Escucha esta nota aquí

Una batalla dura se ha dado en las últimas semanas entre las agrupaciones y partidos políticos que pugnan por la silla edil del municipio que maneja la mayor cantidad de recursos económicos del país. La última es la del Movimiento Tercer Sistema (MTS), que presentó ayer una demanda ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz pidiendo la cancelación de la personería jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) por haber difundido una encuesta oficial en una cuenta de Facebook a nombre del candidato a la Alcaldía de la capital cruceña, Jhonny Fernández Saucedo.

La denuncia, presentada por Omar Rivera, candidato a la comuna por el MTS, señala que Fernández se debe sancionar en base al artículo 136, inciso III de la Ley 026 del Régimen Electoral que señala que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios”.

El hecho habría ocurrido el viernes 5, cuando un medio de comunicación cruceño publicó una encuesta de la intención de voto de los candidatos a la Gobernación y a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo a la denuncia de Rivera, Fernández habría publicado dicha encuesta en una cuenta a nombre del mismo candidato.

A los pocos minutos de subido el post, éste fue removido y un comunicado señalaba que la cuenta había recibido un “ataque cibernético”, pero, curiosamente, la página fue dada de baja de la red social al poco tiempo.

Horas más tarde, un comunicado de UCS indicaba que las páginas de Facebook registradas en el TED eran UCS Jefatura Nacional y Unidad Cívica Solidaridad 1.

La justificación de Jhonny

“Esto es guerra sucia. Ya estamos acostumbrados y así será las próximas semanas”, fue la primera respuesta de Fernández.

Al consultarle si esa cuenta era suya, el candidato indicó que ésta había sido dada de baja el 20 de enero en el TED cruceño y que, por lo tanto, no estaba registrada como oficial.

¿Entonces, es de UCS? se le volvió a preguntar, a lo que Fernández indicó que nadie del partido la administraba.

Al respecto, el candidato a primer concejal del MTS, Jaime Soliz señaló que la ley debe cumplirse, guste o no.

“Sigue el funcionamiento corrupto de la ley. Esa es su página y que asuma las consecuencias”.

Para el jefe de campaña de Demócratas, Marco Mejía, todos los partidos deben saber respetar las reglas del juego y ser serios.

La elección no es una broma. Hay partidos y candidatos que no tienen la mínima seriedad para respetar las normas electorales”, dijo Mejía.

El candidato a la Alcaldía por C-A, José Gary Áñez fue más duro con su apreciación del tema. “Jhonny Fernández nació mentiroso, es un mentiroso y va a morir siendo mentiroso”.

Áñez cree que Fernández “metió la pata”, porque primero dijeron que la página había sido hackeada y luego señala que no es una cuenta oficial registrada ante el TED.

Sin respuesta

MTS cuenta con otras demandas, una por inhabilitación y otra por anulación de personería jurídica, ambas presentadas contra Santa Cruz Para Todos (SPT) pero, hasta el momento, el ente electoral no ha emitido ninguna resolución al respecto, tomando en cuenta los plazos legales que existen y que ya se habrían cumplido.

La primera demanda corresponde al audio que circuló de la candidata y alcaldesa interina, Angélica Sosa en el que exige a sus secretarios poner sus cargos a disposición porque éstos no estarían cumpliendo su compromiso en las campañas proselitistas de la agrupación.

La otra denuncia sería similar al caso de UCS, pero en este caso, una candidata a concejal de SPT, habría comparado las encuestas internas del frente político con las oficiales que se habían publicado esa semana en los medios de comunicación.

Sobre la demora, Soliz cree que el TED analizará y debatirá todas las denuncias juntas en los próximos días, como sucedió el 27 de enero, cuando se procedió el organismo electoral departamental dio luz verde a Sosa para proseguir como candidata y alcaldesa interina, pero ordenó a SPT quitar las gigantografías con propaganda electoral que utilizaba imágenes de gestiones pasadas.

No es primera vez

La difusión de encuestas electorales, violando las regulaciones que señalan en la Ley del Régimen Electoral, ya ha generado la anulación de la personería jurídica de un partido político.

En marzo de 2015, el TSE resolvió anular la personería de Unidad Demócrata (UD) en Beni, luego que un candidato presentara encuestas ante los medios de comunicación de ese departamento.

La resolución del órgano electoral dejó fuera de las elecciones subnacionales de aquel año a 228 candidatos a concejales, alcaldes y asambleístas en el Beni, entre ellos al postulante a la Gobernación, Ernesto Suárez.

Aquella vez, la agrupación política acusó de que se había cometido la misma falta cuando dos candidatos a concejales del MAS, Javier Silva y Sebastián Michel habían también difundido datos de una encuesta. A diferencia de la decisión del Tribunal Electoral Departamental del Beni, que aceptó la demanda contra UD, el Tribunal de La Paz rechazó el pedido contra Silva.

Un caso más reciente y que demuestra que las sentencias pueden demorar, incluso cuando el candidato ya está en función del cargo es la de Luis Arce Catacora.

El presidente del Estado, cuando era aún candidato, en julio de 2020 comentó en un programa de TV los resultados de encuestas realizadas por su partido. Sus adversarios políticos, en ese entonces, como Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho exigieron que su candidatura sea eliminada.

Hasta la fecha, existe en curso una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por este caso, cuando Arce ya va a cumplir sus primeros 100 días como la máxima autoridad del país. En su momento, antes de las elecciones, el TCP adelantó que no iba a emitir un veredicto sobre la cancelación de la personería jurídica del MAS. Este anuncio fue realizado en septiembre de 2020, es decir, hace cinco meses.

Comentarios