Piden informe al Ministerio de Gobierno por avionetas incautadas y la Policía calla

Luego de revelaciones de que la Unidad de Servicios Aéreos Policiales, USAP, estaría actuando de manera irregular y desplazando a la FAB, autoridades policiales guardan silencio. No se pronunciaron sobre los hechos denunciados, tampoco de los antecedentes contra el jefe de USAP, el mayor José Antonio Beltrán Villegas, tampoco de la imposición del grado de teniente coronel al piloto civil Marco Antonio Sardán Díaz.

En lo que va de la presente gestión, en los hangares 106 y 5052, bajo la dirección del mayor José Antonio Beltrán Villegas, la Policía tiene bajo su control 83 avionetas y tres helicópteros.

De esta cantidad, 66 aparatos corresponden a la intervención del aeródromo La Cruceña, en Cotoca, de las que al menos 25 dieron positivo para cocaína, mientras que las demás salieron negativo pero que todas son parte de un proceso de investigación en el que también son procesadas 38 personas que fueron detenidas. En el 106 en este momento existen al menos 8 avionetas, además de 3 helicópteros, en el 5052 unas 4, el resto, unas 66, permanecen en el aeródromo La Cruceña.

Por su parte el diputado Jairo Guiteras denunció y pidió petición de informe al Ministerio de Gobierno, en torno a las operaciones antinarcóticos que vienen realizando agentes de la Unidad de Servicios Aéreos Policiales (USAP), desde el aeropuerto El Trompillo, desplazando de esas tareas especializadas a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

El parlamentario de Comunidad Ciudadana aseguró que viene realizando una investigación y considera que las acciones que están desarrollando los efectivos policiales son dudosas porque vulneran normas, al tomarse atribuciones que por ley le competen a la Fuerza Aérea Boliviana.

Afirmó que la Policía no solo que pinta de otros colores y matricula de manera irregular avionetas incautadas al narcotráfico, sino que realiza vuelos en acciones contra el tráfico de drogas.

Guiteras, mostró fotografías de tripulantes de avionetas incautadas en el hangar 106 del aeropuerto El Trompillo y también en el 5052.

Manifestó que evidentemente el servicio aéreo de seguridad ciudadana está amparado en la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

El parlamentario aseguró que esta misma ley señala claramente que “se crea el servicio aéreo de seguridad ciudadana, para desarrollar exclusivamente tareas integrales de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana”.

Puntualizó que uno de los artículos claves de la Ley 264 establece que “el manejo y mantenimiento de las aeronaves del Servicio Aéreo de Seguridad, serán efectuados por la Fuerza Aérea Boliviana, costo que será cubierto por el Ministerio de Gobierno”.

En la petición de informe al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el parlamentario hace notar que es irregular que la Policía contrate los servicios de pilotos civiles. Asimismo observó el hecho de que al piloto Marco Antonio Sardán Díaz, se le imponga el grado de teniente coronel, desde enero de este año.

Al mismo tiempo el diputado pide informe al Ministerio de Gobierno, sobre el responsable del USAP y de los hangares 106 y 5052, mayor José Antonio Beltrán Villegas, que registra antecedentes penales por su participación en una balacera con personas heridas en un caso de secuestro de persona y rescate, relacionados al narcotráfico.

Guiteras dejó en claro que las operaciones aéreas en la cooperación al narcotráfico, son de potestad de la FAB. Del mismo modo el repintado de naves y la matriculación le corresponde a la FAB y a la Dirección general de Aeronáutica Civil (DGAC). Desde esta entidad se considera que las únicas instituciones autorizadas para poner matrículas y pintar naves son la propia DGAC y la FAB, a tiempo de corroborar la publicación de este medio en los pasados días.