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4 de mayo de 2022, 4:00 AM
4 de mayo de 2022, 4:00 AM

Si los llamados a preservar el imperio de la ley y a defender a los ciudadanos de los delincuentes que roban son precisamente los que roban, es que entonces algo muy grande se ha podrido en una institución que, día tras día, da señales de descomposición moral, corrupción y participación en el narcotráfico.

Un extenso reportaje de la televisión chilena ha revelado cómo vehículos robados en Chile eran vendidos en territorio boliviano y que uno de esos motorizados, robado con violencia en ese país, se encontraba nada menos que en Santa Cruz en el domicilio del teniente coronel Raúl Cabezas Pantoja, comandante de la Policía Fronteriza de Uyuni.

Otra camioneta robada en Calama fue mostrada en una playa de venta de motorizados en Yapacaní. En el video se observa cómo el vendedor se pone en contacto supuestamente con el coronel Rolando Téllez, subdirector de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz, a quien le informa de la presencia de ciudadanos chilenos que dicen reclamar la propiedad del vehículo.

La reacción en Bolivia fue inmediata y hasta el momento tuvo tres consecuencias: se aprehendió y destituyó a Raúl Cabezas Pantoja, se destituyó a Rolando Téllez -aunque este último rechaza las acusaciones en su contra y declara su inocencia- y el Gobierno anunció la intervención de Diprove Santa Cruz, así como el cambio de la totalidad de efectivos de esa unidad policial.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lamentó que malos efectivos dañen la imagen de la Policía Nacional, pero dijo que por culpa de algunos efectivos no se puede manchar “a una de las instituciones más importantes que tenemos en el país”.

Hugo Bustos, el investigador chileno que descubrió los autos robados en su país y vendidos en Santa Cruz y que dirige un Grupo de Búsqueda de Vehículos, asegura que el 90 por ciento de los motorizados sustraídos en Chile estarían en manos de policías, aduaneros o algunos políticos bolivianos, y solo el restante 10 por ciento está en poder de gente que los compra como ‘chutos’.

El investigador, que aparece en el video del canal chileno Mega que destapó el escándalo, dice que no es posible realizar el proceso de recuperación a través del Ministerio Público boliviano porque varios coches estarían en posesión de autoridades, las que, asegura, no se van a ‘autodenunciar’.

Es más, en entrevista con Erbol, Bustos dijo que anteriormente él ofreció a la Policía Boliviana trabajar en forma conjunta contra el robo de vehículos, pero que se encontró con el impedimento de que muchos vehículos no estaban en poder de civiles, sino de los mismos policías.

Estamos, salta a la vista, ante un escándalo de grandes proporciones que enloda una vez más a altos jefes de la Policía Nacional, y que debe ser investigada con toda la rigurosidad de un asunto sensible que amenaza, ya no con manchar la imagen de una institución que está bastante pintarrajeada a estas alturas, sino con destruir la poca credibilidad que le queda.

Hace pocas semanas el país estaba impactado por investigaciones que revelaron la participación de los principales jefes policiales de la lucha antidroga precisamente en el narcotráfico que ellos debían combatir. Ahora son jefes policiales contra el robo de vehículos los que aparecen involucrados en el delito que ellos debían enfrentar.

¿Cómo le explicamos a nuestros vecinos y al mundo que en Bolivia se dan estos fenómenos difíciles de comprender? ¿Y cómo le devolvemos a la ciudadanía la confianza perdida en la institución que debía protegerla del delito si es de ellos de quienes hay que cuidarse?

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