza los analistas y ‘opinadores’, significaría afectar la prestación de los servicios fundamentales en beneficio de la población en general”, señala un informe de la cartera de Estado.

Menos inversión pública

René Martínez, economista de la Fundación Jubileo, dijo que es difícil modificar el presupuesto a corto plazo por la crisis sanitaria y económica que vive el país.

Explicó que desde 2015 los ingresos del país fueron bajando, pero pese a ello “la tendencia del partido de Gobierno ha sido mantener el gasto alto”.

Otro dato que observa, es la caída de la inversión pública versus la “expansión del gasto”.

Para este año, el Gobierno registró una inversión pública de $us 4.100 millones, la más baja desde 2014, e inferior a la registra en 2018, cuando el Ejecutivo presupuestó $us 6.210 millones.

Si bien en la actualidad es complicado realizar algún cambio en la asignación presupuestaria para este año, Martínez asegura que “seguir expandiendo el gasto no es sostenible”.

Señaló que durante la época de bonanza económica, las exportaciones de gas natural financiaban esta política expansiva.

Pero ahora la realidad es distinta, y el Poder Ejecutivo, tanto el actual como el anterior, recurrió a la deuda para sostener el gasto.

“Este desequilibrio económico que se va arrastrando desde hace varios años hay que discutirlo y verlo”, sostuvo.

Admitió que en el actual contexto hablar de recortes presupuestario resulta complejo.

No obstante, señaló que “si se quiere tener un presupuesto verdaderamente austero, se debe evaluar la rentabilidad de las empresas estatales que cada año demandan una gran cantidad de recursos”.

“Hay que ver qué empresas están funcionando o no, porque no podemos darnos el lujo de que, en plena crisis, se siga sosteniendo empresas que no funcionan y son deficitarias”, señaló.

Justamente para este año, el Gobierno tiene el objetivo de fortalecer a las empresas públicas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia.

Para esto, incluso, se tiene previsto un fondo de Bs 500 millones para el capital operativo.

En vez de potenciar estas compañías para mejorar los ingresos, Martínez planteó cambiar del sistema de recaudación impositiva porque “es muy antiguo”.

“Lamentablemente durante muchos años se ha postergado esta agenda, porque en su momento no hubo la voluntad política de las autoridades”, dijo.

El especialista Jaime Dunn señaló que lo correcto sería que el gasto se incremente en función a los niveles de inflación o “tratar de reducirlo” porque impacta directamente en el déficit fiscal.

“Lo ideal es que exista mayor inversión que déficit”, afirmó.

El analista observó que durante la gestión del expresidente Morales el Estado se convirtió en un generador de empleos en las empresas públicas y la burocracia.

“Bajo un presupuesto de austeridad estos gastos deben reducirse”, señaló.

En este contexto, el especialista dijo que para subir los ingresos del Estado es necesario que el Gobierno pueda dar mayores facilidades para el sector privado.

Al igual que Martínez, observó la asignación de recursos en las empresas públicas, porque muchas son deficitarias.

“Puede haber austeridad reduciendo el gasto corriente, pero si se incrementa quiere decir que no se están haciendo las cosas como deben ser, porque si quieres austeridad se debe empezar por ajustar el gasto”, afirmó.

Para Dunn, hasta el momento no se han visto señales claras para cambiar el panorama económico. “Todavía soy optimista de que se va a presentar un plan de Gobierno realmente austero con medidas y reformas más profundas”, explicó.

Destino de gasto

Para la gestión 2021 la asignación presupuestaria para gastos en el sector de educación alcanza a Bs 23.770 millones, que representa el 10% con respecto al PGE.

Para el Magisterio, según el Gobierno, se garantizará los recursos para crear ítems. Todo apunta a que el Ejecutivo seguirá con una política expansiva del gasto.

Se envió un cuestionario al Ministerio de Economía para conocer su postura sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición, la entidad estatal no respondió las consultas realizadas.

El Covid-19 generará la mayor deuda de la historia

Los países en todo el mundo han aplicado distintas estrategias para combatir la pandemia del coronavirus, pero casi todos han hecho algo en común: aumentar su gasto público para hacer frente a la mayor crisis sanitaria del planeta, según reporte de la BBC.

En un informe sobre la situación fiscal de la economía mundial publicado en octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que a nivel mundial se han gastado $us 12 billones en “amortiguar el golpe” del Covid-19.

Estas medidas fiscales “han salvado vidas y medios de subsistencia”, resaltó el organismo.

Sin embargo, semejante incremento del gasto público internacional, sumado a la fuerte caída en los ingresos tributarios como consecuencia de la parálisis de la actividad, también ha generado algo inédito.

Ha llevado a que la deuda pública mundial alcance su máximo histórico y por primera vez sea cercano al 100% del Producto Interno Bruto (PIB) internacional.

Dicho de otra forma, ha provocado que por primera vez en la historia la deuda pública global iguale al tamaño de la economía mundial.

No obstante, lejos de lo que podría pensarse, el FMI no aconseja recortar el gasto.