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6 de septiembre de 2024, 4:00 AM
6 de septiembre de 2024, 4:00 AM

Como se advirtió desde diversos ámbitos, si el gobierno no conducía con transparencia y rigor técnico la realización del Censo de Población y Vivienda, los resultados provocarían rechazo y podrían ser el prolegómeno de una movilización nacional generalizada.

Como en todas sus actuaciones el gobierno no creyó en esa advertencia y así nos encontramos ante las puertas de un nuevo conflicto nacional que se suma a la movilización de diferentes sectores en demanda de decisiones políticas que permitan garantizar el normal suministro de carburantes y y circulación de dólares; normas jubilatorias claras; agilizar la elección trasparente de autoridades del Órgano Judicial Plurinacional y, ahora, del Fiscal General.

Es decir, el gobierno ha tenido la capacidad de crearse frentes de conflicto por todo lado, lo que ahora se agrava con un ingrediente altamente peligroso: la decisión del ex presidente fugado de volver  a candidatear a como dé lugar a la Presidencia en las próximas elecciones, y entre otras medidas ha anunciado una marcha hacia La Paz para presionar al Tribunal Electoral Plurinacional para que lo habilite como tal y, de acuerdo a algunas versiones, buscar el adelanto de elecciones nacionales.

Pero, pareciera que el gobierno no percibe en su real dimensión lo que está sucediendo y sus operadores no solo no entablan negociaciones serias con los sectores movilizados, ante los cuales, más bien, pierden credibilidad porque además de no atender lo que se negocia, incentivan aún más el conflicto.

En ese escenario, y como ciudadano boliviano, mayor de edad, hábil por derecho, nacido en La Paz, de familia cochabambina, casado con cruceña y dos hijos paceños, periodista jubilado que escribe algunas columnas y, sobre todo, ser viejo y memorioso, me sumo a las voces que piden una tregua en el país porque la sucesión de esos acontecimientos provoca mucho miedo respecto al inmediato futuro.

Como periodista, he visto y seguido la caída del general Banzer en 1978 y de los militares que lo sucedieron creyendo que la paciencia del pueblo era ilimitada y que todo se reducía a utilizar la represión y pagar adherentes. Luego, he seguido el desmoronamiento del sistema político organizado en 1982 que en 2006 fue sustituido por el MAS y, a estas alturas, sigo su caída y el final de su frustrado proyecto de poder.

En todos estos procesos se presentan algunas similitudes: la incapacidad de las autoridades de comprender el agotamiento del ciclo que administran; el crecimiento de la protesta popular y la búsqueda de alternativas de solución. La gran diferencia es que en los procesos mencionados había a la vista una propuesta alternativa que iba tomando cuerpo conforme la crisis se profundizaba. Hoy no hay propuestas alternativas ni instrumentos creíbles que logren obtener la confianza ciudadana.

Así, mientras el gobierno ve perdiendo el control de la conducción política, desde la oposición se sigue pensando a cortísimo plazo sin que hayan voces sensatas que permitan abrir espacios de diálogo para poder salir de este laberinto en forma ordenada y, sobre todo, pacífica.

Es por ello que como ciudadano pido, ruego al gobierno y a quienes tienen convocatoria ciudadana y responsabilidad cívica y política establecer una tregua para organizar espacios de diálogo que permitan parar el descontrol y la incertidumbre y abrir el debate político.

El propio censo, tan cuestionado, puede ser un factor que posibilite ese diálogo, así como la buena realización de las elecciones judiciales y ahora la elección del Fiscal General. Si se está a la altura del desafío, esos temas pueden servir para ello, siempre que haya disponibilidad a enfrentar la crisis democráticamente.

Se trata de una oportunidad concreta de reencauzar la vida del país antes de que, más bien, prevalezca la confrontación. Lo demás es irresponsabilidad y todos, no sólo el gobierno, tendremos una cuota parte de culpa si el camino por el desastre se impone.

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