Poderes coactivos y ex gabinete clandestino seducen al Estado

La política a lo largo de toda la historia de la convivencia humana ha sido un instrumento de legitimación de la que David Hume calificó del “Milagro del gobierno de los muchos por los pocos”, que permite ver con facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos, y observar la sumisión impuesta de pasiones y principios.

Es indudable que el poder político, de ser únicamente una fuerza bruta petrificada en órganos del Estado, se ha manifestado más eficaz de capacidad de control en instituciones y servidores públicos que llevan hasta el último rincón esa presencia desafiante del poder coactivo y seductor del Estado. Las leyes y decisiones judiciales son instrumentos que no explican ni argumentan su proceso de Constitución.

La idea de relacionar poder y divinidad se desarrollaba ya en los Faraones egipcios y en los Emperadores romanos y en muchas otras expresiones del poder, legitimados por ese origen e identidad divina.
Para exponer ese poder que todo lo controla, sin importar la vida, la igualdad y la libertad, los regímenes dictatoriales niegan como es lógico la doctrina de Montesquieu, y así ocurrió en la doctrina del Tercer Reich Alemán (Bonnard, 1950,81).

En efecto, el principio de la división de poderes no es un dogma de Derecho natural, pero constituye un principio necesario fundamental de la organización del Estado Constitucional que, para su estabilización democrática y garantía de sus ciudadanos los gobiernos constitucionalmente pueden activar el despliegue racional de la fuerza pública en situaciones extremas (sedición, conspiración, terrorismo, etc.,), con mayor razón si los planes responden a inspiración de exgabinete clandestino.

Cuando surge el Estado Constitucional en la segunda mitad del siglo XVIII, pareciera que un reforzado equilibrio de instituciones fuera a garantizar derechos y libertades, mediante ese mecanismo de pesos y contrapesos de los órganos del Estado, para evitar el abuso del poder a alguno de ellos, como salvaguardia de derechos y libertades. 

De otro lado, en nuestro país en la conformación de los órganos del Estado, se han producido desequilibrios graves: Una Constitución que no necesariamente ha nacido de los constituyentes, sino de una metamorfosis híbrida jurídicamente y en escenarios coaccionados que le restan auténtica legitimidad si fue aprobada al ritmo de un referéndum plebiscitario, similar a las elecciones fraudulentas de 2014 y 2020; otro fenómeno es la hiedra de la corrupción que se ha ido extendiendo en distintos grados que pareciera un contagio incurable; sumado el narcotráfico con estructura de poder político de seis federaciones del trópico que en 14 años se mantuvieron blindados en la producción de la materia prima, y fabricación de la cocaína.

La independencia, la integridad, la imparcialidad de los jueces –la triple I-, como ha llamado Antonio Colomer, entendemos que es la más necesaria para garantizar un verdadero Estado democrático de Derecho y, por ello, para rechazar toda acechanza conspiradora, enmascarados bajo la piel de salvadores carismáticos.

De ahí el peligro de utilizar el espantajo del Enemigo, real o transformado, de cualquier forma, o manifestación –la guerra de pandemia del coronavirus- por citar, para revivir un liderazgo político que quiera escalar hacia la cima excepcional y apocalíptico para perpetuarse nuevamente en el poder, sin un mínimo de límites y controles generando mayores fisuras a la democracia boliviana.

Por ello, a la vez que hay que defender el Estado al servicio del bien común, robustecer los mecanismos de defensa y garantía de los derechos y libertades, potenciar a los Procuradores y Defensores del Pueblo –verdaderamente democráticos e independientes- controladores de las administraciones públicas.

Rescatemos para el conocimiento creativo a todas las personas valiosas, éticas, sin desperdiciar ninguna. Este es el más frecuente y mayor despilfarro, el de nuestra inteligencia colectiva. Asimismo, impidamos con consciencia, disciplina y solidaridad esa agresión brutal del coronavirus de Wuhan, origen, posiblemente de tantas convulsiones del planeta tierra, bienes comunes y las pandemias anteriores.

Así como el apoyo mutuo combina cooperación y competencia, como emulación para mejorar nuestras instituciones, urge poner contención a los que actúan fuera de la ley.

También, como el ordenamiento constitucional boliviano obedece en los sustancial al esquema de la división de poderes, previsto en el art. 12.I de la Constitución (CPE), es necesario que los cuatro poderes se coloquen en esferas diferentes, a fin de que la sociedad viva en un equilibrio estable, lo que supone que no exista unión de los cuatro órganos (como sucedió en los 14 años del MAS-IPSP). En esta perspectiva y como ciudadanos de una comunidad de personas libres, exijamos al Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva en el marco que le confiere el art. 202 de la CPE: la nulidad de la SCP 0084/2017 causante del fraude electoral; las demandas de inconstitucionalidad abstracta de la Ley Nº 1297 (30-04-20), de postergación de elecciones generales y el recurso de nulidad para reencauzar la democracia constitucional.

Finalmente, recordemos a Garner: “La gloria de Montesquieu se debe a que fue el primer autor que hizo de la doctrina de la división de poderes una doctrina de la libertad”.
Sucre, mayo 9 de 2020